De sobra es conocido que la crisis se está utilizando por la derecha para acabar com muchos de los pírricos logros sociales y políticos que la democracia trajo a nuestro país. El exiguo estado del bienestar que apenas hemos catado es uno de ellos. Bajo la excusa de que no son sostenibles, como hoy mismo ha dicho Aznar, se está desmantelando la protección social para venderla a precio de saldo a la derecha económica. Sin embargo, apenas si se ofrecen comparativas que ponen de manifiesto la realidad de los hechos: que el porcentaje de gasto social de nuestro país es de los más bajos de la eurozona e infinitamente inferior al de los países de nuestro entorno.
El peso de la economía social en el PIB de los países del norte de Europa es más del doble que en España y lo mismo sucede con el número de funcionarios que proporciona esos servicios. Está por ver si la población de esos países renunciaría a los derechos que viene disfrutando desde hace décadas como está sucediendo en los PIGS por mucha doctrina del shock que se les aplicara. Sin embargo, se nos quiere hacer creer sólo son dádivas de un pasado glorioso que nunca volverá. Por eso, mientras se recorta presupuesto, la derecha del PP legisla simultáneamente para acabar con las conquistas sociales tan duramente arrancadas al capital minando la universalidad de las prestaciones y convirtiéndolas casi en actos de caridad al pairo de la coyuntura de cada momento, rebajando aún más la condición de ciudadanos a la de meros súbditos.
Otro frente de ataque permanente del Partido Popular son las autonomías. Nunca han estado cómodos con el estado autonómico. Llevan grabado a fuego en sus genes aquel dicho franquista de «una, grande y libre» y han tenido que tragar a regañadientes con un país plurinacional con una estructura cuasi federal. Ahora se nos dice, día sí, día no, que para evitar supuestas duplicidades competenciales, hay que disminuir el autogobierno de las regiones del estado y reducirlas a la mínima expresión salvo, parece ser, en las llamadas autonomías históricas. El acoso presupuestario, haciendo recaer sobre las autonomías el peso de las imposiciones de recortes en el gasto y las amenazas continuas de intervención, denotan una voracidad centrípeta que pretende acabar engullendo la organización periférica del país como si fuera una invención propia de nuevos ricos y no un modelo válido y asentado en muchos estados europeos. ¿Acaso los alemanes renunciarían a sus lander o los británicos a su estructura de 4 países constituyentes? Obviamente no, pero los herederos del franquismo sí que ponen en cuestión, de manera más o menos velada, nuestro incompleto e inacabado estado autonómico.
Pero no acaba aquí la cosa, la clase política tampoco se libra del ataque de nuestra derecha cavernícola. Han lanzado por doquier la leyenda urbana de que en nuestro país hay el doble de políticos que en un país como Alemania, con el doble de habitantes que el nuestro. El supuesto dato se ha convertido en un auténtico hoax de internet que ha llegado a calar incluso entre gentes de sensibilidad izquierdista poco informadas. Con el descrédito acumulado por la clase política en estos años, el mensaje cansino del medio millón de políticos profesionales cobrando sueldos y jubilaciones indecentes, ha encontrado terreno abonado para germinar y enraizar entre la población indignada acosada por el paro y la pobreza hasta ser admitido como verdadero dogma de fe. Pero no, ni por asomo hay en España esa cantidad de políticos. En el peor de los casos, no llegan a 100.000 de los que el 90% ni si quiera percibe ningún tipo de emolumentos. Oír como puede oírse en tertulias que la crisis se acabaría jibarizando a la clase política para gastar el dinero público que perciben en labores productivas o en evitar los recortes en sanidad y educación, debería preocuparnos. No sobran políticos, sobran malos políticos, sobran políticos profesionales, pero faltan personas que entreguen parte de su tiempo a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Dan miedo las declaraciones de Aguirre cuando dice que es necesario reducir el número de servidores públicos, da miedo la Cospedal cuando pide que los diputados no cobren del erario público. Lo que subyace bajo el discurso y el pensamiento del Partido Popular es la liquidación del estado que permite la igualdad de oportunidades, dejar en manos del mercado y de los tecnócratas las decisiones que afectan a la colectividad y que sólo puedan ser políticos aquellos que dispongan de fortuna personal, como ya sucede en los EEUU. Les da igual mermar en el intento parte de su propio poder político. Saben que no representan al pueblo ni aspiran a representarlo. Ellos ya son el poder económico que es quien mueve todos los hilos en este paripé de democracia en la que malvivimos…