Llevamos asistiendo durante la última semana a una serie de agresivos y sistemáticos ataques contra el gobierno de Ecuador y su presidente por la decisión de poner en marcha los proyectos, paralizados durante el último lustro, de explotación petrolera en el Parque Nacional del Yasuní, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO gracias a sus indudables valores patrimoniales ambientales y culturales.

Comoquiera que la mayoría de las informaciones publicadas en nuestro país son falsas o están claramente teledirigidas por ideologías editoriales para dañar los procesos emancipatorios en desarrollo en el estado andino, se hace necesario contextualizar la cuestión y ponerla en perspectiva para evitar caer en la desinformación o, lo que es peor, en la manipulación interesada.

El petróleo amazónico y la prensa

Ecuador no es el único país que explota recursos petroleros en la Amazonía. Es una práctica muy común en todos los países de la región, fácilmente se podría hablar de miles de pozos, aunque esta actividad pase de soslayo por las rotativas y las cabeceras informativas internacionales. El jaleo mediático generado no tiene parangón ni relación con la magnitud de este proyecto. Cualquier persona seria y abierta, como mínimo, debería preguntarse por qué suceden estas cosas y sacar conclusiones de los distintos tratamientos comunicacionales en función del color de la bandera o de las filiaciones gubernamentales.

Pongamos por caso a Perú, tanto por ser limítrofe con Ecuador, como por poseer explotaciones de hidrocarburos en los mismos ambientes naturales amazónicos. La naturaleza no conoce fronteras administrativas, el Parque Nacional Yasuní tiene continuidad geográfica en el Perú con las mismas características ambientales que en Ecuador. Pues bien, del otro lado del Yasuní está el llamado Bloque 67 —un lote petrolero operado por la empresa anglo-francesa Perenco, en pleno desarrollo y con nuevas fases exploratorias con riesgo real de etnocidio— y el Bloque 39, explotado por nuestra querida Repsol con nefastas afecciones sobre los pueblos Aravela, Kichwa y otras etnias indígenas en aislamiento voluntario.

Cualquier persona preocupada por la Amazonía peruana se habrá encontrado en alguna ocasión con los problemas de contaminación del Río Corrientes, muy cercano también a Yasuní, donde se han detectado altas concentraciones de metales pesados (plomo, cadmio, arsénico y metales pesados) en el agua potable y en los tejidos de los peces, donde las labores de descontaminación no han servido prácticamente para nada —dada la magnitud y profusión de los vertidos— básicamente de aguas de producción y de escapes directos de hidrocarburos que causan graves enfermedades y, en ocasiones, la muerte.

¿Qué prensa internacional recoge este tipo de casos? ¿por qué ahora se ceban con Correa? ¿quizá porque ha tratado de dejar de explotar algunos yacimientos de petróleo corresponsabilizando de ello a la comunidad internacional? ¿quizá porque la ha puesto en ridículo por el escaso nivel de apoyo a la propuesta? ¿quizá porque es un grave pecado dejar petróleo en el subsuelo y podría ser un grave ejemplo en caso de que hubiera prosperado la iniciativa? ¿será porque así subiría el precio del petróleo en un momento en que hemos sobrepasado ya el cenit de la producción?

Una iniciativa medianamente fallida

Centremos el caso, vamos a profesar un poco de ingenuo buenismo. Supongamos que el revuelo mediático haya sido provocado solo por poner a Yasuní­ en la picota con un proyecto ilusionante y ejemplarizante: mantener el petróleo amazónico bajo tierra si los donantes internacionales cooperaban aportando para el desarrollo ecuatoriano una parte del dinero que atesoraban esos millones de barriles de crudo. La posterior marcha atrás y la frustración causada seguro que también tiene que ver con la reacción mediática. Correa ha valorado positivamente el que la iniciativa ha contribuido colateralmente a generar conciencia ambiental en su país. El cierre del fideicomiso para el proyecto Yasuní-ITT ( Ishpingo, Tambococha y Tiputini) ha sido el reconocimiento de un enorme fracaso financiero, ha conseguido menos del 1% de lo planteado, aunque sí que ha servido para situar en el mapa ese espacio natural y abrir un debate sobre los valores naturales y etnológicos, el equilibrio entre conservación y desarrollo, así como los derechos de los má desfavorecidos a disponer de los servicios básicos (educación, sanidad, vivienda, agua, alimentación…) asegurados por un estado que cumpla sus funciones de garante de la felicidad, del buen vivir de la ciudadanía y de la igualdad de oportunidades independientemente de donde vivan, ya sea en el medio rural como en la capital.

