Recuerdo a Héctor Orlando Martínez Quinto conocido con el alias de ‘Pana Pachanga’, que participó tanto en la masacre de los 119 civiles en Bojayá, Chocó, Colombia, como también en la decapitación de 47 policías en el municipio de Juradó, Chocó, en 1999, condenado a 36 años de prisión por un juzgado de Quibdó. Este asesino se encontraba en calidad de refugiado en Costa Rica, país que finalmente lo extraditó a Colombia en diciembre de 2006, tras aceptar las pruebas aportadas sobre su participación en la mencionada masacre de Bojayá.

No podemos ovlidar tampoco cuando los NARCO-CARNICEROS DEL CARTEL FARC-EP ULTIMARON VILMENTE A LOS ONCE DIPUTADOS DEL VALLE QUE TENÍAN SECUESTRADOS DESDE ABRIL DE 2002, en el
Valle del Cauca, Colombia, Junio 18 de 2007.

Como se recordará, los narcotraficantes de las FARC secuestraron el 11 de abril de 2002 a doce diputados en la misma sede de la Asamblea del Valle del Cauca. Ingresaron a la Duma simulando la evacuación del edificio ante la supuesta amenaza de una bomba; con ese pretexto desarrollaron con éxito el plagio de los asambleístas Juan Carlos Narváez, Jairo Hoyos, Alberto Quintero, Edison Pérez, Héctor Fabio Arizmendi, Javier Giraldo, Ramiro Echeverri, Rufino Varela, Carlos Charry, Carlos Barragán, Nacianceno Orozco y Sigifredo López. Finalmente, el 18 de junio de 2007, estos capos de la mafia, perturbados por la marihuana y las chifladuras marxistas, el Che y la paranoia, los asesinaron de la manera más cobarde.

Luego, a través de Internet en la página de Anncol, con enorme cinismo anunciaron la “dolorosa” noticia sobre la muerte de los diputados del Valle del Cauca, exceptuando a Sigifredo López, cuyos cadáveres recibieron sus familiares después de la necropsia efectuada por la comisión forense internacional para establecer las circunstancias en que fueron ultimados.

Los diputados del Valle fueron asesinados con 95 disparos de fusil AK–47 dados por la espalda. Los rastros de jabón y crema dental señalan que probablemente fueron despiadadamente masacrados cuando se estaban aseando o se bañaban.

Nojoda…. ¡Qué chifladura la de estos narco-criminales…!

Lean

El Bloque Sur de las FARC-EP informa a la opinión nacional e internacional:

1.- Que a pesar de los evidentes vínculos del gobernador del Caquetá Luis Francisco Cuellar con el paramilitarismo, el objetivo de la retención no era ajusticiarlo, ni hacerle exigencias económicas, sino realizarle un juicio político por corrupto, al haber convertido el dolo y el prevaricato en piedra angular de su Administración, hasta tal punto, que a cada uno de los empleados le descontaba $ 100.000 pesos del sueldo, como condición para preservar el puesto

2.- Este indeseado y trágico desenlace, es consecuencia directa de la orden impartida por Álvaro Uribe a las fuerzas militares del rescate a sangre y fuego. Llama la atención la hipócrita actitud presidencial que primero declara la guerra, luego la intensifica, la amplía, la financia con exorbitantes recursos e incluso la lleva más allá de las fronteras patrias, para luego “derramar lágrimas de cocodrilo”, hacer pantomima y politiquería reeleccionista con el dolor ajeno. Cómo no lloraron ni movieron un dedo cuando el paramilitarismo en asocio con la Brigada Militar de Florencia masacró a millares de caqueteños en los años anteriores?

3.- Ni Colombia ni el mundo deben olvidar que el actual Presidente ha transformado al aparato del Estado en una corrupta maquinaria de guerra paramilitar y contrainsurgente y a cada uno de los mandatarios seccionales gobernadores y alcaldes en piezas claves para desarrollarla y ejecutarla.

