Tal y como estaba previsto, el Tribunal de Estrasburgo ha anulado la doctrina Parot, una jurisprudencia del Tribunal Supremo de 2006 que permite, de facto, aplicar la cadena perpetua en nuestro país a pesar de que no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. La doctrina Parot era un reducto del estado de excepción que, aún, reina en Euskadi, un artificio legal gestado como medida política para luchar contra el terrorismo de ETA que anula las garantías democráticas de nuestro sistema penitenciario y la propia esencia de la reinserción y rehabilitación social, objetivo final de las penas de privación de libertad. Junto con la política de dispersión de presos, también manifiestamente ilegal, conforman dos de las normas excepcionales concebidas y aplicadas para combatir el terrorismo.
El pasado año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya dictaminó la ilegalidad de la doctrina Parot y conminó al gobierno español a poner en libertad a una miembro de ETA que ya había cumplido más de los 18 años de cárcel reglamentarios. La sentencia quedó muy clara, ya que su aplicación violaba varios artículos de la Convención Europea de los Derechos Humanos. La sala principal del Tribunal ayer mismo dejó claro que la retroactividad en derecho es inaplicable, por mucho que duela. No se pueden inventar condenas adicionales en procesos ya juzgados. No se trata de garantismo extremo, se trata del puro y simple respeto por la democracia y debería darnos vergüenza que haya tenido que ser Europa quien nos lo recuerde.
Pero no, aquí pocos reconocen las culpas propias, nadie quiere ponerse frente al espejo y enfrentarse a los crímenes y burradas que se han practicado en nombre de la democracia en nuestro país en nombre de la lucha contra el terrorismo. Prefieren buscar fuera el origen de todos los males, inventando absurdas teorías conspiratorias o culpar al expresidente de nombrar a un superjuez capaz de convencer a todo un tribunal al completo de que lo mejor para todos era cumplir un pacto que el PSOE había suscrito años atrás con ETA el el hipotético caso en que, en primera instancia, el TEDH decidía que la «doctrina Parot» era efectivamente ilegal. Partidos políticos de la derecha y periodistas de la caverna mediática están creando una gran alarma social para exculpar al PP y acusar a ZP en solitario de la decisión del Tribunal. Lo malo de esa estrategia es que, cuando se han azuzado tanto los perros durante tanto tiempo, aunque se lo pida su amo, es muy difícil que dejen de ladrar o morder de un día para otro. Así que, al final, los más rabiosos piden también el incumplimiento de la sentencia aduciendo, aún a sabiendas de que es falso, que no es vinculante y que no sucedería nada si nos la pasásemos por el arco del triunfo patrio.
El Partido Popular no tendrá más remedio que acatar la sentencia y liberar más temprano que tarde a alrededor de 70 personas que ya han cumplido de sobra su condena. El temor de la derecha es que ello conllevará una clara pérdida de confianza del ala más ultra de sus votantes, que se sumará al desgaste sufrido por la nefasta gestión económica y social que ha demostrado en los años que lleva en el gobierno. Por muchas fotos que se hagan con las asociaciones de víctimas del terrorismo de derechas, al final quedará que serán ellos los que liberen a los etarras de más largas condenas. Sin embargo, colateralmente, gracias al TEDH es posible que se de un paso importante hacia la normalización definitiva de la vida política en el País Vasco, ya que la derecha española sigue sin avanzar ni un ápice en el proceso de paz en el íntimo deseo de que pudiera torcerse e incluso revertirse algún día por alguna escisión incontrolada. Siempre han estado más contentos con una ETA débil que con los abertzales en las instituciones. Quizá tengamos que agradecer a Europa que se den nuevos pasos hacia el definitivo y deseado final de la organización terrorista.