Es probable que el objetivo final fuese demasiado ambicioso, quizá habría que haberlo combinado de herramientas de crowfunding para permitir captar muchas decenas de miles de pequeños financiadores concienciados de todo el planeta. Pero ya todo es pasado, el plazo ha finalizado con un estrepitoso fracaso económico y las fuerzas reaccionarias están afilando las espadas para hacer daño a Ecuador y a Rafael Correa con el pretexto de un ecologismo sobrevenido que nunca han profesado ni profesarán.

Si los trámites en la Asamblea Nacional se superan positivamente para el proyecto, pero la oposición logra recoger las alrededor de 600.000 firmas necesarias (el 5% del censo), se convocaría una consulta popular —que el presidente ha afirmado que será obviamente vinculante según la legislación vigente— de la que se haría cargo el Consejo Nacional Electoral.

Sin embargo, con el masivo apoyo de que dispone Correa y con las necesidades perentorias que aquejan al país, es muy improbable que el actual gobierno perdiera el pleibiscito y se de marcha atrás en la explotación de los tres campos que contempla el proyecto. Quizá sería conveniente convocarlo incluso en el caso de que la oposición no lograra el objetivo marcado y aun así consiguiera un apoyo significativo del censo. Nada mejor que la democracia participativa para conocer y contar con la opinión popular para acallar voces que se arrogan la representatividad que no tienen. En la prensa española se ha llegado a publicar que hay casi un 93% de la población en contra del proyecto, algo tan increíble como incierto, ya que ese porcentaje se refería al proyecto gubernamental tal y como estaba planteado, sin afectar a la economía del país.

Basta ver la opinión de la mayoría de los alcaldes de la región amazónica para darse cuenta de que la población local espera como agua de mayo que comience la explotación de los pozos, que llegue el dinero necesario para que puedan acometerse las inversiones necesarias en infraestructuras y servicios básicos y vivir con dignidad. Ese es precisamente el quid de la cuestión y la diferencia entre abordar la asunción de los impactos ambientales y sociales en la vieja Europa o en países en vías de desarrollo. Plantear la dualidad excluyente entre conservación o desarrollo, cuando todavía hay muertes producidas por la desnutrición (o malnutrición) porque buena parte de la población de Ecuador carece de agua potable, no es comparable a enfrentar ese dilema por ejemplo en nuestro país, donde aún se mantiene un estado de bienestar universal.

Nuestros gobiernos no tienen la superioridad moral que invocan para oponerse al Plan B de Ecuador hacia Yasuní-ITT. Se pueden mencionar pocos países que hayan dejado de explotar sus recursos naturales estratégicos no renovables en aras de la conservación del medio ambiente. Es más, lo normal es que en el norte estemos agotando o hayamos agotado nuestros recursos y estemos explotando los ajenos mediante políticas coloniales o neocoloniales en otros lugares del mundo. ¿O es que las invasiones de Irak, Afganistán, Siria o Libia no han tenido que ver con la puesta del petróleo a «nuestra» disposición a precio barato? Recientemente hemos sabido que, por ejemplo, España necesitaría tres países como el nuestro para poder abastecerse de lo que realmente consumimos como estado.

No podemos jugar a la hipocresía desde la perspectiva de grandes consumidores de recursos escasos que les son negados a la mayoría de la Humanidad. No tenemos derecho. Tenemos en España depósitos artificiales de gas natural en el subsuelo de emblemáticos parques nacionales, tenemos parques naturales atravesados por decenas de kilómetros de gasoductos aun a pesar de ser un país relativamente rico si comparamos nuestros índices con Ecuador o con cualquier otro estado de Latinoamérica. Si hemos machacado nuestras costas, agotado las pesquerías, inundado nuestros mejores valles o talado buena parte de nuestros bosques… ¿acaso alguien duda de que explotaríamos un pozo de petróleo que nos pudiera proporcionar 20.000 millones de dólares aunque estuviera en el mismísimo corazón de un espacio protegido? Obviamente, tendría enfrente a todo el movimiento ecologista, pero aun así tendría pocas posibilidades de ser paralizado, hay muchos ejemplos de ello.

