El 9 de enero de 2009 el Ayuntamiento de Cádiz, presidido entonces por la popular Teófila Martínez, otorgó a Álvaro Uribe Vélez, el ex presidente de la República de Colombia, el primer premio “A la Libertad Cortes de Cádiz”. Un galardón que nació como parte de los actos del Bicentenario de la redacción de la Constitución liberal de 1812 para rendir homenaje a las personas o instituciones públicas o privadas que se hayan caracterizado por la profundización, difusión y extensión de la Libertad en el ámbito iberoamericano.
Atendiendo a las palabras del jurado responsable del reconocimiento, este se hizo en virtud de
«sus esfuerzos en pro de la libertad y su abierta oposición a situaciones terroristas que la menosprecian, privando de su legítimo derecho a la misma a todas aquellas personas secuestradas por grupos, denominados terroristas, a las que han estado manteniendo prisioneras durante años privándolas de su libertad y de vivir con sus seres queridos”
Como no podía ser de otra manera, la decisión —basada únicamente en filias políticas y obviando el siniestro historial del personaje y sus vinculaciones con el paramilitarismo, el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo—, suscitó una gran polémica en la ciudad. Asociaciones y entidades nacionales e internacionales demandaron la inmediata retirada del galardón, junto con grupos políticos municipales que presentaron oficialmente una moción en tal sentido, a la que se hizo caso omiso desde la mayoría derechista que presidía entonces el consistorio en aquellos tiempos.
Finalmente, el 29 de abril de 2009, en la embajada de Madrid —por presuntos problemas de agenda—, la alcaldesa de Cádiz hizo entrega del primer galardón “A la Libertad” dentro de los premios Cortes de Cádiz a Álvaro Uribe Vélez, en un acto en el que se encontraban presentes los actuales reyes de España, Felipe y Leticia.
Ya en 2013, el grupo municipal de Izquierda Unida volvió a presentar otra moción al pleno municipal, justo en el momento en el se hizo público que Uribe estaba siendo investigado por la Corte Penal Internacional por los crímenes cometidos contra los Derechos Humanos durante su mandato (extendido desde 2002 a 2010) y las múltiples masacres acontecidas contra campesinos, a los que se disfrazada como guerrilleros una vez asesinados, para cobrar las recompensas oficiales, una práctica que afectó a más de dos mil personas impunemente asesinadas bajo el mandato del presidente.
El martes 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema de Colombia ordenó la prisión preventiva de Uribe por un delito de soborno y manipulación de testigos, dentro de uno de los muchos casos judiciales que afectan al expresidente. Concretamente uno de los testigos a los que se compró, a cambio de ofrecer testimonios falsos en favor del actual senador Uribe, lo relacionaba en las fases preliminares del juicio con el nacimiento, en una hacienda ganadera de propiedad familiar, de un bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia, llamada Los 12 Apóstoles, dirigido por su hermano Santiago Uribe (arrestado desde 2016), un grupo terrorista que, globalmente, tiene en su haber el asesinato de miles de inocentes en toda la República, además de amenazas, secuestros (paradójico ¿verdad, Teófila?) y connivencia con las fuerzas de seguridad en su labor represiva y criminal contra líderes sociales e indígenas, ecologistas, sindicalistas, izquierdistas, etc.
Tras este decisivo hecho, diversas asociaciones ciudadanas, partidos políticos y ciudadanos se han pronunciado estos días en favor de la retirada del premio Cortes de Cádiz a una persona con claras vinculaciones con el terrorismo de estado. Es una deshonra que resta valor al galardón y dice bien poco de la ciudad de Cádiz y su proyección latinoamericana.
Independientemente del resultado final de este proceso judicial, Uribe enfrenta más de 186 procesos en la Comisión de Acusación colombiana. No se trata de negarle a nadie la presunción de inocencia, pero tampoco podemos esperar demasiado de la separación de poderes del régimen colombiano, ni de la independencia de la justicia de los poderes omnímodos del narcotráfico y sus patronos norteamericanos.
