Siguiendo la estela de otros pa\u00edses del ALBA, Ecuador ha aprobado, tras 4 a\u00f1os de debate, una ley de medios que pone el punto de mira m\u00e1s\u00a0en el derecho a la informaci\u00f3n veraz como un servicio p\u00fablico que en el uso de la propia informaci\u00f3n como negocio. Tambi\u00e9n como en situaciones anteriores, la ley ha sido duramente criticada por algunos conglomerados privados y por organizaciones de prensa \u00abindependientes\u00bb porque limita la presencia del sector empresarial a un m\u00e1ximo del 33% del total. En definitiva, la norma establece un reparto de frecuencias de radio y televisi\u00f3n y de \u00a0licencias de prensa que concede un 34% para los medios comunitarios, un 33% para el sector p\u00fablico y el mismo porcentaje para el privado. En un momento en que la comunicaci\u00f3n se ha convertido m\u00e1s que nunca en un arma de guerra y en c\u00f3mplice del latrocinio y el expolio a las clases trabajadoras por la gran banca y los mercados, insuflar aire fresco limitando el peso de los poderosos en algo tan vital como la informaci\u00f3n, es una loable iniciativa que deber\u00eda emularse en nuestro ultraliberal \u00e1mbito europeo.<\/p>\n
El enfado del empresariado es monumental. Usando a modo de ariete sus cabeceras, han arremetido contra el gobierno calificando la Ley Org\u00e1nica de Comunicaci\u00f3n\u00a0de \u00abley mordaza\u00bb que establecer\u00e1 la \u00abcensura previa\u00bb y \u00abeliminar\u00e1 el pensamiento cr\u00edtico\u00bb, entre otras lindezas. Incluso Human Right Watch, la ONG de derechos humanos vinculada a la mafia de Miami, se ha lanzado a opinar sobre la misma consider\u00e1ndola un \u00abasalto a la libertad de expresi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
En cierto modo, la reacci\u00f3n de los patronos medi\u00e1ticos es comprensible, ya que en la actualidad ostentan el\u00a083% de las frecuencias de radio y el el 68% de las televisiones de se\u00f1al abierta. En un relativamente breve plazo de tiempo tendr\u00e1n que deshacerse de ellas o les ser\u00e1n revocadas, ya que muchas de ellas fueron irregularmente asignadas.<\/p>\n
La Ley entr\u00f3 ayer mismo en vigor, tras ser aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 14 de junio, con el voto a favor de casi el 80% de los parlamentarios del Congreso, cumpliendo as\u00ed con un mandato de la constituci\u00f3n vigente, \u00a0que ped\u00eda a la Legislatura aprobar esta ley, entre otras, en un plazo m\u00e1ximo de un a\u00f1o, sustituyendo una ley anterior elaborada en los a\u00f1os setenta bajo una dictadura militar con la que los empresarios parec\u00edan sentirse bastante c\u00f3modos, como no pod\u00eda ser de otra manera. Era absolutamente necesario democratizar la informaci\u00f3n y ese ha sido el principal objetivo de una Ley que tampoco ha gustado mucho al\u00a0Departamento de Estado de los USA, que no ha dudado en sumarse a las cr\u00edticas, mostr\u00e1ndose muy preocupado por la posibilidad de\u00a0da\u00f1ar \u201cla libertad de prensa\u201d y que se pueda limitar \u201cel ejercicio de los medios independientes\u201d (imagino que se referir\u00e1 a los dependientes de EEUU, claro).<\/p>\n
Entre los contenidos de la ley m\u00e1s destacables est\u00e1n la prohibici\u00f3n de los linchamientos medi\u00e1ticos y las campa\u00f1as de acoso a personas e instituciones, la prohibici\u00f3n de la censura previa o la parcialidad reiterada en materias sometidas a investigaci\u00f3n judicial, la responsabilidad ulterior por el material publicado, la imposibilidad de la concentraci\u00f3n de medios en poder de personas o empresas y la creaci\u00f3n del\u00a0Consejo de Regulaci\u00f3n de Medios, que tendr\u00e1 competencias en materia de acceso a la informaci\u00f3n, contenidos y franjas horarias, adem\u00e1s de la elaboraci\u00f3n de informes para la adjudicaci\u00f3n de frecuencias, entre otras atribuciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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