Si se cierran permanentemente todas las puertas a la participación política del independentismo vasco de izquierdas, ese parece ser el mensaje de fondo de la sentencia política dictada hoy por el Tribunal Supremo: estamos más cómodos con ETA moribunda ad eternum que con la izquierda abertzale en las instituciones. Permitir que una parte del electorado vasco tenga un espacio ideológico a quien votar hubiera supuesto el espaldarazo definitivo a quienes, como Sortu, apuestan por vías exclusivamente políticas para defender sus ideales. Los duros de ETA, los que no quieren el abandono de las armas y abjuran del proceso iniciado por la mayor parte de la IA estarán dando saltos de alegría, la sentencia refuerza su posición de mantenerse en la lucha armada.
Unos estatutos que copian literalmente artículos clave de la Ley de Partidos y acata la jurisprudencia vigente es imposible que sean ilegales. Sólo mediante el uso de prejuicios e interpretaciones en clave política es posible que se dictase una sentencia tan reñida como la que hemos conocido hoy en la que ha triunfado el no a Sortu por 9 votos frente a 7. El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, persona nada sospechosa de connivencias con el mundo batasuno, ha afirmado que se cumple la ley «a rajatabla». Literalmente ha declarado que:
Jurídicamente era casi imposible denegarle a Sortu la existencia como partido político legal. Los pasos que se han dado se ajustan perfectamente a la Ley de Partidos. No veo de qué manera se ha podido anular. No creo que haya base jurídica. Lo que parece que se ha hecho es decir ‘no nos fiamos de ustedes’
Si no existe base jurídica para la ilegalización ¿en qué se han basado pues para semejante aberración?. Se supone que básicamente apelan al continuismo con formaciones ilegalizadas previamente, a que Sortu ha condenado los atentados de ETA pero no ha explicitado la condena a los atentados pasados de la banda. Sortu nace con la pretensión de representar a la izquierda abertzale, por tanto siempre se le podrán hallar relaciones con Batasuna, con Euskal Herritarrok, etc. Para muchos cualquier partido de ese espectro político siempre estará contaminado por el terrorismo, por lo que nunca podrá legalizarse haciendo interpretaciones cicateras, políticas o torticeras de la Ley de Partidos. De facto se está negando a decenas de miles de personas la posibilidad de presentarse a las elecciones, o lo que es lo mismo, se les está impidiendo ejercer derechos constitucionales fundamentales a pesar de no tener cuentas pendientes con la justicia. El no creerse o no fiarse de lo escrito en un documento no es un argumento legal en ningún país medianamente serio, nos sitúa claramente a la altura de cualquier república bananera o democracia vigilada.
Ya sólo queda el recurso de amparo al Tribunal Constitucional para enmendar esta injusticia contando con que se pronuncie antes de la fecha limite para la inscripción de candidaturas de las elecciones municipales de mayo. También queda por desvelar el plan b y el c de la izquierda abertzale para poder concurrir al mencionado proceso electoral mediante la integración en Eusko Alkartasuna o la constitución de listas independientes. De todas maneras, con ese logo tan horroroso, no había quien augurara a Sortu una larga vida 😉
Esta historia, no indica fortaleza alguna por parte del Estado de Patraña. Esta demostración viene a decir que, quien marca los pasos es la sociedad vasca, con sus colectivos y dirigentes más activos a la cabeza. Nuestro pueblo, aunque no tenga cauces legales para decidir, va tomando decisiones ante las cuales el Estado español se muestra flojo y despistado, por mucho que saque a relucir su polvorín arsenal de jueces, leyes, represión y brunetes para la manipulación de la información.
Sus ansiedades,con todos sus complejos y fijaciones neo-franquistas, no les deja actuar con raciocinio. El pánico a los cambios les agarrota y recurren, necios, a viejas recetas.Y, es que, hace ya tiempo que el Estado, como tal, patina entre el lodo, y la división en el Supremo es muestra de su incapacidad para ponerse de acuerdo en cómo salir del atolladero.
Es algo increible que se produzca esta decisión con los argumentos que se han ofrecido. No tengo ninguna esperanza en el constitucional, pero quizás esta vez haya alguna opción. Veo mucho má plausible la opción del plan B de unirse a Eusko Alkartasuna. Sinceramente creo que al final se van a presentar de una forma u otra…
Pues sí, se trata de una ilegalización «preventiva» una barbaridad jurídica que nos coloca a la altura dictadura bananera
Hace unos días, durante unas jornadas sobre la administración de justicia, un insigne jurista ex-vocal del Consejo General del Poder Judicial contó a los presentes que, según un ranking de la OCDE, España estaría en el puesto 66 en parámetros de independencia judicial. Justo por encima (o por debajo) de la República Islámica de Irán. Por mucho que se relativice el dato -que debe hacerse- resultaría escandaloso en cualquier país. Al contrario, aquí se esgrime la independencia judicial y el estado de derecho para avalar las decisiones disfrazadas de jurídicas. El ministro de Justicia afirma que los jueces se equivocan. Él dice que los de Estrasburgo. Los del Supremo no se equivocan, no.
DEIA | Enrique Santarén 2011/3/28
si que es fuerte el dato Mikel..