4.- Así el reinsertado José Obdulio y su prominente jefe el paramilitar y presidente Álvaro Uribe Vélez persistan en negar la existencia del conflicto, por encima del querer de las mayorías del país que anhelamos la paz, las tragedias se continuarán presentando porque toda guerra es una sucesión de estas.

5.- El Bloque Sur ratifica, a pesar de los hechos infortunados que pueda generar el conflicto en cualquiera de las dos partes enfrentadas, la invariable determinación de su Secretariado sobre: la liberación unilateral del Cabo Moncayo y el soldado Calvo; el canje de prisioneros de guerra; el llamado a una guerra patria contra la invasión gringa a nuestro país propiciada por Uribe Vélez el Caín de América, y la indesmayable lucha de Las FARC por encontrarle una salida política a esta guerra impuesta al pueblo por la clase dominante, a partir del impune hasta hoy, magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán .

Bloque Sur de las FARC-EP
Montañas del Caquetá, diciembre 24 de 2009

” El Gobierno no fue el que secuestró a Luis Francisco. Fueron las Farc y ahora buscan justificar lo que no se puede justificar”, dijo la viuda.

El Gobierno, por medio del Comisionado de Paz Frank Pearl, aseguró que las Farc “pretenden justificar con palabras absurdas un crimen absurdo e injustificable”.
Señaló además que el proceso de liberación de los secuestrados Pablo Emilio Moncayo y Daniel Calvo , que según el comunicado la guerrilla se mantiene, nunca se ha suspendido y que el Gobierno está a la espera que las Farc demuestren ese supuesto interés con acciones.

“La traba que hay es que las Farc nos den la información para que pueda darse el operativo de liberación y que acepten el país que se ha propuesto como facilitador. El cuello de botella es que ellos no han dado el visto bueno a la participación de Brasil”, dijo Pearl.

Por su parte, el periodista Carlos Lozano, director del semanario VOZ e integrante de Colombianos por la Paz dijo que “el comunicado no cambia nada de lo que ya se ha dicho. El asesinato del señor gobernador es un hecho repudiable, independientemente de las situaciones se quieren esgrimir como pretexto”.

Pero una de los pronunciamientos más duros provino del Polo Democrático. El presidente de ese partido político, el senador Jaime Dussán, afirmo que “las Farc no son jueces sino asesinos”. “¿Quién dijo que tenían derecho a aplicar la justicia por sus propias manos? Son asesinos y terroristas y lo que tenemos es que combatirlos”, cuestionó Dussán.
Y agregó: “Si no hay proceso de paz, hay que acabar los violentos con la guerra. Eso no es con vasos de agua tibia. ¿O Uribe es bufón con Chávez y cobardón con la guerra?”

Por su lado, el analista León Valencia calificó el comunicado como “una confesión de un crimen atroz y repudiable”. “Ahí no hay disculpa. ¿Qué disculpa pueden dar de eso? –cuestionó el director de la Fundación Nuevo Arco ris– No tiene ninguna forma de disculparse, es un hecho atroz. Además, si le iban a hacer un juicio político, ¿en qué iba a derivar ese juicio? En lo mismo. ¿Hacia dónde lo llevaban? a matarlo, porque las acusaciones publicas eran de corrupción y paramilitarismo. Me parece cínico.
El candidato presidencial y jefe del Partido Liberal, Rafael Pardo, dijo que lo dicho por las Farc “es un reconocimiento inexcusable a un crimen de lesa humanidad que no tiene justificación”.
Aseguró que las Farc “son las únicas responsables de ese asesinato ante la justicia nacional e internacional”, les pidió que “dejen de jugar con el tema de las liberaciones” y enfatizó que “los secuestrados deben ser entregados todos de manera inmediata”.
Otras reacciones
Marta Lucía Ramírez, ex ministra de Defensa, opinó: “Ni más faltaba que ahora los pájaros le tiren a las escopetas. La obligación del Gobierno es evitar que a un secuestrado se lo lleven a la selva”.

