BosqueLaAlmoraima

A veces siento vergüenza ajena de compartir estado con buena parte de la calaña que nos gobierna. Cuando uno ve o escucha los argumentos con los que intentan justificar su quehacer diario, las contrarreformas, las quiebras de derechos fundamentales, el involucionismo permanente, sus medidas contra el progreso tecnológico o contra el devenir de la historia… sólo puedo sentir hastío, rubor y desafecto.

El neolenguaje orwelliano con el que tratan de camuflar las mentiras y las manipulaciones sobre el lamentable estado en el que están dejando el país, acrecienta aún más la sensación de que tenemos el gobierno más lamentable de la historia de la democracia española —y eso que el listón estaba bien bajito. En las ocasiones que usan sin rubor su discurso desnudo, surgen escándalos recientes como el de la concejala popular de Calasparra que comparaba aborto con terrorismo, o el del líder de las Nuevas Generaciones del PP de Tarragona que mandaba, cual cachorro hitleriano «a la ducha» a quienes protestaban contra la conculcación de los derechos a las mujeres que prevén perpetrar los de su banda.

Desde luego no tenemos el gobierno de los más sabios que propugnaba Platón, pero tampoco el gobierno de los más aptos, ni si quiera el de los más carismáticos. Todo lo contrario, el grado de mediocridad de nuestros gobernantes parece no tener límites conocidos. Sirva esta diatriba para situar la procedencia y la filiación de los dos personajes responsables del proceso privatizador del que fuera conocido como «el mayor latifundio de Europa», la finca de La Almoraima en Castellar de la Frontera, perteneciente al Parque Natural Los Alcornocales y a la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. Expropiada a Ruiz-Mateos en los años 80, a pesar de su incalculable valor natural, el Partido Popular pretende privatizarla para hacer caja ligando su futuro a un proyecto turístico especulativo, de los de viejo cuño, de hoteles de lujo, campos de golf, polo y escopetas de caza mayor.

La Junta de Andalucía, que bien pudo obtener la transferencia de la finca a la Comunidad Autónoma bajo los diferentes gobiernos nacionales socialistas, afortunadamente ahora, de manera sobrevenida, ha hecho un casus belli contra las pretensiones de la esta derecha liquidadora que pretende vender todo lo vendible, más que por pura necesidad, por una mezcla de necedad e ideología trasnochada, rancia y desnortada.

Ayer el dicharachero ministro Cañete se descolgó en el Parlamento de Madrid con que:

 Las fincas privadas éstas están a años luz de las públicas. Mejor cuidadas, con los montes limpios y perfectamente preparados para la explotación de corcho y la cinegética.

Obviamente, se refería a los montes de alcornoques, como los de La Almoraima. ¡Y se quedó tan pancho! ¿Cómo se pueden decir tantas barbaridades en tan pocas palabras?

Un monte «limpio» es justamente lo peor que le puede pasar a un alcornocal. No hace falta ser un experto para saber que unos bosques en zonas con orografía compleja, si se desnudan de matorral, acabarán muriendo irremisiblemente. Por un lado, por la acción erosiva de las gotas de agua de lluvia —que suele ser bastante torrencial en esta zona— sobre el suelo. Por otro, por la existencia de fuertes pendientes, que favorecen la aparición de regueras donde se acumula la fuerza de la erosión si no hay vegetación que la frene.

Pero aún más, un monte limpio en zonas donde existe caza mayor, supone que, cada bellota de alcornoque que caiga al suelo será inmediatamente comida por ciervos, gamos o corzos. Lo mismo sucederá con cualquier brinzal que nazca de la bellota que logre germinar, será irremisiblemente comido por el ganado cinegético que tanto gusta a Arias Cañete. Al final, los ya castigados alcornoques envejecerán sin que haya árboles jóvenes que los sustituyan y morirán dejando un erial donde antes había un bosque. Esa es la política del PP ¿ha mencionado el ministro en alguna ocasión la palabra conservación?

Sigamos, ¿por qué la derecha insiste en que lo privado está mejor gestionado que lo público?. Obviamente porque «ellos» mismos son los intereses privados o se encargan de representarlos, mientras que el resto de la ciudadanía somos el público, el 90% restante, los que no sabemos hacer las cosas.

Pongamos el ejemplo de la actual gerente de La Almoraima, Doña Isabel Ugalde y Ruiz de Assin, ex diputada del PP, más conocida por haber desempeñado buena parte de su vida pública el cargo de presidenta de la Asociación de Propietarios de Monte Alcornocal de Andalucía. Se supone que tan ilustre experta terrateniente será una magnífica gestora de montes. ¿Por qué entonces es incapaz de hacer rentable La Almoraima? ¿Es que deja su know how para después del trabajo? ¿por qué entonces cobra ese pastizal de bastantes decenas de miles de euros más los pagos en especie?

