La AN ha condenado a Otegui y a Usabiaga a diez años de cárcel y a Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y a Sonia Jacinto a 8 años por tratar de organizar un partido político para desligar a la Izquierda Abertzale de ETA y presentar una alternativa de paz que es lo que actualmente acontece en el País Vasco a pesar de las maniobras por acción u omisión del estado español. Siguiendo la doctrina original de Garzón de que «todo es ETA» aún sin más pruebas que sus propios prejuicios de justiciero, los acusa de integración de banda armada cuando lo que perseguían con la formación de Bateragune era quitarle a ETA su base social de apoyo y atraerla justamente a la acción política.
No podía esperarse otra cosa de un tribunal de excepción, un tribunal especial absolutamente político, desconocido en su clase en todo el ordenamiento jurídico europeo. Ya es hora que desaparezca de una vez por todas y se elimine una institución más propia de una dictadura totalitaria que de un estado democrático. No en vano se creo en 1977 dando continuidad al Tribunal de Orden Público franquista cuya misión fundamental era la persecución política de los opositores al régimen. De hecho, la propia existencia de la Audiencia contraviene artículos constitucionales que garantizan que los delitos se juzgarán por el juez ordinario competente en el lugar donde se ha cometido que, entre otras cosas, pretende evitar las concentraciones de poder, agravada por la posesión de competencias de la AN sobre todas las fases de la instrucción.
Pero es que además, este Tribunal acepta y por tanto fomenta en la fase de instrucción medidas como la incomunicación o la tortura y obvia repetidamente la presunción de inocencia, de ahí las continuas denuncias que aparecen todos los años en organismos internacionales a pesar de los permanentes intentos de justificación y ocultamiento adoptados por los sucesivos gobiernos del estado. La Audiencia ha sido criticada en múltiples foros por ser un claro instrumento inquisitorial del poder para judicializar la vida política del país y politizar a su vez la justicia. Son bastante conocidas las instrucciones y las sentencias de jueces populistas como Garzón dictadas sin el más mínimo respeto al derecho con clara intencionalidad política a sabiendas de que serán tumbadas años más tarde en otras instancias cuando y han cumplido sus objetivos de manera irreversible provocando estados de indefensión absolutamente manifiestos.
Probablemente sea esto lo que ocurra dentro de algún tiempo. Serán puestos en libertad sin cargos y se les reconocerá como los impulsores del proceso de paz habiéndose tenido por ello que enfrentarse tanto al aparato militar de ETA —jugándose literalmente la vida en algunas ocasiones— como al aparato represor de los gobiernos fascistoides españoles. De momento, sólo pueden considerarse como lo que son, presos políticos condenados por un tribunal político con claras connotaciones franquistas.
Llaman Audiencia a lo que es sordera.
Incapaces de elaborar estrategias para solucionar problemas, son un problema en si mismos.
Decía el bueno de Montesquieu, y de eso hace ya algún tiempo, que la peor de todas las tiranías es la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia. Existen afirmaciones que pareciesen, muy a nuestro pesar, atemporales. Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde la Ilustración y España permaneció impermeable y refractaria a sus influencias. ¿Separación de poderes? ¡Mariconadas de afrancesados! En la piel de toro, patria de Fernando VII, continua con la narcolepsia de la razón, como ya anunciara Goya, no ha producido otra cosa que monstruos.
¿Pruebas de cargo contra el acusado? Una pérdida de tiempo, algo a todas luces innecesario ¡Al enemigo se le aniquila de una manera u otra! lo más característico de la democracia a la española, lo permite. La aplicación de la justicia es la aplicación de la venganza.
Lo denunciaba Francisco de Quevedo, que lo experimentó: «donde hay poca justicia es un peligro tener razón». En el país de ciegos en que han convertido a España, al tuerto ya no lo hacen rey, sino que lo llevan preso.
Leyendo y releyendo la última sentencia contra Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto, cómo no evocar la lúcida afirmación de Bertold Brech: «Muchos jueces son absolutamente incorruptibles; nadie puede inducirles a hacer justicia», y eso que no conoció a los herederos del Tribunal de Orden Público.
La experiencia resulta buena maestra con la que desechar ilusiones. Es cierto, pero lo que ocurre en los confines establecidos por «Isabel y Fernando el espíritu impera» ya clama al cielo. No es el no dar la talla ante los cambios de escenario político porque sus señorías son lentas en el discurrir. Incapaces de solucionar los problemas, se han convertido, si alguna vez no lo fueron, en el problema en sí. Resultado tardío de la no depuración de los cuerpos judicial y policial en la llamada transición democrática, de tales mimbres salen tales cestos. Lo más reaccionario de Europa y hasta del África tropical que cantaba el Cola-cao luce toga y puñetas, hace un alarde de grosería y malas formas con quien considera su enemigo ganando el aplauso de la caverna mediática. Cuanto más grotescos se muestren sus señorías con los enemigos públicos, más parabienes alcanzarán y más vítores recibirán de policias y asociaciones remuneradas.
La Audiencia Nacional fue creada contra la disidencia y los enemigos del Estado. En su frontispicio no debiera aparecer dama con balanza alguna, sino la idéntica inscripción que figura en la puerta del Infierno de Dante: «Abandone toda esperanza, aquel que entre aquí», pues el que traspasa la puerta es ya un condenado. Lo era ya incluso antes de la detención.
Nunca fue muy dado el Estado español a la negociación. Sus antiguas colonias dan fe de ello. Una pena. A Otegi y a los otros será la movilización quien los libere. Así pues, arreando, que es gerundio.
Fede de los Ríos
mu bueno, Mikel