Javier Pérez Royo —persona nada sospechosa de ser abertxale— subrayaba recientemente cómo la ilegalización de la llamada «lista blanca» de Batasuna era sin ambages una medida contraria a la Constitución. La Ley de Partidos ya rozaba peligrosamente la barrera que separa un estado democrático de uno totalitario, pero la determinación de anular la lista de Aukera Guztiak es realmente escandalosa.
Dicen alegremente que han encontrado en las firmas que avalaban la candidatura gentes relacionadas con el entorno de Batasuna y con la propia ETA. Pretenden ignorar que en Euskadi sería absolutamente imposible que una lista nacionalista de izquierdas no contase con antiguos miembros de alguna de las candidaturas o plataformas que han concurrido a diferentes elecciones, o a gentes relacionadas con el carné vasco, con las herriko tabernas, con movimientos de insumisión, ecologistas, etc. De la misma manera que entre los socios de la Real Sociedad o el Atletic de Bilbao sería posible encontrar un porcentaje parecido de peligrosos independentistas.
Pero lo que resulta extraño es la afirmación de que un porcentaje significativo de avalistas está relacionado con ETA. ¿Qué hacen estas gentes en la calle? Si de verdad tienen esas pruebas y no actúan contra miembros de ETA, el gobierno y las fuerzas de seguridad están haciendo una grave dejación de las funciones que tienen encomendadas constitucionalmente. Si fuera el caso de que los etarras localizados hayan cumplido sus penas y ahora estén en libertad, se trataría en todo caso de ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos para presentarse o votar en unas elecciones, a no ser que estuviésemos hablando de California. Es por eso que las recientes sentencias dictadas al amparo de la Ley de Partidos suenan, más que a justicia, a pura decisión política.
Pero los nacionalistas españolistas no están conformes con privar a un buen porcentaje de la sociedad vasca de sus derechos más elementales, o con haber criminalizado unas ideas, aún quieren más. Otegui pidió ayer un cambio en el sentido del voto abertxale: en vez de hacerlo en blanco, como en otras ocasiones, sugirió trasvasar las papeletas hacia el Partido Comunista de las Tierras Vascas, un partido inscrito en tiempos del PP y la Ley de Partidos, que pasó todos los filtros impuestos por Acebes, y que ahora pretenden demonizar metiéndolo en el mismo saco que a Batasuna, Eukal Herritarrok, Socialista Abertxaleak o a la propia Aukera.
Algunos han sugerido de que este partido era como una célula durmiente esperando para entrar en acción del tipo de las de Al Qaeda, una especie de plan de contingencia por si a HB todo le salía mal, una lista inmaculada de miembros no fichados del círculo abertxale o un nuevo sabor del independentismo irredento y violento. Otros lo han calificado de «tabla de salvación» que permitirá contar los apoyos etarras en las sociedad vasca y que situará a algunos diputados en el parlamento vasco, cosa que querían evitar a toda costa. La fiscalía general se ha puesto las pilas y está a la caza y captura —más bien creación— de las pruebas necesarias para ilegalizar al PCTV. Pero no creo que se atrevan. Porque si así fuere, una peligrosa duda crecería en las mentes de mucha gente, ¿que habría pasado si Otegui hubiese pedido que se votara al PNV?, ¿y si —puestos a especular y bromear— lo hubiera hecho con el PSOE? ¿hubieran ilegalizado las elecciones?
Esperan a que el Partido Comunista de las Tierras Vascas pronuncie las palabras mágicas para que pueda concurrir a la convocatoria electoral: condenamos la violencia de ETA. No es suficiente con decir que están por el respeto a los derechos humanos y contra todas las formas de violencia. Un partido puede ser democrático si propugna vulnerar el ordenamiento mundial y se manifiesta a favor de invadir otros países matando a decenas de miles de personas, mientras que otro que denuncia todas las formas de violencia no tiene derecho a presentarse. ¿Alguien lo entiende desde una lógica no partidista? Yo desde luego que no.
9/4/05
Copyleft, Juanlu González
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