Por fin ha finalizado el mandato del Poder Judicial, en estos momentos convertido en un puro instrumento de lo más rancio de la ultraderecha popular para hacer frente al gobierno, a sus políticas y especialmente al proceso de paz con ETA. El anterior Consejo eligió a sus miembros en tiempos de mayoría absoluta del Partido Popular en en Congreso, de ahí la virulencia con que sus miembros siguen las consignas de Génova para dificultar la acción de diaria del actual gabinete.
Sin embargo, no va a ser fácil el cambio. Como se requiere mayoría de tres quintos de ambas cámaras, indefectiblemente se necesita el acuerdo con el PP para que se produzca la renovación de los jueces integrantes del CGPJ y éste no va a firmar nada que le suponga perder la capacidad de veto de que ahora disfruta para nombrar los miembros de los Tribunales más importantes del estado (salvo el Constitucional). Si no hay acuerdo, los actuales magistrados continuarían en funciones sine die, algo que hace bastante feliz a los populares y que juega en contra del PSOE a pesar de que la imagen que está ofreciendo el Poder Judicial en los últimos tiempos raya la ridiculez más absurda. ¿Cómo puede esperarse que los de abajo interpretemos sentencias o peticiones de condena diametralmente opuestas cuando parten de jueces de uno u otro lado? ¿Acaso la justicia es tan interpretable que cabe dentro de lo «justo» un espectro tan amplio de decisiones casualmente tan dispar como posturas hay en el Congreso de los Diputados y Diputadas? La sensación que tenemos muchos es la que inmortalizó aquel alcalde andalucista que dijo que «la justicia es un cachondeo».
Ellos mismos dicen que no están sometidos a la pugna parlamentaria, que sólo se deben al «imperio de la ley» pero ponen como ejemplo que su elección no es acorde con los cambios políticos al ser su mandato es de 5 años y no coincidir con las incorporaciones de nuevos gobiernos. ¡Cómo si ello sólo bastara para que se pensara que no están absolutamente politizados! En todo caso podría pensarse que no dependen del actual gobierno si ha habido un cambio de signo, pero dependerían del anterior partido relegado a una situación de oposición. ¡Con qué poco se conforman sus señorías! Basta echar un vistazo a las noticias relacionadas con el Consejo General del Poder Judicial de los últimos días para ver su relevancia en la estrategia de oposición al gobierno socialista. El sistema no funciona.
La lista amplia (36) de futuros miembros del CGPJ ya ha sido entregada por su presidente a las cámaras. Como marca la actual norma de 2001, ha sido elaborada a propuesta de las asociaciones profesionales en función de su número de afiliados (de tendencia progresista o conservadora) y ahora serán las cámaras las que tendrán que elegir a los 21 integrantes definitivos del Consejo. Lo más normal es que a grandes rasgos todo siga como hasta ahora: los magistrados de uno u otro bando serán fieles a aquellos que les proponen y la presunta independencia del poder judicial será sólo eso, presunta. Como recoge hoy mismo Soledad Gallego-Díaz en un artículo de El País:
>Nada es comparable, sin embargo, al efecto que esta política de cuotas ha tenido en la opinión pública respecto a la justicia, según reconocen políticos de todo el espectro parlamentario. Las batallas judiciales son en buena parte responsables de que, según el CIS, el 84% de los ciudadanos piense que la justicia no da el mismo trato a todos los españoles, de que el 56,3% tenga poca o ninguna confianza en la Administración de justicia o de que el 39, 6% de los españoles crea que los jueces tienen una independencia baja o muy baja, frente a un escaso 36% que les cree capaces de decidir honestamente.
Es hora de plantear un cambio drástico en la elección en aras de asegurar la verdadera independencia de los jueces, uno de los pilares del estado de derecho pero sin convertir a sus señorías en una casta suprema donde el pueblo no tenga nada que opinar al margen de las elecciones partidarias, donde con una consulta cada cuatro años se piensan que puede tener tantos usos como una navaja suiza.
[…] La solución, al final de la página en los biTs rojiverdes rojiverde, 21:29 – Archivado en Noticias, PolÃtica, Sociedad. menéame […]
El judicial es el único poder del estado en el que no se ha producido transición alguna con la llegada de la democracia.
Ya va siendo hora.
¿Porqué a la hora de nombrar y cubrir plazas del Supremo, no tienen en cuenta su trayectoria laboral, prestigio y sentencia de muchos magistrados incluso presidentes de Audiencias que han estado ejerciendo su buen hacer durante años y que viven en provincias y dedican su tiempo al trabajo y no a las relaciones sociales, vulgarmente «al peloteo»?. Por el respeto que tengo a la carrera judicial, busquen y encontraran. Devolveran el prestigio y la dignidad del Supremo. Espero que mi humilde reflexión sea compartida….Gracias