El PP impone su sharía en España

Hace algunos meses, una dirigente popular alababa públicamente la determinación del extremismo islámico en la defensa radical de sus valores religiosos. Al parecer, echaba de menos la mezcla de religión y estado al estilo talibán o al más moderno y ubicuo de los Hermanos Musulmanes. En aquel tiempo, muchos, incluso en la derecha, se llevaron las manos a la cabeza por esas declaraciones. Sin embargo, no fue el brindis al sol de otro verso suelto de la derecha ultracentrista. Más que un simple deseo expresado extemporáneamente, se trató casi de un sueño premonitorio. No hay más que ver lo que está sucediendo estos días en el Parlamento de Madrid y en Génova 13 para ver cómo nuestro país anda gobernado por un grupo de peligrosos talibanes.
Una ley del aborto que nos aleja de esa Europa en la que dicen que estamos integrados y que nos hace retroceder treinta años en el reconocimiento de los derechos individuales de la mujer, es sólo una de las iniciativas que van a aprobar en contra del resto del parlamento y en contra de la mayoría de la opinión pública del estado. Cuando la promulguen volverán los tiempos de la España negra, cuando el estado podía decidir sobre el cuerpo de la mujer, privarlas de su libertad y de sus derechos, obligándolas a traer al mundo a un ser cuya maternidad no puede, no quiere o no se siente capaz de asumir. Volveremos a los tiempos de las recetas abortivas caseras, a los abortos clandestinos que pondrán en peligro la salud de la mujeres menos pudientes o a los viajes en business a Londres a abortar para las mujeres potentadas. Quizá incluso a regresemos a las detenciones de pacientes y personal sanitario por practicar interrupciones de embarazos consideradas ilegales por los talibanes peperos.

Nos están metiendo de lleno en la España en blanco y negro, en la del Nodo. Estos meapilas integristas que han asaltado el estado son tan displicentes a la hora de proteger al nonato como para abandonar alegremente al nacido, tan raudos en velar por los derechos de personas con graves problemas congénitos como en eliminar las ayudas a los dependientes, en cerrar centros para personas con discapacidad o recortar las pensiones de los más desfavorecidos. Si quieren reducir o eliminar los abortos por causas económicas, nada mejor que lo que hacen en otros países de nuestro orbe: pagar vivienda y salario para madres solteras en paro o a las familias en riesgo de exclusión, no pueden hacer este tipo de propuestas mientras paralelamente desmantelan el exiguo estado social de derecho que a duras penas habíamos conseguido.

Da igual que consideremos que la ofensiva católica apostólica del PP se esté produciendo para tapar la pésima política económica o para que el ala más conservadora del partido se sienta representada por una dirigencia que está literalmente destrozando el país. Incluso tampoco es relevante que la misión nacional católica haya que entenderla en clave interna para posicionar a ministros conservadores para futuras contiendas internas. Lo cierto es que, entre recorte y recorte, entre porrazo y balazo de goma, el Partido Popular parece empeñado en montar la novena cruzada evangelizadora a golpe de Boletín Oficial del Estado.

Si a cualquier persona de Europa se le dice que los obispos españoles, en virtud de una Ley Hipotecaria franquista aún vigente, están hoy investidos de la autoridad de registradores de la propiedad y que pueden inmatricular sin exposición pública y sin presentar prueba alguna edificios del patrimonio nacional, vecinales o comunales que no figuran a nombre de nadie, se llevarían las manos a la cabeza. Si además se enteraran de que en los últimos años se les ha permitido robar muchos miles de edificios sin pagar nada por ello ni abonar impuestos como todo hijo de vecino, ya nos situarían directamente al nivel de una república bananera o un feudo medieval. Es lo que tiene ser aún la reserva espiritual de occidente.

Pero no queda ahí la cosa. En la educación, o en lo que queda de ella tras el paso de Atila Wert, se sigue el mismo camino. Pronto veremos más y más colegios segregados por sexos, con niños y niñas que vivirán sin interactuar entre ellos en los espacios educativos casi hasta su mayoría de edad. En su empeño por dejar expedito el camino de la religión católica en las aulas públicas, van a eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, un malogrado intento de montar una alternativa políticamente correcta a los hijos e hijas de padres agnósticos, ateos o practicantes de religiones diferentes a la católica, apostólica y romana. La han estado torpedeando sin piedad desde su concepción, antes incluso que llegara a ver la luz y la van a matar durante su tierna infancia. Prácticamente han estado impidiendo todos estos años que los niños y niñas que no fueran a catequesis pudieran hacer nada provechoso durante ese tiempo: ni EpC, ni hacer tareas atrasadas, ni refuerzos educativos, ni contenidos alternativos… ni horas libres. Todo para que a ningún padre o madre se le ocurriese optar por pasar de la única y verdadera religión. Lo peor del caso es que a ello tampoco son ajenos los anteriores gobiernos del PSOE, su carácter contemporizador y pusilánime le ha impedido sacar el adoctrinamiento religioso de las escuelas, admitiendo además que fuera el propio estado quien se hiciera cargo de la contratación y el pago de los catequistas y profesores que nominaran los obispos por obra y dedo de dios. Si durante los años de gobierno socialista hubieran tenido el arrojo de hacer cumplir la constitución y alejar la evangelización de la educación obligatoria —pública y concertada— hoy no estaríamos hablando de la vuelta de nuestro país a la edad de las cavernas o, como mucho, a la de las catacumbas. Si hubieran denunciado el concordato con el Vaticano, hoy no estaríamos así.