¿Una ley de punto final para la dictadura franquista?

Tras muchos meses de espera, el gobierno ha remitido por fin a las Cortes el Proyecto de Ley «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura». Sin embargo, el texto ha defraudado tanto a los partidos de izquierda, como a las víctimas y a las asociaciones de que trabajan por la recuperación de la verdad, la justicia y por la reparación de los daños sufridos por aquellos luchadores y luchadoras por la legalidad democrática y la libertad frente a la dictadura franquista. Muchos de ellos acabaron sus días en las cárceles, ejecutados a garrote vil o desaparecidos en anónimas fosas comunes. Con sólo hacer mención a los 30.000 desaparecidos en el Estado Español durante la égida del general Franco, Pinochet aparecería como un simple aprendiz de brujo.

La ONG Amnistía Internacional, cuya legitimidad para tratar este tipo de temas en cualquier lugar del mundo es incuestionable, opina en un duro informe redactado para analizar el proyecto que el texto:

>obvia por completo los derechos humanos y el derecho internacional y más bien propone obstáculos a los derechos de las víctimas

por establecer, entre otras cosas, mecanismos de impunidad para encubrir a los autores de violaciones de derechos humanos. Parece cuando menos paradójico que nuestros políticos y jueces se preocupen por el proceso judicial a los responsables de la dictadura chilena, guatemalteca o argentina, dejen impunes en la práctica los crímenes de nuestros propios fascistas en aras a una falsa reconciliación nacional enmarcada en una transición tutelada por la propia dictadura franquista.

Por eso esta ley debe ser retirada o reformada de principio a fin. Las discrepancias no se reducen —como recogen la mayoría de los medios— a la anulación de las sentencias políticas dictadas por el franquismo, tanto por los tribunales especiales dedicados a la pura represión, como a todos los ordinarios sometidos a los poderes de la dictadura. Baste ver lo sucedido con el juicio a los militantes anarquistas, Francisco Delgado y Joaquín Granado, asesinados a garrote vil en Carabanchel a pesar de ser inocentes y que ayer mismo el Tribunal Supremo ha preferido que no se revise la condena sumarísima y que siga prevaleciendo la «justicia» franquista. Eso es lo que tendría que acabar con esta ley.

Otra aspecto del proyecto de ley también inaceptable es la pretensión de dejar a los familiares la responsabilidad de localización de las fosas comunes de las víctimas de la dictadura, sobre todo cuando se legisla con celo sobre el secretismo y la protección de los documentos en los que puedan aparecer los nombres de los asesinos o torturadores del régimen. Como dice la propia AI:

>Trasladar al ámbito privado a las víctimas y sus familiares la responsabilidad de localizar las fosas y los restos de personas desaparecidas refleja desprecio a la dignidad de las víctimas y una confirmación de su indefensión por parte del Estado español.

>Llama la atención que un Proyecto de Ley (…) proponga fórmulas que desvirtúan y ponen límites a los derechos de las víctimas, mientras se garantiza a los autores de graves abusos que sus nombres no serán revelados

Mientras no seamos capaces de enfrentar con libertad ese periodo negro de nuestra historia reciente, mientras no podamos pasar página con la seguridad de que se ha hecho justicia a las víctimas, no podremos decir que vivimos en plena democracia. Para este viaje no se necesitaban alforjas. Aún hoy se está persiguiendo a muchos asesinos del nazismo alemán pero nuestros nazis andan sueltos. Y no me refiero particularmente a los crímenes de guerra cometidos en los años 36 a 39, sino especialmente a las víctimas de la represión de los 40 años de la dictadura, donde todo el aparato de un estado (militar, judicial, policial…) se puso al servicio de la negación de los derechos humanos más fundamentales, incluido el derecho a la vida, de buena parte de la sociedad española.