A menos de una semana de la histórica cita del uno de octubre, está claro que el referéndum, de celebrarse, no va a tener la participación que buscaban sus convocantes y, por lo tanto, su resultado va a ser poco más que simbólico. En las condiciones actuales de represión y ocupación militar y policial de Catalunya, votar va a ser prácticamente imposible. Como manifestaba premonitoriamente un manifestante a cámara durante una protesta reciente, si finamente les robasen las urnas el 1-O, no tendrían más remedio que meter el voto por debajo de la puerta de los ayuntamientos. Pues bien, lamentablemente, parece que no va a quedar otro remedio que convertir las elecciones en un nuevo acto de protesta en favor del derecho a decidir.

¿Un fracaso? Imagino que algunos lo considerarán así, aunque seguramente los organizadores del referéndum contasen con ello como una posibilidad más que plausible. Pero hay muchas otras formas de verlo. La desproporción de la reacción de los poderes del gobierno frente al intento de un pueblo de ejercer su derecho al voto soberano, va a quedar impresa en las retinas de muchos ciudadanos y ciudadanas para siempre. La escasa calidad democrática del régimen post-franquista ha quedado retratada con toda su crudeza y, cara al exterior, la marca España ha añadido un dañino icono a su deteriorada imagen: la de estado represor, violento y con nula capacidad política.

En cuanto al Partido Popular, probablemente sus bases más retrógradas estén contentas con el despliegue de fuerza bruta y el golpe institucional practicado en Catalunya, pero muchos de sus incondicionales también se darán cuenta que el problema ha sido generado en gran parte por ellos mismos y que no están facultados para resolverlo. A pesar del cerco mediático impuesto a la opinión pública y del ridículo hecho por algunos medios como PRISA, culpando a Putin y a Assange de la cristalización de un proceso con décadas de incubación, la evidencia sale a la luz fácilmente cuando la manipulación es tan burda. El PP, un partido que se opuso a la España de las autonomías, que las tuvo que tragar sin digerir, se sigue oponiendo a cualquier avance en el modelo territorial del estado, y está tensando la cuerda para mantener amarras con el régimen franquista, hasta el punto de poner en peligro la integridad de su sacrosanto país. Al PSOE, mejor ni nombrarlo, convertido en garante del modelo del 78, pero puesto de perfil esperando recoger alguna migaja surgida de los errores de los populares. Simplemente, ni está ni se le espera. Pero igualmente retratado.

La clave, a eso se apuntan muchos, está en la gestión del 2-O. La brecha abierta en Catalunya ha derivado en un abismo insoslayable y las heridas abiertas no van a cicatrizar —si es que lo hacen algún día— en décadas. Que nadie espere que suceda lo mismo que en la Euskadi de Ibarretxe, que el problema se diluya solo, en el más puro Rajoy style. Lo acontecido estos días es mucho más que una afrenta institucional, o incluso que un golpe en la mesa para acelerar transferencias o mejorar la financiación autonómica —como creen algunos ingenuos que quieren pensar que esto se arregla con la cartera, aludiendo maliciosamente a “la pela”. Se trata de que el encaje surgido del estado de las autonomías simplemente no vale, se acabó, está agotado como modelo. Es algo evidente, pero para un partido como el PP que jamás creyó en la descentralización del estado, que ha hecho lo posible por recentralizar poderes y competencias es algo inasumible. La derecha no tiene ningún plan sobre la mesa, no ha sido capaz más que de azuzar jueces —cuanto más franquistas, mejor— policías y guardias civiles, frente a demandas legítimas de la inmensa mayoría de la sociedad catalana que aboga por el derecho a decidir en libertad.

El 2-O será necesario retomar el procès, pero no sólo en Catalunya, es necesario abrir un proceso constituyente en todo el estado que nos dirija hacia un nuevo marco político de carácter republicano, confederal, laico y social. La Carta Magna, redactada por unos pocos oligarcas bajo amenazas de involución, escuchando permanentemente el “ruido de sables” en la puerta de al lado, es una herramienta caduca. Quizá pudo servir en su día para calmar a las hordas franquistas y que permitieran una transición vigilada hacia una pseudo democracia, pero 50 años de post franquismo son demasiados. Sus herederos ideológicos y biológicos siguen impidiendo la redacción de una nueva constitución nacida sin ataduras con el fascismo patrio. El inmovilismo, la pervivencia del régimen tardofranquista es el papel que está jugando el Partido Popular con no pocas complicidades. Y eso es precisamente lo que millones de catalanes y catalanas han conseguido poner en cuestión con las movilizaciones de estos últimos años.

Mucho se ha removido estos días, muchas caretas han caído. Lo más retrógrado del régimen del 78 ha vuelto a dar la cara. Presos políticos, justicia preventiva, policía política, delitos de sedición, suspensión de autonomías, limitaciones a la libertad de reunión y expresión… son algunas de las perlas con las que el estado español nos ha obsequiado a las primeras de cambio al verse afrentado. Es el momento de acelerar luchas antifascistas que nunca dejaron de tener sentido. El camino está claro: el 2-O, tras la estela catalana, a la izquierda.

 

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