Calificó la reacción de las Farc como ‘un pretexto’ porque “ellos no son la autoridad judicial para decir si un Gobernador tiene actos de corrupción o no. En Colombia existe un estado de derecho y una justicia que no le tiembla la mano para hacer cumplir la ley. Las Farc no tienen autoridad ni legal, ni moral, ni política para decir eso”.

El analista político Alfredo Rangel también coincidió en calificar como “cínica y absurda” la declaración de las Farc sobre la muerte del Gobernador de Caquetá.
“Los únicos responsables de su muerte son las Farc”, resaltó Rangel, y recordó que el Gobernador fue asesinado “porque se negó a obedecer a sus secuestradores”.
Afirmó que las operaciones militares para dar con el paradero de Francisco Cuéllar se desarrollaron “en un sentido diferente al tomado por los guerrilleros”.
“No hay justificación ni explicación alguna para este asesinato”, subrayó Rangel.
El candidato presidencial y jefe del Partido Liberal, Rafael Pardo, dijo que lo dicho por las Farc “es un reconocimiento inexcusable a un crimen de lesa humanidad que no tiene justificación”.
Aseguró que las Farc “son las únicas responsables de ese asesinato ante la justicia nacional e internacional”, les pidió que “dejen de jugar con el tema de las liberaciones” y enfatizó que “los secuestrados deben ser entregados todos de manera inmediata”.
Andrés Felipe Arias, precandidato conservador a la Presidencia, dijo: “Son unos cínicos, mentirosos, crueles y sádicos porque mientras siguen embaucando de una manera cruel a las familias de los secuestrados con esa permanente amenaza condicionada de la liberación de sus seres queridos, por otro lado fueron ellos quienes secuestraron al gobernador y lo degollaron, y quienes minaron el sitio para evitar la llegada de la Fuerza Pública”.

La también precandidata conservadora, Noemí Sanín, dijo: “el Gobierno y las Fuerzas Armadas cumplieron con el deber constitucional y legal de tratar de recuperar la libertad del Gobernador del Caquetá. Los únicos asesinos y con agravamiento por la forma cobarde e inicua en que lo hicieron son las Farc”.

La Fiscalía de Colombia pedirá la extradición de los directivos de Chiquita, la antigua United Fruit Co. La Justicia acusa a la multinacional de financiar una red que perpetró 11.000 asesinatos

ANTONIO ALBIÑANA – Bogotá – 19/12/2009 08:00

La impunidad que ha presidido la actuación de las multinacionales bananeras en Latinoamérica durante más de un siglo podría llegar a su fin antes de que acabe el año. La United Fruit Company, hoy rebautizada Chiquita Brands Inc., protagonista de golpes de Estado, masacres y apoyo a dictaduras en el subcontinente durante décadas, se sentará en el banquillo de los acusados en Colombia por financiación de una red del paramilitarismo, que ocasionó al menos 11.000 víctimas en la región del Urabá.

La Fiscalía colombiana se dirigió a principio de mes al Director de Asuntos criminales del Departamento de Justicia de EEUU, Thomas Black, para que notificara a los ciudadanos estadounidenses directivos de Chiquita Brands, con sede en Cincinnati, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser y Dorn Robert Wenninger, que están siendo investigados como criminales en Colombia por “concierto para delinquir agravado”. El paso siguiente será en los próximos días la petición de extradición, que podría extenderse a otros 19 miembros de la Junta Directiva de Chiquita, para que respondan por la financiación a los paramilitares colombianos en operaciones dirigidas a la “protección” de la bananera, la ocupación de tierras mediante el desplazamiento forzado y la eliminación de sindicalistas.

