Tras años poniendo palos en las ruedas a la autonomía de Cataluña, tras años de uso torticero de los tribunales contra leyes emanadas del parlament, tras años de infrafinanciación autonómica, cuando buena parte del pueblo catalán se ha hartado de agravios y discriminaciones y ha decidido hacerse dueño de su propio destino, el PP (junto al PSOE y C’s) parece haber encontrado la varita mágica para solucionar el conflicto con Cataluña. ¿Se trata del referéndum sobre la independencia que pide el 80% de su población? Evidentemente no, la propuesta de arreglo del régimen de 78 pasa por unas —otras— elecciones autonómicas, con la esperanza que el bloque constitucionalista arrebate la mayoría de la que ahora disfrutan los soberanistas.

Sin embargo, las encuestas no apuntan en tal sentido. Obviamente las fuerzas del aparato del estado, cloacas incluidas, se emplearán a fondo para retorcer el brazo a mucho independentista sobrevenido que puede ser presa del pánico de la campaña del miedo que pondrán en marcha los unionistas. Pero no va a ser suficiente, las diferencias de apoyo popular son abrumadoras. Está claro que cada bloque contará como suyos a los votos de la candidatura de Domenech, a pesar de que sea claramente favorable al derecho a decidir, aunque no desee la separación de Cataluña y menos por caminos unilaterales. Si descontamos esos votos o esos representantes, es cuando se verán las fuerzas reales de cada bloque y esa será la verdadera medida del resultado final. Ahora bien, si Arrimadas piensa que Domenech puede facilitarle la investidura, va lista. Probablemente, Catalunya en Comú-Podem estará mucho más cerca de apoyar un gobierno encabezado por ERC antes que a una coalición nacionalista españolista absolutamente radicalizada en pos del régimen postfranquista.

En el caso de que el independentismo sí perdiera la mayoría parlamentaria, aunque ganasen las elecciones y necesitaran de los comunes para gobernar, el escenario podría cambiar con respecto a este momento histórico, pero no sería un cambio especialmente significativo. De hecho el Parlament contaría teóricamente con mayoría suficiente para convocar un referéndum como el del primero de octubre.

Pero jugar la baza electoral en exclusiva es no reconocer qué sucede realmente en Cataluña; es más, es una auténtica irresponsabilidad. La pronta entrada en prisión de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez demuestra que el procès tiene hondas raíces populares y no es un tema sólo de política partidaria. ¿Qué solución tiene el PP para esa faceta del independentismo, llamémosle popular? ¿sólo españolizar a los niños catalanes, como propuso Wert? Los últimos estudios demoscópicos demuestran que la máquina de producción de independentistas del PP sigue trabajando a todo ritmo, por lo que es previsible que la desafección con España crezca y crezca sin parar.

El encarcelamiento de medio Govern en prisiones de Madrid, no ha hecho sino movilizar aún más al mundo independentista. A la monolítica e inflexible Europa ya comienzan a asomarle grietas. La jugada maestra de Puigdemont de entregarse a la justicia belga, a pesar de ser ampliamente criticada por aquellos que deseaban tenerlo callado entre rejas, está generando réditos y su candidatura en el exilio situará a la marca España, en una situación complicada. Quien pensase que medidas de privación de libertad acabarían con el enfrentamiento por pura rendición, se equivocaban de plano.

¿Hay, pues, tiempo para actuar? El PSOE, como Unidos Podemos, lo fía todo a un cambio constitucional y a una racionalización de la financiación autonómica que se ajuste a los datos de la población real del país, algo que el PP ha estado obstruyendo por perjudicar a muchos de sus graneros tradicionales de voto, que han perdido población en los últimos lustros. También proponen la redacción de un nuevo Estatut, que recoja aquellos artículos que el Tribunal Constitucional —a los mandos de un magistrado con carné del PP— cercenó políticamente y que están vigentes en otros estatutos de autonomía como el andaluz. Si todo fuera en la dirección correcta, es posible que la combinación de medidas de profundización del autogobierno, coser agravios pasados y mejorar la financiación autonómica, pudieran servir para calmar ánimos y mejorar el encaje de Catalunya, y el de otras autonomías, en el Estado Español.

Pero es mucho presuponer que algo así pueda suceder. Confiar en que haya estadistas en Génova o en Moncloa y no una peña de hooligans desaforados, es poco menos que imposible. Los populares no estuvieron jamás de acuerdo con el estado de las autonomías y sus ánimos recentralizadores son parte de su genoma y su fenoma. Esperar que un estado federal pueda salir de una reforma constitucional en la que participen PP y C’s es una falacia. Todo lo contrario, las pretensiones que se oyen entre bambalinas se refieren a controlar con mano de hierro desde Madrid las políticas lingüísticas y educativas, a las que responsabilizan del auge del nacionalismo periférico en detrimento del nacionalismo centrípeto que ellos profesan, aunque no gusten de llamarlo así.

Con este panorama tan abierto, es lógico que pocos confíen en que sea posible esperar solución alguna de España. Algunas voces están apostando por convocar elecciones, pero no ya en Cataluña, sino en el conjunto del país, conscientes de que el Partido Popular es parte del conflicto y su permanencia en el poder, sólo puede causar más problemas a Cataluña y al conjunto del Estado. Sin embargo, esa vía tampoco asegura un resultado positivo. Una moción de censura sí que sería factible para explorar nuevos derroteros reformadores, pero el PSOE, con un Pedro Sánchez de perfil, entregado a la estrategia del PP, es totalmente reacio a recorrer esta vía y se antoja imposible, al menos en el actual estado de cosas.

Los catalanes han demostrado que tienen un proyecto para su país. Pero no existe más proyecto para España que comprar el estado franquista y sus enseñas e imponerlo por la fuerza de las porras, de las cloacas antidemocráticas, de una prensa cautiva e hipercontrolada y los tribunales, manejados en su mayoría por el gobierno, la extrema derecha o el Opus Dei. Es normal que esa España, su España, ni emocione ni concite adhesiones fuera de la caverna o los estadios de fútbol. Se acerca la hora de hablar sin tapujos de un nuevo proceso constituyente, lejos de ruidos de sables y de sobres cerrados y lacrados, entregados por militares con partes del articulado literal de la Carta Magna. Quizá sea la última oportunidad de mantener viva la unidad del país, no ya por la fuerza y la coacción, sino con la ilusión de un pueblo que forma parte de un proyecto común de futuro.

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