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¿Es posible un proyecto extractivo respetuoso?

Ecuador no es una república bananera. El ordenamieno jurídico de Ecuador salvaguarda los espacios naturales protegidos —especialmente donde habitan pueblos en aislamiento voluntario— de las actividades extractivas no renovables. Sin embargo, establece salvedades:

“EXCEPCIONALMENTE DICHOS RECURSOS SE PODRÁN EXPLOTAR A PETICIÓN FUNDAMENTADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y PREVIA DECLARATORIA DE INTERÉS NACIONAL POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE, DE ESTIMARLO CONVENIENTE, PODRÁ CONVOCAR A CONSULTA POPULAR”.

Eso es justamente lo que ha sucedido días atrás. Correa firmó el decreto que inicia los trámites para explotar los campos de Yasuní-ITT y ahora la pelota está en el tejado de la Asamblea, para decidir si se continúa adelante con el proyecto. Podría pensarse que es una ley con trampa, con salvaguardas para poder saltarse las garantías ambientales a capricho del presidente y del partido que lo sustenta. Sin embargo, este tipo de recursos normativos no son ajenos en la legislación europea. Podríamos poner muchos ejemplos, pero valga el caso por los paralelismos con la Directiva de Hábitats, que regula las actuaciones en los espacios protegidos de la Red Natura2000. Pues bien, en la garantista Europa encontramos las mismas cláusulas de salvaguarda para no impedir determinados proyectos:

SI, A PESAR DE LAS CONCLUSIONES NEGATIVAS DE LA EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES SOBRE EL LUGAR Y A FALTA DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS, DEBIERA REALIZARSE UN PLAN O PROYECTO POR RAZONES IMPERIOSAS DE INTERÉS PÚBLICO DE PRIMER ORDEN, INCLUIDAS RAZONES DE ÍNDOLE SOCIAL O ECONÓMICA, EL ESTADO MIEMBRO TOMARÁ CUANTAS MEDIDAS COMPENSATORIAS SEAN NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE LA COHERENCIA GLOBAL DE NATURA 2000 QUEDE PROTEGIDA. DICHO ESTADO MIEMBRO INFORMARÁ A LA COMISIÓN DE LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS QUE HAYA ADOPTADO. EN CASO DE QUE EL LUGAR CONSIDERADO ALBERGUE UN TIPO DE HÁBITAT NATURAL Y/O UNA ESPECIE PRIORITARIOS, ÚNICAMENTE SE PODRÁN ALEGAR CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA, O RELATIVAS A CONSECUENCIAS POSITIVAS DE PRIMORDIAL IMPORTANCIA PARA EL MEDIO AMBIENTE, O BIEN, PREVIA CONSULTA A LA COMISIÓN, OTRAS RAZONES IMPERIOSAS DE INTERÉS PÚBLICO DE PRIMER ORDEN.»

Sin embargo, la norma sí que establece un concepto interesante sobre el que convendría ahondar brevemente: las medidas compensatorias. Se entiende que la explotación de Yasuní se realizará, caso de que llegue a término, con las mayores garantías de respeto a los valores naturales y sociales del Parque Nacional, así lo ha afirmado el propio presidente en muchas ocasiones. Resumidamente, parece que las medidas correctoras serían las siguientes:

  • Afección intensiva de menos del 1 por 1.000 de la superficie del Parque Nacional.
  • No permitir la construcción de nuevas carreteras, el transporte de los materiales constructivos se realizaría vía helicóptero o usando los cauces fluviales disponibles.
  • Sistema de perforación de pozos horizontales para minimizar el número y el impacto de plataformas de extracción.
  • Ejecución del proyecto a cargo de la empresa pública estatal Petroamazonas, para asegurar que se primen las garantías ambientales y sociales frente a las puramente económicas.
  • Soterramiento de las tuberías de evacuación.
  • Gestión de agua y petróleo en circuitos cerrados.
  • No afección de las zonas declaradas como «intangibles» porque en ellas viven pueblos en aislamiento voluntario.
  • Uso de la mejor tecnología disponible para evitar los impactos ambientales.

