{"id":2593,"date":"2009-03-28T01:11:39","date_gmt":"2009-03-28T00:11:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bitsrojiverdes.org\/wordpress\/?p=2593"},"modified":"2009-04-02T20:57:13","modified_gmt":"2009-04-02T19:57:13","slug":"peligran-los-fondos-europeos-por-el-modelo-de-urbanismo-depredador-del-estado-espanol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bitsrojiverdes.org\/wordpress\/?p=2593","title":{"rendered":"Peligran los fondos europeos por el modelo de urbanismo depredador del estado espa?ol"},"content":{"rendered":"

\"niunladrillo\"Ayer se conoci? el informe de la euroc?mara acerca del urbanismo salvaje practicado en nuestro pa?s redactado por la diputada verde danesa Magrete Auken y aprobado por una aplastante mayor?a de los parlamentarios tras dos resoluciones previas en el mismo sentido deso?das por nuestras administraciones patrias. El movimiento ecologista, agrupado en la?Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio<\/a> y en otras organizaciones y plataformas,?lo est? celebrando como una gran victoria. D?as antes organizaron una campa?a de presi?n para evitar que los correligionarios del PP y del PSOE en Bruselas cerraran filas con ellos y optaran por apoyar textos alternativos que los exculpaban de toda la barbarie que han provocado en el pa?s, cuya gesti?n nos ha hecho entrar en un ciclo de crisis econ?mica de mucha mayor profundidad que en el resto de los estados de nuestro entorno. La corrupci?n urban?stica en todos los ?mbitos es otra de las consecuencias del desarrollismo del ladrillo practicado en los ?ltimos a?os en Espa?a bajo gobiernos de muy diferente signo, l?gicamente junto a otros condicionantes de tipo ambiental, social, de consumo de recursos, etc.<\/p>\n

No es probable que se cumpla la petici?n de retirada de fondos de cohesi?n, pero es un serio varapalo a nuestros gobiernos, que han vivido en y para la burbuja inmobiliaria hasta que todo el castillo de naipes se ha venido abajo de manera estrepitosa hasta el punto que nos conduce a una inevitable y temida deflaci?n para situarnos en niveles de precios de bienes y servicios acordes con la cruda realidad y el valor de nuestro sistema productivo.<\/p>\n

El informe Auken pide a nuestro pa?s que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulaci?n<\/em>, que se modifique la Ley de Costas y se agilice el acceso a la Justicia y a la indemnizaci?n de las v?ctimas de abusos urban?sticos<\/em>.<\/p>\n

Os dejo ?ntegra la Exposici?n de Motivos del documento para que valor?is la gravedad del asunto:<\/p>\n

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El proyecto de Resoluci?n que ahora se somete a la consideraci?n del Parlamento Europeo es necesario de cara a garantizar el respeto de los derechos de muchos miles de ciudadanos europeos en virtud del Tratado.<\/p>\n

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La Comisi?n de Peticiones no se ha tomado su actuaci?n a la ligera, sino que ha organizado tres misiones de investigaci?n en Espa?a en el transcurso de la presente legislatura. El propio Parlamento ha aprobado dos resoluciones sobre el tema que respaldan los hallazgos de la comisi?n: la primera en 2005 y la segunda en junio de 2007. La posici?n del Parlamento que result? entonces de la votaci?n figura en el considerando ?N? de este proyecto de Resoluci?n. Si las autoridades competentes nacionales o locales hubieran llevado a cabo acciones tangibles para dar respuesta a las inquietudes anteriormente mencionadas por esta comisi?n, no est? claro si esta Resoluci?n habr?a sido necesaria, pero como no fue as?, su necesidad es manifiesta.<\/p>\n

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No obstante, hoy en d?a, miles de ciudadanos europeos siguen siendo v?ctimas de un sistema de urbanizaci?n masiva que en muchas ocasiones, seg?n la Comisi?n de Peticiones, ha ignorado sus derechos leg?timos como propietarios, al tiempo que ha destruido el medio ambiente costero mediterr?neo y los fr?giles ecosistemas en muchas zonas del litoral y el interior de Espa?a. Varios peticionarios han presentado su caso para su control en diversas ocasiones durante las muy concurridas reuniones de la Comisi?n de Peticiones, y las autoridades, sobre todo las de la Comunidad Valenciana y, en menor medida, las de Andaluc?a, han aprovechado la oportunidad de defender sus actuaciones. Entretanto, la Comisi?n Europea ha abierto un caso de infracci?n contra Espa?a, directamente relacionado con la urbanizaci?n en la Comunidad Valenciana y la aplicaci?n de las Directivas sobre contratos p?blicos, y se encuentra investigando otros supuestos incumplimientos de la legislaci?n comunitaria en asuntos relacionados con el medio ambiente y el agua. Resulta clave considerar si el efecto acumulativo de tantos proyectos urban?sticos a gran escala que carecen de un informe positivo de la autoridad competente en materia de agua podr?a imposibilitar la aplicaci?n de la Directiva marco en el sector del agua al negar el abastecimiento de agua para consumo humano y agr?cola.<\/p>\n

