Información y propaganda en la prensa española

0
517

newshate

En “La Lenta Agonía del Periodismo” ya se explicitaban las claves del por qué del descrédito de buena parte de los medios de comunicación, principalmente los de la supuesta izquierda, ya que de los de derecha sería una vana ilusión esperar nada de seriedad, rigor o veracidad. En este sentido, no queda mucho más por aportar. Sin embargo, un hecho acaecido recientemente sí que supone un salto cualitativo que puede poner de manifiesto la ínfima calidad de nuestra prensa y merece la pena dedicarles unas reflexiones adicionales.

Hace ya varias semanas que se destapó un verdadero escándalo cuya repercusión mediática no fue en absoluto pareja a su significación social y política. ¿El motivo? Por un lado, encajaba perfectamente en las premisas definidas por Chomsky y Herman en el modelo de propaganda aplicada a los medios cortesanos y, por tanto, había nacido para pasar desapercibido o, más bien, para ser ocultado deliberadamente. Por otro lado, quizá hubiera sido un escenario para provocar una vendetta entre distintos medios enfrentados, pero parece que primaron sentimientos de tipo corporativista o incluso que se produjo de facto una omertà, por denominarla en términos mafiosos. Perro no come perro, dice un conocido y castizo aforismo. Por explicarlo en resumidas cuentas, el diario digital Público, uno de los mayores periódicos digitales de España, ha sido cazado publicando propaganda de autobombo político de la comunidad autónoma andaluza, presentada como noticias o trabajos de investigación de su propia plantilla.

Puede que, a priori, no parezca un tema grave. Se podía haber solucionado con poner la palabra publirreportaje en la zona superior del texto, un pequeño gazapo –dirán algunos bienintencionados– achacable a los editores del medio, pero es mucho más que eso. Se trata de un fraude masivo, de un engaño, de un desprecio como ningún otro hacia los lectores y lectoras de este medio. El caso es que se ha hecho pasar propaganda institucional por información periodística. Sin entrar a valorar la verosimilitud de lo expuesto en los publirreportajes sobre la aplicación d ella Ley de la Dependencia, el hecho en sí mismo arroja una sombra de sospecha que jamás podrá limpiarse del todo de esta cabecera de referencia de nuestro país. ¿Quién nos asegura que buena parte de lo que aparece en Público es incierto o, simplemente, está pagado o camuflado como información? Hasta ahora, hemos conocido un caso concreto, pero ¿cuántos habrá? La cosa puede ser aún peor, ¿se callan los demás media porque todos actúan así?

El desafecto hacia de la prensa corporativa no hace sino corroborar la necesidad de afrontar de una vez por todas, la reforma del papel de los medios de comunicación en las sociedades occidentales. Soy consciente de que una iniciativa de esta índole le pondrá el cabello erizado a más de un vocero a izquierda y derecha, suelen ser defensores de que la mejor regulación de los media es la que no existe, pero la situación en la que vivimos no es en absoluto sostenible. Hay que encarar con valentía la apertura de un proceso reflexivo y participativo que ponga coto al dominio absoluto de las empresas sobre el derecho a la información; que evite las concentraciones que puedan suponer ni el menor atisbo de monopolios informativos y de opinión; que regule el funcionamiento de los medios públicos para que no esté sometido al arbitrio de algunos cargos elegidos por los partidos políticos; que efectúe un reparto de licencias de emisión de radio y TV en función de intereses sociales y no económicos y que establezca la figura del medio comunitario en manos de asociaciones, colectivos sociales y profesionales sin ánimo de lucro como receptores de este tipo escaso de bien público.

Tampoco debería dejar de plantearse la regulación del ejercicio de la labor periodística. Está demostrado que los códigos deontológicos no son suficientes para hacer esta función. Los alegres intercambios entre información, opinión, propaganda y publicidad son algo lo suficiente grave como para dejarlo sólo en manos de periodistas cooptados por sus jefes, asiduos practicantes de la autocensura. La manipulación informativa, la mentira deliberada en un medio con proyección pública, las campañas insidiosas orquestadas con fines espurios… son delitos contra la sociedad que no deben estar amparados en el derecho a la libertad de información. Lógicamente, son límites complejos, se trata de derechos que pueden solaparse si no se regula su ejercicio con cuidado, pero el actual estado de las cosas es un auténtico dislate. La opinión campa sobre la información sin ningún tipo de respeto hacia la ciudadanía, los medios son tan predecibles que es posible adivinar su posición antes de leerla, los políticos se sientan en los sillones de los consejos de administración de las televisiones públicas convertidas en burdos instrumentos de propaganda, se comercia con licencias de emisión, algunos partidos invierten dinero negro procedente de sobornos en la compra de acciones de medios afines en peligro. La pura información limpia y objetiva se ha convertido en un bien tan preciado como escaso; las mentiras, las medias verdades, las manipulaciones… son las letras nuestras de cada día. Coger un periódico o un informativo de radio o televisión es un ejercicio tan peligroso como deprimente.

No cabe duda de que éste será uno más de los retos que deberán abordarse en la futura refundación democrática que necesita nuestro país. Sin medios libres, veraces e independientes del poder político y económico, no podrá existir una verdadera democracia.