Como es obvio que, a pesar de todo, existirán impactos ambientales severos que no podrán corregirse, además de este paquete de actuaciones ambietales directas, se establece el concepto de medida compensatoria para equilibrar los daños causados al medio con una serie de mejoras en los ecosistemas del espacio protegido logradas a base de la inyección de capital para tareas de investigación, de reforestaciones, de creación de infraestructuras para el ecodesarrollo… o de infraestructuras ambientales que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la zonas afectadas y su entorno.

Es justamente en este conjunto de medidas compensatorias de índole social donde Ecuador destaca sobremanera de la praxis europea. Destinar, como se ha anunciado, alrededor del 20% de los beneficios de la venta del petróleo a las comunidades locales es una loable decisión que deja en ridículo la comparativa de este capítulo de medidas con los países de nuestro entorno, aunque obviamente estamos hablando de realidades distintas. Mientras que en algunos proyectos en los que he participado se planteaba la instalación de cableado de fibra óptica de última generación en los municipios afectados por una gran infraestructura, los alcaldes de la región amazónica están preparando sus propuestas de necesidades, que son mucho mas básicas y elementales, como el abastecimiento de agua potable, el asfaltado de las carreteras de acceso, redes de alcantarillado, depuradoras de aguas residuales, atención sanitaria primaria, etc.

Es pronto para conocer valorar las medidas compensatorias más puramente ambientales. Ha pasado poco tiempo desde la firma del decreto presidencial y se ha hablado poco de ello, pero es indudable que debiera existir un amplio paquete de acciones para mejorar la gestión del Parque Nacional Yasuní­ y su entorno. Básicamente, atendiendo a los planes de manejo y a los déficit conocidos,  podrían ser los siguientes:

  • Aumento de la vigilancia general sobre el espacio mediante el aumento de la guardería y del personal técnico especializado.
  • Control de la caza y la captura de especies protegidas.
  • Control de las talas ilegales y reforestaciones si son necesarias.
  • Cierre y restauración de pistas incontroladas.
  • Planificación y desarrollo del ecoturismo a través de inversiones que serian gestionadas por las comunidades locales.
  • Implementación de los programas contemplados en los planes de manejo: conservación del patrimonio, control y vigilancia, comunicación y educación ambiental e investigación y turismo.
  • Atenuación de los impactos de antiguas operaciones petroleras en el espacio natural.

Finalmente, tras el progresivo cierre de los pozos, debería acometerse un plan de restauración ambiental para devolver a los sistemas naturales a su situación originaría o lo mas parecido a ella posible. La vitalidad y tasa de renovación de los ecosistemas selváticos haría el resto.

Con una buena gestión de las operaciones, las medidas correctoras oportunas y necesarias, las medidas compensatorias ambientales y sociales más adecuadas y un plan de restauración de verdad, plantear la disyuntiva entre Parque Nacional versus explotación petrolera es una trampa interesada y viciada de antemano. Obviamente el petróleo está mejor en el subsuelo, pero ya que no ha sido posible mantenerlo por la falta de solidaridad internacional y, tomada ya la decisión de extraerlo, con la voluntad y determinación expresada por el gobierno de Ecuador de hacer las cosas bien, la dicotomía no tiene sentido.

Deberíamos estar insatisfechos por cómo se han desarrollado las cosas, pero tampoco se puede condenar a un país en vías de desarrollo a la pobreza desde nuestras poltronas de despilfarro en occidente, con un nivel de vida y desarrollo que a otros pueblos se les niega. No es justo. Tampoco podemos ser cómplices de la agresión mediática y política contra un gobierno que sólo ha pretendido hacer las cosas bien desde el principio, mientras que nos tapamos nariz, ojos y oídos frente a otros que hacen todo lo contrario en las mismas condiciones que Ecuador. Ya está bien de hipocresía.

Si el revuelo causado por esta decisión soberana de Ecuador sirviese para remover las conciencias de estados ricos y organismos internacionales con capacidad financiera, aún se estaría a tiempo de recaudar el montante necesario para evitar la explotación de los yacimientos de Yasuní-ITT. Seguro que con el apoyo decidido de los donantes, la decisión puede ser aún reversible. Pero la pura injerencia o la crítica de los insolidarios es, simplemente, inadmisible.