Existen decenas de documentos oficiales que inculpan a Uribe al margen de las acusaciones judiciales que ahora enfrenta. La NSA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos, en documentos desclasificados en 2004, consideraba ya en 1991 a Uribe uno de los mayores narcotraficantes del mundo, amigo muy cercano de Pablo Escobar y miembro del Cártel de Medellín. Estos son los correligionarios de Teófila Martínez y los que llevan el nombre de Cádiz por el mundo a propuesta del Partido Popular, una verdadera vergüenza para la ciudad de Cádiz.
Pero eso no es todo, su primo, Mario Uribe Escobar, un reconocido paramilitar fue alzado a la alta política por los grupos terroristas colombianos, llegó a ejercer cono senador como tantos otros en el Congreso. Líder del Partido Colombia Democrática, ha sido concejal, diputado, representante a la Cámara, senador y presidente del Senado. Actualmente está condenado y encarcelado desde 2011.
Puede decirse que las cámaras de representantes colombianas, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, han estado cooptadas por el narcotráfico y el paramilitarismo con la absoluta complicidad de Estados Unidos. Un país que, en público prefiere denunciar a Venezuela por supuesto tráfico de drogas, cuando el mejor aliado que tiene en la región es el mayor narcoestado del mundo, que produce más del 90% de la cocaína que penetra en Norteamérica. Un informe anual a la Asamblea General de la ONU de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, redactado en 2009, reconocía que, durante el segundo mandato de Uribe, 72 congresistas estaban vinculados a procesos judiciales, de los cuales 11 fueron condenados y otros 4 absueltos, dentro de un epígrafe que estudiaba la vinculación entre miembros del Congreso y organizaciones paramilitares.
No acaba aquí la cosa, Uribe desempeñó el cargo de director de la Aeronáutica Civil colombiana tras un nombramiento efectuado el 24 de marzo de 1980, por el presidente Julio César Turbay Ayala. Álvaro sustituía a Fernando Uribe Senior, asesinado por no hacer el juego al Cártel de Medellín y no concederles permisos de vuelo para avionetas y licencias para pistas de aterrizaje en zonas privadas, alejadas de miradas incómodas. Todo indica que el expresidente sí que decidió en ese momento trabajar para el Cártel durante los dos años que estuvo en un puesto del que salió, no solo indemne, sino vinculado al narcotráfico para toda su vida. El propio Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el ministro de Justicia, ordenó un año después de su marcha a Aeronáutica Civil “suspender los vuelos de naves de narcotraficantes” denunciando una actitud pasiva y negligente por parte de su director.
Se atribuye a Pablo Escobar un frase que resumía la estrecha colaboración entre ambos: Pablo Escobar: «si no fuera por Uribe bendito tendríamos que estar nadando hasta Miami para llevar la droga a los gringos«. La famosa novia de Escobar, Virginia Vallejo, en el best seller, «Amando a Pablo, odiando a Escobar” lo dejaba bien claro. Trataba a Uribe de narcopresidente y decía del negocio de su amigo: “Los narcotraficantes prosperaron en Colombia no porque fueran unos genios, sino porque los presidentes eran muy baratos”.
Con la información de la que disponemos en la actualidad, disponible también desde hace bastantes años, es impensable cómo la ex-alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, usara una medalla por la libertad para blanquear a un reconocido criminal como Álvaro Uribe. Seguro que si la iniciativa hubiese partido de la izquierda política se la habría tachado inmediatamente de enaltecimiento del terrorismo y apología del narcotráfico.
Va siendo hora de que los actuales regidores municipales tomen cartas en el asunto y deshagan un entuerto que ha erosionado enormemente la naturaleza del premio Cortes de Cádiz y a la propia ciudad, ligando su nombre al de un narcoparaterrorista y liberticida, responsable de miles crímenes de lesa Humanidad como Álvaro Uribe.
