Siguiendo la estela de otros países del ALBA, Ecuador ha aprobado, tras 4 años de debate, una ley de medios que pone el punto de mira más en el derecho a la información veraz como un servicio público que en el uso de la propia información como negocio. También como en situaciones anteriores, la ley ha sido duramente criticada por algunos conglomerados privados y por organizaciones de prensa «independientes» porque limita la presencia del sector empresarial a un máximo del 33% del total. En definitiva, la norma establece un reparto de frecuencias de radio y televisión y de  licencias de prensa que concede un 34% para los medios comunitarios, un 33% para el sector público y el mismo porcentaje para el privado. En un momento en que la comunicación se ha convertido más que nunca en un arma de guerra y en cómplice del latrocinio y el expolio a las clases trabajadoras por la gran banca y los mercados, insuflar aire fresco limitando el peso de los poderosos en algo tan vital como la información, es una loable iniciativa que debería emularse en nuestro ultraliberal ámbito europeo.

El enfado del empresariado es monumental. Usando a modo de ariete sus cabeceras, han arremetido contra el gobierno calificando la Ley Orgánica de Comunicación de «ley mordaza» que establecerá la «censura previa» y «eliminará el pensamiento crítico», entre otras lindezas. Incluso Human Right Watch, la ONG de derechos humanos vinculada a la mafia de Miami, se ha lanzado a opinar sobre la misma considerándola un «asalto a la libertad de expresión».

En cierto modo, la reacción de los patronos mediáticos es comprensible, ya que en la actualidad ostentan el 83% de las frecuencias de radio y el el 68% de las televisiones de señal abierta. En un relativamente breve plazo de tiempo tendrán que deshacerse de ellas o les serán revocadas, ya que muchas de ellas fueron irregularmente asignadas.

La Ley entró ayer mismo en vigor, tras ser aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 14 de junio, con el voto a favor de casi el 80% de los parlamentarios del Congreso, cumpliendo así con un mandato de la constitución vigente,  que pedía a la Legislatura aprobar esta ley, entre otras, en un plazo máximo de un año, sustituyendo una ley anterior elaborada en los años setenta bajo una dictadura militar con la que los empresarios parecían sentirse bastante cómodos, como no podía ser de otra manera. Era absolutamente necesario democratizar la información y ese ha sido el principal objetivo de una Ley que tampoco ha gustado mucho al Departamento de Estado de los USA, que no ha dudado en sumarse a las críticas, mostrándose muy preocupado por la posibilidad de dañar “la libertad de prensa” y que se pueda limitar “el ejercicio de los medios independientes” (imagino que se referirá a los dependientes de EEUU, claro).

Entre los contenidos de la ley más destacables están la prohibición de los linchamientos mediáticos y las campañas de acoso a personas e instituciones, la prohibición de la censura previa o la parcialidad reiterada en materias sometidas a investigación judicial, la responsabilidad ulterior por el material publicado, la imposibilidad de la concentración de medios en poder de personas o empresas y la creación del Consejo de Regulación de Medios, que tendrá competencias en materia de acceso a la información, contenidos y franjas horarias, además de la elaboración de informes para la adjudicación de frecuencias, entre otras atribuciones.