Detenciones preventivas, autobuses retenidos, cacheos indiscriminados, censura, intoxicación mediática, criminalización de la protesta, intimidación… todo ello no ha impedido que muchas decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas hayan decidido manifestarse frente al Congreso de los Diputados, exigiendo la dimisión de un gobierno que ha llegado al poder engañando a los electores, aplicando medidas contra el pueblo al que dicen representar y que no figuraban en ningún programa de gobierno conocido. Dentro de la cámara baja, los diputados celebran un anodino pleno ordinario ajeno a la movilización de la calle y al sentir de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que siente cómo troicas, bancos y mercados, con la complicidad de políticos pusilánimes, han secuestrado la democracia, han violado la constitución y van a sumir al país en un abismo de miseria y violencia estructural del que se tardarán décadas en escapar, si es que se consigue algún día.
Pero si la Constitución no es suficiente para garantizar la soberanía popular, no hay más remedio que derogar la Carta Magna vigente nacida bajo la presión y la supervisión de los militares fascistas que se aseguraron una ley de punto final para encubrir sus años de crímenes y evitar que el poder económico cayera en manos diferentes a los que la detentaban durante la dictadura del general Franco. De aquellos polvos vienen estos lodos. Para los herederos del franquismo, la Constitución es intocable, o eso llevan diciendo décadas. Sin embargo, no dudaron en apoyar la reforma que el PSOE realizó con nocturnidad al dictado de Merkel y Sarkozy para asegurar un límite de endeudamiento. El supuesto argumento no tiene peso alguno excepto al mantener con vida los retazos de una dictadura que nunca han repudiado. Y es que, parafraseando al desaparecido Santiago Carrillo, el PP es tan de derechas, que a veces ni siquiera parece democráta.
Por eso, los indignados que se han manifestado junto al Congreso, no sólo piden la renuncia de un gobierno que no sirve a los intereses del pueblo y que actúan al pairo de los mercados y de países extranjeros, un gobierno que debería ser juzgado por alta traición, sino también por la apertura de un proceso constituyente que garantice una democracia real, participativa y permanente, un estado social, de derecho, sin posibilidad de secuestro por lobbys con intereses espurios ajenos a las necesidades cotidianas de la ciudadanía.
Las movilizaciones de hoy han sido un éxito, no sólo porque han puesto de manifiesto el desapego de la población con las instituciones de gobierno y sus supuestos representantes, sino también para hacer mostrar, una vez más, el talante fascistoide del Partido Popular. Por si a alguien le quedaba alguna duda, el despliegue de miles de policías en actitud absolutamente violenta es impropia de un estado de derecho. Ver a la policía protegiendo a los diputados de su propio pueblo, es uno de los espectáculos menos edificantes que pueden verse en algo que insisten en llamar democracia y que todos y todas sabemos que no lo es, estos días menos que nunca.