La frutera facilitó miles de fusiles y millones de balas a grupos armados

Ya son 127 las familias colombianas que se han personado como víctimas en un proceso que, según declaró a ABC News el experto esta-dounidense en Derecho Internacional Terry Colling Sworth, “es el caso más grande de terrorismo de la historia reciente, con tres veces más víctimas de las que produjo el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York”. Por su parte, la relatora general de la ONU para la independencia judicial, Gabriela de Alburquerque, de visita en Colombia hasta el pasado miércoles, trajo en su agenda la necesidad de hacer justicia sobre Chiquita Brands, con la imprescindible extradición de sus ejecutivos desde EEUU.

“República bananera” ha sido durante décadas la denominación de países, como Honduras, cuyos gobiernos actuaban como títeres de las fruteras estadounidenses y, por extensión, de los países latinoamericanos donde ha reinado la arbitrariedad, la corrupción y la dependencia. En Colombia se cumple en estos días el 81 aniversario de la “matanza de las bananeras” perpetrada por el Ejército colombiano en la estación central de Ciénaga, a las órdenes de la United Fruit Company, cuyo recuerdo constituye un capítulo central en Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez.

Entonces se trataba de acallar las protestas sindicales. Hasta hoy mismo los gerentes bananeros han seguido en la misma línea, financiando a los paramilitares y fomentando el destierro de las familias campesinas para extender los cultivos. La declaraciones voluntarias de los jefes paras, en el marco de la “Ley de Justicia y Paz”, que les garantiza impunidad a cambio de la “verdad” y de una improbable “reparación” a las víctimas, han sido decisivas para desempolvar centenares de causas a las que EEUU y Colombia pretendieron dar carpetazo. Salvatore Mancuso, Raúl Emilio Hasbún, Ever Veloza y Fredy Rendón han detallado pagos millonarios a las Autodefensas Unidas por parte de Chiquita Brands para desplazar a sangre y fuego a los campesinos de sus tierras con la complicidad del Gobierno colombiano hasta hace dos años. Los defensores los de derechos humanos estiman que estas prácticas continúan con el protagonismo de “bandas emergentes”, como las Águilas Negras.

Confesiones de paramilitares
Las confesiones de los jefes históricos de los paramilitares han llegado más lejos. Según las declaraciones a la fiscalía del capo Raúl Emilio Hasbún, los paramilitares recibieron 4.200 fusiles AK-47 y 5 millones de proyectiles procedentes de Bulgaria camuflados en un barco de Chiquita Brands. Además, y mediante soborno a las autoridades aduaneras, la multinacional bananera consiguió establecer un puerto privado en Turbo (región de Antioquia) que también sirvió para actividades de narcotráfico. Las embarcaciones Chiquita Bremen y Chiquita Belgie embarcaron en ese puerto una tonelada y media de coca camuflada entre la fruta en 2001.

Cuando empezaron a conocerse sus actividades delictivas, Chiquita lanzó una estrategia de ingeniería financiera para crear empresas con nombres nuevos y fingir que habían terminado sus operaciones en Colombia. Sin embargo, la fiscal especial para el caso, Alicia Domínguez, considera probado que las empresas Olinsa, Invesmar y Banacol S.A., esta última con sede en las Islas Vírgenes británicas, han seguido pagando a los paras por su “protección”. Concretamente, Olinsa tiene un contrato con Chiquita Brands hasta 2012 y es una tapadera de la multinacional que en realidad nunca ha dejado de actuar en suelo colombiano desde la masacre de 1928, cuando se llamaba United Fruit Company.

Municipio de Granada, Antioquia.- Julio 17 de 2004.-

Los labriegos Ramón Tulio Mejía Sossa de 65 años, su esposa Esther Julia Sossa Salazar de 48 años y su nieto Jeison Andrés Mejía Sossa de cinco años, habían salido de la vereda La María, de Granada a vender sus productos al casco urbano de Santa Ana.

