Un pasito palante, diez pasitos patrás

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Este parece ser el sino de la política española en los últimos años. El PSOE da unos tímidos pasos —cuando los da— en políticas sociales o de derechos y el PP los deshace en una ola involucionista que nos retrotrae directamente muchos años atrás, a veces incluso a periodos predemocráticos de tintes fascistas. El estado de las autonomías está siendo demolido a golpe de decreto, la televisión convertida de nuevo en instrumento de propaganda política, los obispos asaltando la escuela pública, los derechos de las personas con discapacidad reducidos a simple caridad, los subsidios de paro mermados, las pensiones recortadas, una generación —la más preparada de nuestra historia— tratando de emigrar desesperadamente a donde sea, gente suicidándose por quedarse sin casa cuando hay millones de ellas vacías… Pero es que, además, se legisla para defender a los bancos que destrozan la vida de centenares de miles de personas, los empresarios cierran empresas y ponen a salvo las ganancias de decenas de años de expolio en paraísos fiscales, la concertación social ha desaparecido, el esclavismo arriba a las empresas y sustituye a las relaciones laborales pseudodemocráticas de las que «disfrutábamos» desde la transición… así podríamos seguir hasta el infinito. Como sigamos así, a este país no lo va a reconocer ni la madre que lo parió, pero en el peor sentido de la frase.

Mientras en este país cainita no cale de verdad la praxis democrática, seguiremos dando bandazos permanentes sin rumbo fijo y estaremos al pairo de los caprichos de gobernantes que, más que servir al pueblo, se sirven de él para beneficiar a su clase social o a su casta política. Es necesaria una nueva transición que abandone las conexiones con la dictadura y sus poderes fácticos que se aseguraron el control del país una vez muerto el dictador.

Nuevas leyes de financiación de partidos políticos, una nueva ley electoral proporcional, listas abiertas, límites en los beneficios empresariales, progresividad fiscal real, eliminación de paraísos fiscales internos (SICAV) y externos, banca pública, descentralización energética, eliminación del Concordato con el Vaticano, de la enseñanza concertada religiosa, de la religión y los símbolos religiosos en las aulas, estado federal o confederal con el derecho a la autodeterminación regulado por ley, referéndums obligatorios para cuestiones de relevancia en un contexto de democracia participativa, control de sueldos de los dirigentes políticos en todos sus niveles, transparencia e incompatibilidad económica de los representantes con el sector privado, limitación de mandatos, obligatoriedad del cumplimiento de los programas electorales so pena de destitución democrática, abolición de la monarquía…  y un sin fin de medidas de profundización democrática deberían formar parte de un nuevo texto constitucional que asegurara que ningún partido político pudiera deshacer las conquistas populares aprovechando situaciones coyunturales como una crisis–estafa económica como la que atravesamos que las fuerzas de la reacción están usando para desarticular el atisbo de estado social del que disfrutaba el país para venderlo a precio de saldo a los socios económicos del Partido Popular o a los parientes directos de sus dirigentes.

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