La deriva dictatorial de Panamá

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Mañana hay convocada una huelga nacional en Panamá. Las noticias que vienen de allá en los últimos días hablan de represión policial, de muertes a manos de los aparatos represores del estado, de allanamientos de morada, detenciones selectivas, desapariciones… La provincia de Boca del Toro se ha convertido en escenario de una verdadera dictadura militar de los años ochenta sin que de este lado del Atlántico apenas lleguen noticias de allá. El motivo la aprobación gubernamental de la Ley 30, conocida popularmente como la Ley Chorizo o la Ley Muerte, una ley ecocida, que promueve el crimen y la impunidad, la conculcación de derechos fundamentales, que da al estado licencia para matar… en suma una norma autoritaria impropia de un régimen democrático más acorde con un estado autoritario. Habrá que seguir de cerca las informaciones sobre el seguimiento de la convocatoria y los previsibles actos represivos. Os recomiendo visitar las páginas del movimiento social Frenadeso, el sindicato Suntracs o Kaos en la Red.

2 Comentarios

  1. La lucha sigue por la derogación total de Ley 30 y Ley Carcelazo

    El éxito del movimiento también se mide por sus logros: aunque la Ley 30 y la Ley Carcelazo no han sido derogadas, el gobierno se ha visto en la necesidad de suspender los efectos de de los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 30, que fue el principal logro de la lucha de Bocas del Toro.

    Sin embargo, todo el movimiento sindical ha dicho con claridad que, si bien este es un logro, no satisface, porque la demanda es por la derogación completa de la Ley Chorizo que, además de los artículos antisindicales, contiene aspectos que afectan a las regulaciones ambientales y a los derechos humanos, como la impunidad que se pretende establecer hacia los elementos de la Policía, cuyo primeros efectos se han visto en las salvajidades cometidas contra la población bocatoreña.

    Además el gobierno se ha visto obligado a convocar una Comisión de “Diálogo”, con posterioridad a los hechos, respecto de la cual advertimos que la representación obrera está disminuida a tres voceros de un total de 13 personas compuestas por funcionarios del ejecutivo, el sector empresarial y las iglesias.

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