¿Quién nos defiende de la justicia?

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Resulta cuando menos paradójico que dos de las noticias del día de hoy tengan que ver con la justicia como pieza fundamental para la resolución de viejos conflictos armados en la Unión Europea. Sin embargo, las coincidencias acaban ahí. Mientras que en Irlanda del Norte el Sinn Fein ha reconocido la autoridad de la justicia (y de la policía) como parte fundamental para la formación de un gobierno de unidad nacional y el avance en el autogobierno, aquí, en el Estado Español, un gobierno autonómico convoca una manifestación que desconoce la acción de la justicia porque «ha pasado todas las líneas rojas» permisibles en una democracia.

Y es que, mientras la justicia española siga arrastrando los déficit derivados de la «chapuza» de la Constitución de 1977, va a ser imposible cualquier avance para la resolución del problema vasco. La manifestación del miércoles tiene por lema «En defensa de nuestras instituciones», ya que consideran que la politización de la justicia está poniendo en peligro el normal funcionamiento institucional de Euskadi y situando contra las cuerdas a muchos de sus representantes más destacados. Primero fue el presidente de la Parlamento Vasco el que fue juzgado por tratar de impedir la intromisión de la justicia en la composición de los grupos de la Cámara, pero ahora ya ha alcanzado incluso al presidente del gobierno, quien puede ser juzgado por reunirse con un destacado miembro de la izquierda abertzale que, como ciudadano en libertad, tiene intactos todos sus derechos individuales.

Las leyes dictadas para luchar contra el terrorismo etarra están minando nuestra débil democracia. Esta realidad, que a muchos políticos y ciudadanos se les llena la boca cuando la aplican a la situación norteamericana, son incapaces de apreciarla cuando afecta a nuestra propia sociedad. Hoy todo es considerado terrorismo, ayer mismo unos menores descerebrados henchidos de odio destrozaron las flores de la tumba de Gregorio Ordóñez, hoy han sido imputados por delitos de terrorismo. Defender determinadas posturas políticas te puede llevar a la cárcel, si se reflejan en un determinado medio puede ser cerrado, si criticas a alguien concreto puede ser un delito de amenazas terroristas, luchar noviolentamente contra obras ilegales impactantes contra el medio natural puede ser considerado terrorismo. De seguir así la mayoría de la población vasca podría acabar en la cárcel en unos años. El principio de igualdad ante la ley en el país vasco suena a puro chiste.

Es necesario derogar la Ley de Partidos y cualquier normativa de excepción, acabar con la Audiencia Nacional, con las interferencias de los partidos políticos en la judicatura y la judicialización de la vida política. Hay que acabar de una vez por todas con la inmensa discrecionalidad con la que cuentan los jueces mediante la redacción de leyes claras que no les den poderes excepcionales capaces de bloquear la vida política o gobernar mediante autos a sabiendas que no resistirán una revisión posterior que puede llegar meses o años después.

Mucho tiene que cambiar la justicia para que sea reconocida como fuente de autoridad como ayer hizo el Sinn Fein por la izquierda abertzale, pero es que manifestación de hoy y la declaración institucional del pasado viernes del gobierno vasco suponen que la mayoría de un país rechaza la acción de la justicia. Pienso que es mucho más que un aviso para navegantes, es claramente la constatación de que un poder del estado está salido de contexto y pone en peligro el estado de derecho.