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Muchos ciudadanos europeos han decidido vivir en Espa?a por todas las ventajas que ofrecen el pa?s y sus habitantes, y al hacerlo, han ejercido los derechos que les han sido otorgados como ciudadanos europeos en virtud de los Tratados. Sin embargo, los problemas que aborda el presente informe afectan tambi?n a los propios espa?oles, que han presentado las mismas, si no m?s, peticiones a este respecto.<\/p>\n

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Por este motivo, algunas autoridades pol?ticas y dirigentes de partidos consideran inadmisible la afirmaci?n de que los extranjeros, que evidentemente no comprenden la legislaci?n espa?ola, son los ?nicos que plantean estos problemas, o que las v?ctimas no tienen m?s que dirigirse al juzgado m?s cercano para que les aclaren y resuelvan su situaci?n. De hecho, muchos peticionarios han intentado llevar a cabo esta medida sin obtener resultado alguno; otros no pueden permit?rselo econ?micamente. La mayor?a se encuentran desorientados por los consejos contradictorios que reciben de las autoridades locales y de los abogados a los que han recurrido en busca de asesoramiento sin que les hayan ayudado mucho (por no mencionar los numerosos casos en que las autoridades municipales y los propios abogados han resultado partes intr?nsecas del problema). La mayor?a de los peticionarios y muchos juristas est?n desconcertados por la falta de seguridad jur?dica y la confusi?n resultante de una legislaci?n imprecisa o excesivamente compleja en materia de desarrollo urban?stico y sus implicaciones, junto con unas disposiciones de aplicaci?n cada vez m?s confusas. La reci?n recuperada Ley de Costas de 1988 es otro ejemplo de ello.<\/p>\n

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La Comisi?n de Peticiones reconoce que en Espa?a, la planificaci?n urban?stica es competencia de las Comunidades Aut?nomas y municipios; reconoce tambi?n que las autoridades nacionales tienen competencia en asuntos tales como el marco general de la ley del suelo y en cuestiones medioambientales como el abastecimiento de agua y la protecci?n de las especies clasificadas. La comisi?n conoce bien el ?mbito de aplicaci?n y la aplicabilidad de la legislaci?n nacional y no induce a error a ninguno de los peticionarios en estos puntos. De hecho, hemos consultado al Defensor del Pueblo regional, el Sindic de Greuges<\/em>,<\/span> <\/em>en varias ocasiones.<\/span><\/p>\n

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Sin embargo, las leyes aplicables en estas zonas deben guardar conformidad con las disposiciones generales de los Tratados y actos legislativos de la UE y corresponde al gobierno nacional verificar que ?ste es el caso. La Comisi?n de Peticiones ha intervenido sobre la base de estos fundamentos jur?dicos, en funci?n de las peticiones recibidas de conformidad con el art?culo 194 del Tratado CE.<\/p>\n

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Interviene porque los ciudadanos europeos tienen derechos en virtud de los Tratados y respeta el principio de subsidiariedad.<\/p>\n

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Interviene porque los ciudadanos europeos han recurrido a la Comisi?n de Peticiones para que les ayude a resolver sus dramas personales, ya sean particulares o colectivos, y los diputados al Parlamento Europeo, que han sido directamente elegidos, han respondido en defensa de los derechos de su electorado.<\/p>\n

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Interviene porque cree que todos los Estados miembros tienen la obligaci?n pol?tica, jur?dica y moral de actuar de conformidad con los principios fundamentales contenidos en los Tratados, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales, firmada por los presidentes de las tres principales instituciones de la UE. Los ciudadanos europeos esperan que sus pol?ticos respeten lo que han firmado y no intenten eludir su responsabilidad.<\/p>\n

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La crisis financiera mundial, con lo que ella implica, ha tenido claras y duras consecuencias en el sector espa?ol de la construcci?n, lo que representa una tragedia para los trabajadores afectados. No obstante, ya antes de los acontecimientos acaecidos en oto?o de 2008, este sector se encaminaba al desastre. Los a?os de urbanizaci?n masiva y destrucci?n del litoral que han conllevado considerables beneficios financieros para el sector y excesos de construcci?n masiva (puesto que en la actualidad existen un mill?n y medio de viviendas de nueva construcci?n esperando comprador y unos cuantos campos de golf), basados en las irracionales y codiciosas suposiciones de los promotores inmobiliarios y urbanizadores, dan ahora paso a una terrible recesi?n en el pa?s.<\/p>\n