Cuando pasaban por una casa abandonada, Ramón Tulio quiso tomar una cabuya con la que estaba amarrada la puerta de la vivienda, para asegurar la carga de una de las bestias en las que se movilizaban. Al tirar de la cuerda, el agricultor accionó una bomba que le causó la muerte, al igual que a su nieto Jeison Andrés, en tanto que Esther Julia había quedado boca arriba, inmovilizada por las fracturas abiertas en su pierna izquierda y laceraciones en diferentes partes del cuerpo que le impedían caminar. Cerró los ojos…

Cuando hubo silencio, entre el follaje y la humarada se hacían cada vez más visibles unas figuras siniestras… vestían uniformes de camuflaje y brazalete de las Farc. ― ¡Viva nuestra lucha revolucionaria! ― Gritaban alzando las armas con las que se disponían a rematar a los campesinos ― ¡Acabemos con estos sapos! ― Ordenaba el líder tomando una bocanada de lo que parecía ser un tabaco de marihuana.

― Ya están tostados… quedaron apenas para los chulos como los otros…. ― Esbozó uno de ellos con gran alivio para Esther Julia. El delincuente se refería a una casabomba que en el mismo corregimiento había explotado el pasado 23 de noviembre de 2003, donde Luis Ríos, su esposa, Luz María, y una pequeña de siete años habían muerto cuando iban para misa y como estaba lloviendo buscaron refugio en una casa abandonada en la que pretendían cambiarse de ropa.

24 horas permaneció Esther Julia Sossa Salazar, con más dolor por el cobarde crimen que por las heridas, antes de ser auxiliada por el Ejército Colombiano.

THE CAPOS OF THE FARC-EP ARMED CASABOMBA PEASANTS AGAINST WOMEN AND CHILDREN GRANADA, ANTIOQUIA, COLOMBIA.-

Municipality of Granada, Antioquia July 17, 2004.-

The peasants RAMON TULIO MEJÍA SOSSA 65, his wife ESTHER JULIA SALAZAR SOSSA 48 years and his grandson JEISON ANDRES MEJIA SOSSA five years, had left the village of La Maria, from Granada to sell to the town of Santa Ana.

As they passed an abandoned house, Ramon Tulio wanted to take a twine that was tied to the door of the house, to ensure the burden of the beasts in which they mobilized. By pulling the rope, the farmer triggered a bomb that killed him, like his grandson Andrew Jeison, while Esther Julia had been on his back, immobilized by open fractures in his left leg and lacerations to various parts the body that prevented him from walking. He closed his eyes …

When there was silence, between the foliage and kumar were becoming more visible … a sinister figures in camouflage uniforms and bracelet of the FARC. – Viva our revolutionary struggle! – Shouted, raising his arms with which they were about to finish off the peasant – Down with these frogs! – Managing the leader taking a mouthful of what appeared to be a snuff of marijuana.

- They’re toast … to the pimps were just like the others …. – He outlined one of them with great relief to Esther Julia. The offender is referred to a casabomba in the same district that had exploded on 23 November 2003, where Luis Rios, his wife, Luz Maria, and a small seven years had died when they went to Mass and sought refuge as it was raining in an abandoned house in which he sought to change clothes.

Esther spent 24 hours Sossa Julia Salazar, with more pain for the cowardly crime of wounds before being aided by the Colombian military.

Las hipótesis detrás del asesinato del Gobernador del Caquetá

(…) El Caquetá ha sido la cuna y principal refugio de las Farc, pero entre 2001 y 2006, hombres del Bloque Central Bolívar (BCB) de los paramilitares se asentaron en varios municipios del sur de Caquetá como Florencia, Morelia, Albania, Curillo, Valparaíso y Solita, con el fin de controlar el negocio del narcotráfico. Y desde su llegada comenzaron a hacer alianzas con miembros de la élite política del departamento.

Según lo reveló el portal Verdadabierta.com, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía entregó en junio de este año las primeras evidencias sobre la parapolítica en el Caquetá que comprometen directamente al ex representante a la Cámara Luis Fernando Almario y al ex gobernador Juan Carlos Claros, quien fue sucedido en el cargo por el gobernador asesinado ayer y con quien este último mantenía una rivalidad.

