La Fiscalía pide al Tribunal Penal Internacional que investigue a los responsables del abordaje pirata a los activistas de la flota humanitaria que viajaba hacia Gaza con medicinas y alimentos por haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en vulneración de la IV Convención de Ginebra.
El fiscal Pedro Martínez Torrijos, considera que la jurisdicción española es competente para enjuiciar el caso por haberse producido en aguas internacionales y por afectar a ciudadanos de nacionalidad española que, aunque no resultaron muertos como nueve de los activistas de la tripulación turca del Mavi Marmara, sí que fueron detenidos y llevados por la fuerza a Israel. Los cargos imputados por todo ello son delitos de lesa humanidad con resultado de detención ilegal, deportación y tortura.
En su alegato dice textualmente que se erige en competente por la:
«Condición de víctimas sufrida desde el momento en que fueron objeto de un presunto delito de detención ilegal y tratos inhumanos y degradantes en el ámbito de Crimen de Guerra o delito de Lesa Humanidad conforme al análisis expuesto».
«Los hechos denunciados constitutivos de delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra están contemplados en el catálogo del TPI, se han cometido bajo la vigencia del citado estatuto, las personas presuntamente responsables están sometidas a la jurisdicción del TPI y finalmente el lugar de comisión se localiza en el territorio de un país que ha ratificado el Estatuto de Roma lo que permite afirmar la competencia del Tribunal Penal Internacional para la investigación de los hechos acaecidos en el mar frente a las costas de la franja de Gaza»
Y todo ello a pesar de que el anterior gobierno socialista —en este caso con Zapatero y Moratinos al frente— ofreció en 2009 impunidad a los genocidas del mundo, por puro sometimiento a las presiones de Israel y el sionismo internacional, mediante una modificación legal que impide la jurisdicción universal en crímenes de lesa humanidad, en respuesta a un auto del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que imputaba a un ministro y a seis militares israelíes por la muerte de 15 palestinos durante un bombardeo en Gaza en 2002.
Ahora el escrito tendrá que ser trasladado al Ministerio de Justicia para que lo eleve al Consejo de Ministros quien, obviamente, lo paralizará de inmediato. No obstante, en ese caso, los denunciantes podrán continuar la denuncia presentándola directamente ante el Tribunal Penal Internacional. La denuncia, interpuesta por los españoles integrantes de la Flotilla Manuel Tapial, Laura Arau y David Segarra, va dirigida contra el actual primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y otros seis cargos de su Gobierno (Ehud Barak, Avigdor Lieberman, Moshe Yaalon, Eli Yishai, etc.), junto con un mando militar responsable de la operación.
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Le crecen los enanos al estado terrorista de Israel.
El viernes la revelación de que efectivamente participaron en el asesinato de Arafat*, y ahora esto.
¿Sería la revelación de Simon Peres un descuido, u obedece a una táctica de control de daños?
Vaya usté a saber…
Con las investigaciones que hay actualmente en curso sobre la muerte de Arafat, terminaría por saberse de todos modos.
Pues sí, los informes no tardarán en conocerse y deben estar bastante claros: polonio. Lo de Peres no debe ser casual, nunca lo es, quizá daño por entregas, movida electoral (queda como una semanita), quizá un globo sonda para ver si anunciaban una denuncia en el TPI…