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Las autoridades espa?olas, concretamente las auton?micas, siguen sin querer reconocerlo, mientras que las v?ctimas se cuentan por miles. En muchas ocasiones, su actitud ha sido como mucho condescendiente respecto a los derechos de propiedad individual; en los peores casos, ha resultado totalmente desde?osa.<\/p>\n

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Se han producido da?os paisaj?sticos, como ponen de manifiesto numerosos informes de referencia<\/a>, mientras que los proyectos urban?sticos pendientes persisten como espadas de Damocles de hormig?n sobre un gran n?mero de comunidades costeras y rurales. Es por este motivo que la Resoluci?n pide a las autoridades locales que suspendan y revisen los proyectos existentes y que no procedan hasta que se haya demostrado su sostenibilidad, con la participaci?n de las comunidades locales en su elecci?n, y se hayan garantizado salvaguardias medioambientales. Asimismo, deben respetarse los derechos leg?timos de propiedad.<\/p>\n

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El informe de la primera misi?n de investigaci?n en Espa?a en 2004 ya describ?a con detalles lo que estaba ocurriendo y sus repercusiones. Durante la segunda misi?n, algunos pol?ticos y promotores, sentados codo con codo en la misma sala de reuniones como para enfatizar su apoyo umbilical, llegaron incluso a culpar de la situaci?n a la Comisi?n de Peticiones, afirmando que era la responsable de la p?rdida de inversiones en la Comunidad Valenciana, y les dijeron un tanto de lo mismo a los miembros de la delegaci?n de la comisi?n. En el transcurso de la tercera misi?n en Valencia, que tuvo lugar en 2007, la arrogancia alcanz? su punto ?lgido cuando se dijo a los miembros de la delegaci?n que las peticiones recibidas eran producto de la imaginaci?n colectiva de la comisi?n. En enero tuve la oportunidad de debatir abiertamente la cuesti?n con el Consejero competente de la Comunidad Valenciana, pero result? imposible hacer lo propio a nivel nacional.<\/p>\n

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Quiz?s no es una coincidencia que las autoridades espa?olas judiciales y del orden llevaran a cabo sus investigaciones al mismo tiempo que la comisi?n realizaba las suyas. Como todos sabemos, el resultado ha sido una lista casi interminable de pol?ticos y funcionarios locales espa?oles, peninsulares e insulares, que han sido detenidos acusados de corrupci?n en relaci?n con acuerdos de urbanizaci?n masiva celebrados en los ?ltimos a?os. Ya es un hecho por todos conocido que en la ?ltima d?cada se ha empleado m?s cemento y hormig?n en la construcci?n de viviendas en Espa?a que en Francia, Alemania y Reino Unido juntos.<\/p>\n

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Obviamente, esta tragedia ha hecho sombra al v?lido argumento que sostienen muchas personas en su cr?tica a las investigaciones de la comisi?n; esto es, que, por supuesto, no todas las autoridades locales son corruptas, ni todas han ca?do en la tentaci?n del dinero f?cil. Muchas han actuado de forma responsable, puesto que la mayor?a de los alcaldes locales s?lo se preocupan por sus comunidades; lo triste es que tambi?n han sido v?ctimas de la urbanizaci?n masiva.<\/p>\n

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Muchos miembros del sector inmobiliario, con los que la ponente ha mantenido reuniones, tambi?n son v?ctimas de la carrera por la riqueza y el poder pol?tico de los principales agentes. Sin duda, las constructoras m?s peque?as que operan de forma sostenible, de conformidad con los requisitos locales y con objetivos m?s modestos y respetuosos con el medio ambiente, ser?n las que, a la larga, contribuir?n a la regeneraci?n del sector cuando se establezcan y respeten una serie de mecanismos reglamentarios y de orden.<\/p>\n

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La Comisi?n de Peticiones cuenta con cientos de estudios de casos particulares contenidos en los documentos presentados por los peticionarios. Estos casos abarcan una amplia variedad de situaciones espec?ficas, tal y como se desprende de la tabla adjunta al presente informe. La mayor?a de las peticiones han sido presentadas por particulares en representaci?n de los residentes de una comunidad concreta; otras cuentan con una mayor base de apoyo; algunas proceden de personas mayores muy vulnerables que temen que los ahorros de su vida, que han invertido en su casa de retiro, vayan a quedar en manos de agentes locales irresponsables y sin escr?pulos.<\/p>\n

