Marcha Mundial de la Marihuana 2012. No más multas

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Sábado 5 de mayo a las 19:00 horas desde la Puerta del Sol

Como parte de la Global Marijuana March que convoca durante el mes de mayo movilizaciones en más de 300 ciudades de todo el mundo. Desde la Asociación Madrileña de Estudios sobre el Cannabis (AMEC), la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), y la Coalición Europea por una Política de Drogas más Justa y Eficaz (ENCOD) queremos impulsar y dar visibilidad a un evento que cada año cuenta con una mayor participación ciudadana.

Este año la Marcha Mundial de la Marihuana de Madrid se llevará a cabo bajo el mismo lema que el año pasado; “Cultiva tus derechos”, centrando nuestro mensaje en tres temas que creemos esenciales:

1.- La modificación de  Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Durante el año 2010 (último Anuario Estadístico del Ministerio del Interior publicado) se han practicado 319.474 denuncias por tenencia y/o consumo de drogas.

Si comparamos los datos de España con el de algunos países europeos (todos de los que disponemos datos, que son los 16 siguientes: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Austria, Polonia, Portugal, Rep. Checa, Suecia, Finlandia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Eslovenia y Bulgaria) podemos comprobar que mientras que en estos países las sanciones por consumo o posesión para consumo en el periodo 2004-2009 han aumentado un modesto 2,4% (de 488.900 a 500.630), en nuestro país han aumentado en ese mismo periodo un 234.3% (de 150.193 a 351.927, un 247,8% según los datos del OEDT 2011), es decir, 100 veces más. De esta manera, si en 2004 las sanciones por consumo impuestas en España representaban el 23,5% del total de estos países europeos, en 2009 este porcentaje se ha incrementado hasta el 42,6%, es decir, podemos afirmar que de cada 3 sanciones por consumo que se imponen en toda Europa, una ha sido impuesta en España.(1)(2)(3) 

De todo este exceso represivo que padecemos los ciudadanos españoles, los consumidores de cannabis salimos especialmente perjudicados. De las 319.474 denuncias impuestas en el año 2010, el 85% están relacionadas con cannabis, porcentaje solo superior en Francia (87,9% en 2009), mientras que en países como Alemania (59,4%) o Italia (61,3%) estas proporciones son sustancialmente menores, y no se trata tampoco de casos excepcionales, ya que la media europea (excluyendo a España) es del 57,9%. Además, la evolución histórica de este dato en nuestro país es muy negativa, ya que en 2001 el porcentaje de sanciones relacionadas con cannabis era del 62% y hemos pasado en 9 años al 85%.(1)(3)

También es especialmente descorazonador comprobar como los esfuerzos represivos de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado se centran cada vez más en perseguir al consumidor (sanción administrativa) en detrimento de la lucha contra el narcotráfico (delito penal). Del  total de intervenciones relacionadas con las drogas realizadas en España en 2010, un 94,7% estaban relacionadas con el consumo o tenencia para consumo, y sólo el 5,3% restante estaba relacionado con el tráfico de drogas, mientras que esta proporción en los países europeos es (año 2009) del 68% para  consumo y 32% para tráfico.(1)(3)

2.- Denunciar las actuaciones desproporcionadas que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en aplicación del artículo 368 del Código Penal a pesar de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que el cultivo de las plantas de cannabis sativa cuando tiene por objeto el propio consumo no es punible.  En este sentido celebramos la aprobación en el Parlamento Vasco de una comisión que tiene como fin la primera regulación sobre los autocultivos colectivos y unas recomendaciones para regular los autocultivos personales.

3.- Advertir de las graves consecuencias sociales y económicas que la actual política sobre drogas basada en la prohibición y plasmada en la llamada “guerra contra la droga” está generando, especialmente en aquellos países con un sistema democrático más vulnerable. Proponemos estudiar otras vías alternativas a aquellas basadas en una utópica abstinencia, como el modelo de Clubs Sociales de Cannabis (CSC). Consideramos que en las políticas sobre el cannabis, la defensa de los derechos de las personas usuarias y de los pequeños productores, la sostenibilidad ecológica y el beneficio social deben predominar sobre los intereses económicos particulares. El derecho a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, a la información y a la seguridad alimentaria son valores preponderantes frente a un hipotético derecho a enriquecerse gracias a la planta.