La historia se repite. Garzón cerró Egin y Dell Olmo Egunkaria. Ya lo decíamos estos días atrás en los biTs: jueces de la Audiencia Nacional utilizan su cargo para hacer política con sus autos contra el nacionalismo vasco. Y la noticia que salta hoy a las rotativas no podía venir más como anillo al dedo. Después del cierre «cautelar» decretado contra el periódico vasco en 2003, años después la propia Audiencia decreta en la sentencia dada a conocer hoy que:

no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal, especial y expresa que la autorizara

Vamos, que Del Olmo se inventó la ley para cerrar un diario nacionalista con el pretexto de que era ETA o parte de su entramado difuso en el que han colocado a medio País Vasco. Pero es que además la propia sentencia de Gómez-Bermúdez es brutal cuando dice que el juez se comporta como un auténtico liberticida conculcando derechos fundamentales como la libertad de expresión.

La acción contra los directivos del periódico fue brutal. Iñaki Uría pasó un año y medio en la cárcel, Xabi Oleaga ocho meses y Juan Mari Torrealday a cuatro. Además algunos de ellos sufrieron incomunicación y torturas para sonsacarles información sobre una entrevista que hicieron a miembros de ETA. Se les unió junto con otro directivo de Egin (Xavier Alegría) al llamado «frente mediático» de la banda terrorista,  a través de un proceso que acabó con otro periódico y una radio abertzales cerrados para siempre por Garzón a pesar de haber sido desmontado por instancias judiciales.

La sentencia reconoce que:

(…) en la valoración de las declaraciones de los procesados tiene especial relevancia que las denuncias de estos sobre malos tratos y torturas sufridos durante la detención incomunicada –que fueron relatadas con detalle en la vista oral y antes ante el instructor y objeto de denuncia en los tribunales- son compatibles con lo expuesto en los informes médico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención, si bien el Tribunal no puede llegar a conclusiones jurídico penalmente relevantes sobre el particular salvo constatar que no hubo un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicación.

El estado debería indemnizar a los encausados y a la sociedad editora del periódico para reparar los daños morales y económicos causados, hacer cargo a los denunciantes de las costas del juicio para el que nunca hubo ninguna prueba, pedir disculpas públicas por seguir practicando la tortura, inhabilitar a jueces prevaricadores que busquen atajos en las leyes para conseguir objetivos políticos y suavizar el régimen de incomunicación (uno de los más duros de Europa) que tantos huecos deja para la práctica de malos tratos y torturas. Así algunos podremos creer al menos un poco en la justicia de nuestro país.