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La Comisi?n de Peticiones ha intentado clasificar las peticiones a fin de que los problemas afrontados por los ciudadanos europeos resulten m?s f?ciles de identificar para aquellos a los que compete encontrar una soluci?n, ya sea jur?dica o pol?tica. En la Resoluci?n, la comisi?n ha sugerido una serie de posibilidades que podr?an estudiarse con el fin de garantizar que los ciudadanos europeos reciben la indemnizaci?n oportuna por las p?rdidas que han sufrido como consecuencia de la apropiaci?n del suelo que se ha llevado a cabo. Asimismo, ha pedido la adopci?n de medidas preventivas, ya que el principio de precauci?n debe regir la evaluaci?n de impacto ambiental de todos los programas.<\/p>\n

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Ante todo, pide una mayor seguridad jur?dica y un mayor respeto de los propietarios leg?timos y sus derechos. Debe restaurarse la confianza en el sistema judicial espa?ol, especialmente en vista de las declaraciones presentadas por abogados insignes de la Comunidad Valenciana, en las que afirman claramente que no exist?a recurso jur?dico alguno para las v?ctimas de la urbanizaci?n masiva. Esto redundar? en beneficio de ciudadanos y municipios.<\/p>\n

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Pide que se ponga a disposici?n del p?blico informaci?n m?s precisa y que mejore la transparencia de las promociones inmobiliarias, con total claridad en cuanto a lo que implican para los propietarios. Cuando vaya a incurrirse en gastos, deber?n ser justificables y razonables, en lugar de arbitrarios, como ocurre a menudo en la actualidad. Nadie deber?a perder sus tierras o sus viviendas sin las debidas garant?as procesales y una indemnizaci?n justa y apropiada, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que todos los Estados miembros est?n obligados a respetar en virtud del segundo apartado del art?culo 6 del Tratado de la Uni?n Europea.<\/p>\n

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La comisi?n pide a las autoridades espa?olas competentes que revisen y modifiquen, cuando proceda, la legislaci?n, a fin de garantizar los derechos contenidos en el Tratado en relaci?n con los propietarios, y que cancelen las promociones que no respeten o apliquen las leyes comunitarias<\/a>. Los nuevos proyectos urban?sticos que no observen la sostenibilidad medioambiental, la responsabilidad social y los derechos de los propietarios leg?timos deber?an suspenderse y revisarse. La funci?n de los agentes urban?sticos y las condiciones en que las autoridades locales les han adjudicado los contratos p?blicos han sido objeto de muchas peticiones y actualmente, son objeto de procedimientos de infracci?n ante el Tribunal Europeo de Justicia. Por este motivo, la ponente no realizar? m?s observaciones al respecto, salvo que la comisi?n ha apoyado totalmente a la Comisi?n Europea en lo relativo a esta actuaci?n, al igual que muchos peticionarios.<\/p>\n

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La comisi?n entiende y respalda a las autoridades espa?olas en sus intentos de conservaci?n y de, en su caso, restauraci?n del entorno costero. Lo que no entiende es por qu? se ha recuperado la Ley de Costas de 1988 a estas alturas, despu?s de estar treinta a?os pr?cticamente en desuso mientras se produc?a tanta devastaci?n. ?Por que su aplicaci?n es tan ca?tica y arbitraria cuando se demuelen antiguas casas costeras, pero se tolera la construcci?n de nuevos apartamentos? ?Por qu? se permiti? la adquisici?n de estas viviendas durante los ?ltimos treinta a?os, de conformidad con todos los requisitos legales en cuesti?n, salvo una ley con efecto retroactivo a la que ahora tienen que enfrentarse los propietarios leg?timos y que les priva de sus derechos como tales? Resulta razonable que los especuladores y promotores inmobiliarios que contaban con los recursos legales para estar bien al tanto de la situaci?n deban ser sancionados, pero no que las personas que adquirieron su vivienda de buena fe y cumplieron los requisitos impuestos deban perder sus derechos, as? como los de sus familias y descendientes, respecto a sus inmuebles.<\/p>\n

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La Comisi?n Europea puede usar el procedimiento de infracci?n para asegurarse que un Estado Miembro cumpla con sus obligaciones de los Tratados y Directivas Europeas. El Parlamento Europeo que no tiene esta arma a su alcance, pero puede usar su autoridad presupuestaria para conseguir fines similares si as? lo decide. Baste decir a este punto que hay muchos casos en los que urbanizaci?n masiva ha incorporado elementos de la financiaci?n europea, para permitir al Parlamento y su Comit? de Control Presupuestario, investigar tales casos m?s de cerca si no se resuelven con prontitud las peticiones presentadas ante el Parlamento. Como redactora del informe espero que no sea necesario llegar a tal extremo.<\/p>\n

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Ayer se conoci? el informe de la euroc?mara acerca del urbanismo salvaje practicado en nuestro pa?s redactado por la diputada verde danesa Magrete Auken y aprobado por una aplastante mayor?a de los parlamentarios tras dos resoluciones previas en el mismo sentido deso?das por nuestras administraciones patrias. 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