Siempre se suele decir que en los países mediterráneos la gente odia pagar impuestos, que no son solidarios con la comunidad. Esta afirmación se contrapone inmediatamente con lo que acontece en los países del centro y del norte de Europa donde la ciudadanía paga sus impuestos gusto y donde defraudar al estado, lejos de ser una machada de la que sentirse orgulloso, es una actitud penada socialmente. Generalizaciones aparte, me niego a creer que los mediterráneos seamos gente insolidaria. No hay más que ver qué sucede por ejemplo con las donaciones de órganos, donde nuestro país se sitúa a la cabeza mundial, o con la respuesta familiar y social a la crisis aguda por la que estamos atravesando. No, no se trata de eso. La desafección hacia el estado, que es lo que manifiesta el deseo de no pagar impuestos, tiene que ver mucho más con la percepción pública de la corrupción, de la impunidad de los defraudadores y del distanciamiento frente a una clase política que dice representar al pueblo pero que gobierna para intereses ajenos a él. También se relaciona con la calidad de los servicios ofrecidos por el estado.
Mucho se ha hablado por la patronal y la derecha política y mediática de copiar los minijobs alemanes como medida para atenuar el paro. Pero ¿alguien en su sano juicio puede pensar que se puede vivir con 400 euros al mes? ¿cómo lo hacen los alemanes? Pues es muy fácil, a través de los salarios indirectos que les proporciona el estado. Si el estado del bienestar te paga agua, luz, alquiler de la vivienda, guarderías y libros de texto, atención sanitaria… es posible que con 400 euros una familia pueda ir tirando mientras encuentra un empleo mejor. En un país como el nuestro, pensar en esos términos es poco más que política ficción. Recuerdo las movilizaciones que se produjeron en Gran Bretaña cuando se redujeron las ayudas por hijos a las familias al inicio de la crisis, un estudio analizaba cuánto dinero podía percibir una unidad familiar media de 5 personas con todos sus miembros en paro y se acercaba a los 50.000 euros anuales. ¿Cuántas familias cobraban esa cantidad en nuestro país antes incluso de que comenzara este ciclo recesivo?
En situaciones similares, ¡claro que una mayoría de personas pagaría gratamente sus impuestos!. Pero cuando no cesan de oír hablar de sobresueldos a políticos, de sobrecostes en las obras, de sobres en negro, de sueldos y pensiones millonarias, de obras faraónicas sin sentido, de evasión y elusión tributaria en paraísos fiscales, de puertas giratorias desde lo público hacia las empresas que más nos explotan… ¿alguien en su sano juicio podría pensar de que así se pueden pagar impuestos alegremente? Si para colmo, instituciones como la iglesia no pagan impuestos, si a las grandes fortunas se le hacen leyes a medida para no tributar y si la fiscalidad empresarial tiene miles de agujeros para cotizar infinitamente menos que el trabajador asalariado… ¿cómo se puede pedir responsabilidad cuando las rentas del trabajo suponen más del 80% de la recaudación del impuesto sobre la renta? ¿por qué sólo contribuimos los trabajadores y trabajadoras a la financiación del estado y no las rentas empresariales o las del capital?
La cosa aún empeora cuando mencionamos la deuda ilegítima que pagamos para el rescate de los bancos y de sus «pobres» accionistas o los impuestos que se cotizan para gasto militar inútil permanente, para el boato real, etc. En una democracia participativa, donde los presupuestos se sometieran al arbitrio popular cada año, como ocurre en algunos municipios gobernados por las izquierdas, la sensación de lejanía tributaria se reduciría enormemente. No, no somos insolidarios. Lo que sucede es que nadie quiere contribuir con un estado insolidario, injusto y corrupto. Sin corresponsabilidad y equidad, la economía sumergida y el microfraude a las arcas públicas siempre estarán a la orden del día, es la respuesta natural de los de abajo. Basta de falsa moralina.