Claro que, el concepto del derecho de nuestros liberales patrios se asemeja mucho a lo que popularmente conocemos como ley del embudo. Si sumásemos las ayudas públicas recibidas por la finca de la que es copropietaria Isabel Ugalde, muy muy cerquita de la propiedad pública que hoy gerencia, muchos se sorprenderían de cómo los conceptos se trasvasan a la misma velocidad que los dineros de las «mamandurrias» que los liberales de pacotilla denigran para los demás, pero que les encanta recibir del estado. Ese estado que odian cuando se dedica a favorecer la igualdad de oportunidades y los derechos de los más necesitados. Sólo la última ayuda recibida por la finca de Ugalde roza el medio millón de euros de dinero de todos y todas. ¡Así cualquiera es buena gestora!

No voy a negar que muchos montes públicos estén en mal estado. Pero no puede generalizarse, hay fincas públicas cercanas que se mantienen en magnífico nivel de conservación y, además, son productivas desde el punto de vista económico. También, para ser justos, hay que retrotraerse a la historia reciente de esos predios para comprender por qué se hallan así hoy en día. En muchos casos fueron el sustento de muchas personas de pueblos pequeños serranos que obtenían durante la posguerra madera, carbón, vigas, ramón, pasto… para sobrevivir. La sobreexplotación conllevó deforestación y nefastas repoblaciones con especies alóctonas —principalmente pinos— que han impedido la regeneración de los bosques de alcornoque e incluso han acelerado los procesos de degeneración de estos.

Por lo general, sí que puede decirse que el nivel de inversión en los montes públicos es infinitamente superior al de los privados. Y ya puestos a generalizar, podríamos decir que el propietario medio de monte alcornocal es un terrateniente que vive lejos de su finca, que espera sentado poner la mano cada 9 o 10 años para acaparar los réditos del corcho y, si invierte algo en la mejora del monte, normalmente se trata de ayudas públicas pagadas con los impuestos de todos y todas. Si ocurre un incendio, entre todos pagamos su extinción. Si sobreviene una plaga, entre todos la fumigamos. ¿Es ese es el concepto de lo privado de la derecha cavernaria de nuestro país?

Sra. Ugalde, los ecologistas que tiene enfrente no son una panda de iletrados catetos como ha señalado en los medios de comunicación. ¡Claro que hemos podido viajar y conocer esos ecoresorts que, supuestamente, no tienen impacto ambiental! Lejos quedan aquellos tiempos donde apenas podían viajar unos pocos afortunados. Es más, algunos somos incluso expertos en ecoturismo y hemos trabajado en esta materia en muchos países del mundo. Y desde luego, el proyecto que Vd. abandera, jamás podría tener el marchamo de Ecoturismo, jamás. Estamos cansados de salvapatrias que pretenden disfrazan sus proyectos especulativos pintándolos de verde para concitar apoyos de la población. Tenemos decenas de ejemplos sólo en la provincia de Cádiz con los que le podemos ilustrar. Es el mismo modelo que nos ha llevado a la ruina y a la miseria en la que está sumido actualmente nuestro país. Puede preguntar, por ejemplo, en el vecino pueblo de Jimena a ver qué ha pasado con la decena de campos de golf y los centenares de viviendas y hoteles que iban a construir convirtiendo a este pueblo en una especie de Jauja europeo.

No nos engaña, no podemos olvidar, por ejemplo, sus palabras contra el Parque Natural Los Alcornocales y contra la Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Andalucía, aquella que se iban a cargar «igual que hemos hecho con la reforma agraria». No pretenda dar lecciones a nadie de ambientalismo, que nos conocemos de memoria las burdas estrategias puestas en marcha por la derechona. Las hemos enfrentado con solvencia en multitud de ocasiones.

La Almoraima debe ser objeto de un plan de mejoras que permita aunar conservación, rentabilidad social y rentabilidad económica. Si, como gerente de La Almoraima S.A., es capaz de atraer inversiones que consigan esos tres objetivos —por ese orden— bienvenidas sean. Si no es así, debería dimitir y dejar de despilfarrar dinero público para pagar su sueldo y sus dádivas.

Pero la propiedad pública del mayor latifundio de Europa es irrenunciable. Esos alcornoques, que forman parte del considerado como «el mejor bosque de la Península Ibérica», no fueron plantados por el poble catalá (como osó decir hace unos días en un foro cochero nacional), los chaparros existen en nuestra región milenios antes del nacimiento del concepto de nacionalidad y forman parte de nuestro patrimonio más valioso. Como debería saber, los mejores alcornocales del mundo y los menos antropizados se desarrollan en nuestra región, no son meros cultivos como pretende hacernos ver. Su valor trasciende el puro peculio para erigirse en protector del suelo, regulador del régimen hídrico, mantenedor de ecosistemas y de la biodiversidad, refugio de la fauna silvestre, fuente de oxígeno, freno para la erosión, conformador de masas de vegetación autóctona de alto valor ecológico, elementos importantes del paisaje y contribuidor de la salud pública, de la mejora de las condiciones socioeconómicas de la zona o al ocio y el esparcimiento de los ciudadanía. ¿Le suena esta retahíla? Sí, justo justo las condiciones legales para declarar a la finca como de Utilidad Pública para protegerla de la avidez recaudadora de responsables políticos cortoplacistas, miopes y enemigos de los intereses generales.

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