Conferencia Episcopal: libertad para manipular

Apunto aquí algunas reflexiones a vuela pluma sobre el documento que los obispos españoles hicieron público el pasado día 29/9/05, cuyo objeto principal era el de justificar la adhesión a la manifestación que el PP y los sectores más rancios de la reacción del país van a convocar para este otoño ante el anuncio de la posibilidad de acabar con una situación de privilegio de las que gozaban en virtud de los acuerdos firmados por el dictador Franco con el Vaticano.

Documento de la Conferencia Episcopal ante el proyecto de Ley orgánica de Educación

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, ante el Proyecto de Ley Orgánica de Educación aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de julio, se ve en la obligación de informar a la opinión pública acerca del alcance de dicha ley y de las consecuencias que se derivarían de la misma en lo que toca al respeto de los derechos fundamentales, si fuera aprobada por las Cortes con su contenido actual.

1. Constatamos con gran preocupación que este Proyecto de Ley Orgánica de Educación no responde a los problemas que tiene la comunidad educativa en cuanto a la formación integral de los alumnos (¿integral es símil de religiosa?). En concreto, no respeta como es debido algunos derechos fundamentales, como son el de la libertad de enseñanza; de creación y dirección de centros docentes de iniciativa social; el de establecer y garantizar la continuidad del carácter propio de estos centros; el derecho preferente de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir y, por consiguiente, el derecho de libre elección de centro educativo.

El criterio de zonificación como condición “prioritaria” para la admisión de alumnos vulnera el derecho fundamental de libertad de enseñanza.

Claro, no vaya a ser que se les llenen los colegios concertados con inmigrantes o personas de bajo poder adquisitivo. Para estos señores, el criterio que no vulnera la libertad parece que debiera ser de índole exclusivamente económica.

2. El Proyecto de Ley atribuye a las Administraciones Públicas tal poder, que apunta a convertir al Estado en el único educador, olvidando que es a los padres a quienes asiste el derecho primordial, insustituible e inalienable de educar a sus hijos.

¿Se refiere a que el estado les va a secuestrar a sus hijos? ¿O quizá a que no les van a permitir mandarlos a colegios privados porque van a cerrarlos?. Eso es sencillamente mentira. Aunque sin duda sería una buena idea, que nadie piense que con la futura Ley los colegios del Opus Dei, de los Legionarios de Cristo o de San Estanislao van a dejar de funcionar.

3. El nuevo Proyecto de Ley cercena la libertad de enseñanza establecida por la Constitución Española (art. 27.1) y por numerosos Tratados y Declaraciones Internacionales ratificados por el Estado Español e ignora la doctrina del Tribunal Constitucional.

Se considera la educación como una actividad de servicio público y, por tanto, según la legislación española, de exclusiva competencia del poder estatal. De ahí que la educación de iniciativa social sea regulada como mera concesión de carácter gubernamental. Tal reducción de la iniciativa social a función meramente subsidiaria de los poderes públicos es impropia de sociedades plenamente democráticas que respetan y promueven el pluralismo educativo.

Definitivamente, la educación es un servicio público y universal competencia del estado. Liberalizarla nos podría llevar a situaciones indeseables donde sólo estudiasen los hijos de las clases más pudientes o donde la escuela pública se convierta en refugio de bolsas de exclusión social. El estado es el mejor garante del pluralismo educativo. Confundir pluralismo con sectarismo sólo es propio de sectas como las que estos señores defienden que impiden ver la realidad como realmente es.

4. No se garantiza de manera suficiente y adecuada el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que ellos deseen. Aproximadamente el 80% de los padres solicita cada año la enseñanza de la religión católica para sus hijos. Es necesario que la enseñanza religiosa, como derecho de los padres, sea una asignatura fundamental, de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos, de tal manera que el hecho de recibir o no recibir esta enseñanza no suponga discriminación académica alguna en la actividad escolar.

La formación religiosa debe recibirse en las iglesias, sinagogas o mezquitas, NUNCA en las escuelas. La situación actual no deja de ser un resto de los acuerdos de aquel dictador que caminaba bajo palio eclesial. Mediante la libre elección de formación en la confesión elegida se vería realmente qué porcentaje de padres mantendrían una catequesis permanente durante todo el ciclo educativo obligatorio para sus hijos. Nuestro país es religioso sólo como folklore, basta ver los fines de semana el desierto de fieles en los templos en la que dicen que fue la “reserva espiritual de occidente”. A eso precisamente temen.

5. Por otra parte, vemos con preocupación la creación de la nueva asignatura llamada Educación para la ciudadanía. “La finalidad de esta materia y su obligatoriedad apuntan hacia una formación moral que impartirá el Estado al margen de la libre elección de los padres y que, por tanto, vulneraría el derecho que les garantiza a éstos la Constitución Española en su artículo 27.3. Es igualmente muy probable que la imposición por parte del Estado de una determinada formación moral a todos los ciudadanos y a todos los centros educativos contradiga la libertad ideológica y religiosa que consagra el artículo 16.1 de la Constitución.” (Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, Sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación, 31 de marzo de 2005).

Esta sí que es una auténtica tontería del proyecto de ley, concebida más como una concesión a la galería ante la presión política de la derecha. La educación en valores per se es de carácter horizontal, la educación ambiental, la educación para la paz, etc., no deben convertirse en asignaturas, son transversales a todo el currículo educativo y así deben permanecer.