Almario fue llamado a juicio y detenido por la Corte Suprema en febrero de 2008 acusado de ser el determinador del crimen de su principal adversario político en el Caquetá Diego Turbay Cote, su mamá y cinco acompañantes. Pero un juez de descongestión judicial determinó que había fallas en la indagatoria y dictaminó su libertad provisional, mientras se le llamaba nuevamente a rendir indagatoria.

Verdadabierta.com explica que uno de los ex jefes políticos del frente Héroes de Andaquíes aseguró, en versión libre el 17 de marzo de 2009, que Almario se reunió con alias ‘Chiqui’ en un apartamento en Bogotá para pactar la colaboración de las autodefensas con su ahijado político, Juan Carlos Claros, para las elecciones a la Gobernación del Caquetá en 2004. A cambio de entregarles parte del presupuesto de la Gobernación, ‘Chiqui’ habría entregado a Claros 20 millones de pesos para su campaña y se habría comprometido a intimidar a la población para que votara por él.

“Según este ex jefe paramilitar que está colaborando con la justicia, dijo que la presión se hizo más fuerte en el municipio de Morelia, también en veredas como La Liberia, Fuente Hermosa, Puerto México, y la Rochela en el corregimiento de Bolivia donde Luis Francisco Cuéllar, candidato opositor de Claros para las elecciones, tenía gran acogida”, continúa el portal. Finalmente, Claros venció en las elecciones a Cuéllar.

La segunda mención que relaciona a Claros con el gobernador Luis Francisco Cuéllar es de otro desmovilizado del Bloque Héroes de los Andaquíes, quien confesó en versión libre el 12 de junio de 2009 que alias ‘Quini’ y ‘Tiberio’ dejaron 300 uniformes camuflados en una finca del gobernador Cuéllar en octubre de 2005. “La idea del crimen, que fue presuntamente ordenado por Juan Carlos Claros, era enlodar el nombre de Cuéllar para que la opinión pública lo relacionara con grupos de autodefensa”, dice Verdadabierta.com.

A comienzos de noviembre, el gobernador Cuéllar rindió versión libre ante la Fiscalía 11 de Bogotá sobre sus presuntos vínculos con las AUC. Él solicitó personalmente ser escuchado después de que el ex jefe paramilitar Luis Alberto Medina Salazar, alias ‘Cristo Malo’ lo acusara de haber financiado la expansión de los paramilitares en el sur del departamento. El gobernador dijo que se trataba de una persecución política y negó todos los cargos. Pero la investigación seguía abierta.

· Si pretendían secuestrarlo, ¿por qué lo mataron?
· Según dicen, era la quinta vez que lo secuestraban y nunca lo mataron, si era un negocio seguro ¿por qué acabar con la gallina de los huevos de oro?
· El asesinato acaba con los canjes humanitarios a los que Uribe siempre se ha opuesto, quid prodest?
· Si se rumoreaba que el gobernador podía ser víctima de un atentado ¿por qué no reforzaron su protección? sólo había un policía custodiando la casa…
· El gobernador era dirigente, aliado o complaciente con los narcoparamilitares terroristas de las AUC, ese tema debería ser al menos mencionado o valorado
· Al parecer, ciertos paras lo estaban extorsionando para no hacer pública su filiación terrorista ¿y si lo han matado por negarse a pagar?
· La zona en la que estaba el gobernador era una de las más seguras del país, no es lógico que un comando de las FARC se metan en un avispero así como así
· A Uribe le hacía falta fortalecer su opción militar, la no negociación, desprestigiar a las FARC, la presencia gringa… todo esto lo ha logrado con el asesinato ¿quid prodest?

No se lo ha ocurrido, no puedo saberlo pero mientras no se conozca nada más, no tengo más remedio que ejercer el beneficio de la duda