Los países europeos que rechacen su cuota de refugiados deberán pagar 250 mil euros por persona. Este monto será entregado al país que reciba a un solicitante de asilo que otro miembro del bloque no quiera acoger.
Así lo ha recomendado el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, al presentar sus propuestas de modificación del reglamento sobre asilo de Dublín, documento que a su juicio, ya no funciona.
Italia y Grecia, donde llega la mayor cantidad de refugiados, así como Alemania, denuncian desde hace meses la injusticia del reglamento de Dublín.
El analista político Juan Luís González Pérez aborda el tema en una entrevista con HispanTV desde Cádiz (España). Estas han sido sus declaraciones:
La iniciativa en sí misma no es mala para los refugiados, se trataría de forzar a los países menos solidarios, mediante el pago de una multa elevada, y dársela a aquellos estados que sí están dispuestos a acoger al cupo de refugiados que se determine en función de las características del país.
Pero, de momento, es un borrador y le queda mucho camino para ver si, finalmente, llega a convertirse en un documento vinculante para toda la Unión. Probablemente sea muy rebajado durante la tramitación. Pero sobre todo, creo que hay que destacar que el problema es, que el acuerdo con Turquía sigue adelante, eso es lo verdaderamente grave.
Sobre todo porque es un acuerdo que pretende legalizar la trata de seres humanos, Europa le va vender los refugiados a Turquía y va a subcontratar la vigilancia de sus fronteras a regímenes autoritarios.
Pero también, porque este acuerdo viola la normativa europea e internacional de asilo. Es un acuerdo manifiestamente ilegal.Y lo es por varios motivos:
- Fundamentalmente porque Turquía no es un país seguro, por muchos artificios legales que se inventen, jamás lo será con sus actuales gobernantes. Turquía viola sistemáticamente los derechos humanos y es uno de los principales promotores de la guerra contra Siria
- Y porque, cuando las deportaciones individuales se generalizan a miles de personas, son deportaciones masivas, son expulsiones colectivas y, por lo tanto, son ilegales según el derecho internacional
En resumen, a Turquía se le paga para que sea el mercenario de la UE, para que maltrate y viole los derechos humanos de los refugiados por encargo
A pesar de los retoques, en general se trata de un mal acuerdo que debería ser derogado de inmediato como ya piden alrededor de 300 ONGs europeas y decenas de miles de personas que ya han firmado en las plataformas digitales orquestadas al efecto.