6. En cuanto a los profesores de religión, el Proyecto de Ley los convierte en empleados de la Iglesia, olvidando que trabajan en colegios de titularidad estatal, que forman parte del claustro a todos los efectos y que el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que la Administración es la empleadora de estos profesores. Esta nueva situación, creada unilateralmente, sin diálogo alguno – como es también el caso de los demás aspectos de la Ley anteriormente mencionados – es inaceptable jurídica, social y académicamente.

Otra de alucine. La Iglesia los elige a dedo, los expulsa si se van de copas por las noches o se divorcian, pero son trabajadores del Estado. Señores obispos: a dios lo que es de dios. Si no les valen los profesores del claustro que han aprobado sus oposiciones como dios manda y quieren otros a su gusto, ya saben lo que tienen que hacer. Esta actitud sólo denota que no se trata aquí de debatir sobre formación, sino de puro y simple adoctrinamiento. Una vez más la tibieza de la ley no se atreve a aplicar lo que dice nuestra Carta Magna en cuanto a que este es un estado aconfesional. Lo que es inaceptable jurídica, social y académicamente es que sigan existiendo profesores de religión en los centros educativos. Es como si tuviésemos comisarios políticos haciendo de enseñantes de un partido cualquiera (pero sólo de uno) y pagados por el estado.

7. La Conferencia Episcopal Española, a través de la Comisión Mixta Iglesia-Estado y de la Comisión Episcopal de Enseñanza, se ha ofrecido reiteradamente a dialogar sobre estos temas con la Administración. No se ha obtenido contestación alguna. No fue posible conocer las opiniones del Gobierno más que cuando la prensa publicaba los distintos Anteproyectos de Ley, que sucesivamente iban recortando la libertad de enseñanza y las garantías para el ejercicio del derecho de los padres a la educación de sus hijos según sus convicciones. La Conferencia Episcopal ha estado siempre abierta al diálogo. La reunión prevista para el pasado 22 de julio no se celebró, de común acuerdo, por carecer ya de utilidad, dado que ese mismo día el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Ley.

Que yo sepa, quien gobierna los asuntos terrenales no son los obispos, las leyes se discuten en el Parlamento, donde la Iglesia tiene más que sobrados portavoces y aliados; o con los sindicatos de trabajadores de la enseñanza, representantes del alumnado, etc. Parece que la nostalgia de épocas pasadas aún les impide conocer y compartir el funcionamiento de las instituciones democráticas.

8. Abogamos por un pacto escolar de Estado que, como desarrollo del artículo 27 de la Constitución, dé estabilidad al sistema educativo y cree las condiciones apropiadas para abordar la urgente tarea de mejorar la calidad de la enseñanza. En este empeño es necesaria la integración de todas las fuerzas políticas y sociales. Particularmente obligado es escuchar a los padres, cuyas demandas no han sido tenidas en cuenta hasta el presente.

Indudablemente, la calidad de la enseñanza pública debe ser el objetivo prioritario de todo gobierno que se precie de trabajar para su ciudadanía. Es por ello que progresivamente deben ir desapareciendo las subvenciones públicas a los colegios privados concertados para centrar los esfuerzos en la adaptación a las nuevas tecnologías, al bilingüismo y a las demandas actuales de las sociedades del siglo XXI. Es inaudito ver cómo en los años de gobierno del PP se han cerrado colegios públicos para mantener centros privados atendiendo a necesidades de adaptación a las tendencias de natalidad del país. Esa dejación de funciones del estado nunca más debiera volver a suceder.

9. Esperamos que el debate parlamentario permita concluir dicho pacto y, en todo caso, introducir cambios sustanciales en el Proyecto de Ley, de modo que se eliminen las trabas que obstaculizan la libertad de enseñanza y el desarrollo y ejercicio del derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos. Cuando se ponen en cuestión estos derechos fundamentales, es la misma democracia la que se deteriora.

La democracia se deteriora cuando privilegios heredados de la dictadura no pueden ser eliminados sin provocar graves desgarros en una sociedad. El proyecto de Ley no deja de ser absolutamente tibio y hasta respetuoso con la Iglesia católica. Para que fuese realmente acorde con los principios fundamentales recogidos en la Constitución —y a modo de resumen— se debería:

Acabar definitivamente con las clases de religión en las escuelas y con cualquier otra asignatura sustitutiva forzada de carácter antipedagógico.
Disminuir progresiva pero inexorablemente —hasta desaparecer— cualquier ayuda a la enseñanza privada.
Regular y vigilar a la enseñanza privada para que los contenidos y el currículum oculto y transversal que se imparte en estos centros sea acorde con los valores fundamentales de la igualdad, tolerancia, justicia y los principios que rigen nuestras sociedades democráticas. En caso negativo, el estado debería retirar la licencia y la homologación necesarias para el mantenimiento de la actividad docente.

Dios guarde a sus ilustrísimas muchos años, pero bajo llave. No obstante, estamos muy complacidos por verlos salir a las calles en fechas diferentes a Semana Santa, a ver si se van empapando de lo que sucede en el mundo terrenal y de cómo funcionan las democracias.

Copyleft Juanlu González
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