La relación del Partido Popular con el medio ambiente se desenvuelve en términos de pura fobia, de animadversión e incluso diría que de odio. La derecha sabe que, a falta de estadistas, de grandes líderes internacionales que sean capaces de «refundar el capitalismo», como llegaron a prometer algunos presidentes durante los primeros años de la última crisis económica, las problemáticas ambientales y la finitud de los recursos van a ser realmente quienes pongan coto a este sistema depredador, insostenible, belicista y creador de injusticia y desigualdad. Y no pueden ocultarlo, aunque intenten justificar sus extrañas y retrógradas acciones y posicionamientos, revistiéndolos de una falsa aura de cientifismo, postverdad e incluso de falsedad.

Durante algún tiempo, los populares estuvieron instalados en el negacionismo más conspiranoico. Basta recordar al tristemente famoso primo de Rajoy, quien implícitamente afirmaba que el cambio climático era una invención acientífica con tintes políticos, para situar la posición de la derecha ante a este tema. Los intentos de tumbar los aspectos más importantes de la Ley de Costas también fueron bastante clarificadores de la falta de respeto del PP por el medio ambiente; afortunadamente el Tribunal Constitucional impidió la eternización de las ilegalidades cometidas en las playas, marismas y acantilados del país. El freno a las energías renovables y, especialmente, al autoconsumo instantáneo doméstico, con el impuesto al sol, dañó irreversiblemente a una industria emergente que podría haber ayudado a reducir los elevados índices de paro del país, al tiempo que mostró la indecente connivencia o sumisión de los populares con las grandes eléctricas (justamente igual que el PSOE, no nos engañemos). En Andalucía, tras llegar al poder, enterraron bajo la Consejería de Agricultura a la pionera Consejería de Medio Ambiente sureña y la despojaron de las atribuciones competenciales de Ordenación de Territorio con las que trataban de introducir cierta racionalidad en el desarrollo urbanístico de la comunidad autónoma. La lista podría ser interminable, pero para muestra bien nos valen unos pocos botones.

Hoy, el PP (junto con Ciudadanos y Vox) mantiene su batalla mas mediática contra el medio ambiente en la ciudad Madrid. Y no, no se trata de lo de siempre, de poner por encima intereses económicos o empresariales frente a temas de conservación de la naturaleza. Estamos hablando de la vida de personas, o mas bien de la muerte de miles de personas cada año por causa de la contaminación provocada principalmente por las emisiones de los vehículos privados que circulan por la ciudad. Se estima que alrededor de 50.000 muertes anuales están provocadas directamente por la polución en países vecinos. Si una cifra de este tipo no es suficiente como para mantener o ahondar las medidas de Madrid Central, significa que las derechas católicas hispanas demuestran un absoluto desprecio por la vida. Agarrarse a un problema administrativo con la tramitación de las multas para desmontar las medidas anticontaminación, sin poner en marcha ningún plan alternativo, es de una desfachatez supina, sobre todo cuando la propia UE ha calificado a los esfuerzos contra la contaminación de Madrid y Barcelona como insuficientes.

Durante unos pocos días, Madrid ostentó el récord de ser la única ciudad del mundo donde se revertían políticas de movilidad en favor de la salud de sus habitantes. Esta es la derecha patria. Si no fuera por la diligencia de Ecologistas en Acción en los juzgados, hoy Madrid Central ya sería parte del pasado y las inquinas revanchistas habrían pasado por encima del derecho a la calidad de vida de los madrileños y madrileñas. 

La ofensiva mediática de la caverna, al constatarse que los datos de reducción de emisiones son incontestables, ha desplazado el debate a otro plano, pero no a otro más serio o elevado, no, se han tirado al monte, al plano del ridículo mas absoluto. Ya la hierática Ayuso comentó en campaña que echaba de menos los atascos como marca de la casa de Madrid que los rojeras se iban a cargar sin tener ningún respeto a las tradiciones más castizas de la capital. Pero su pareja cómica, el alcalde Almeida, va aún más lejos al afirmar que Madrid Central, al disminuir el número de vehículos en el casco urbano, ha provocado un aumento de la inseguridad ciudadana y la delincuencia. Magistralmente ridículos ambos. Son capaces de sumarse a las teorías terraplanistas si con ello benefician a sus amigos (o sus dueños) del sector financiero, industrial o mediático. Se puede ser conservador, confundir el progreso científico y tecnológico con el progresismo político, pero mantener sus alocadas tesis o sus ansias de revancha por encima de la salud pública es un delito y debería ser castigado como tal.