Ya he denunciado muchas veces en los biTs que muchos responsables de la cosa pública se encuentran más cómodos en situaciones de violencia que en momentos de paz. Así evitan hablar de política y se centran en la estrategia del palo. No mueven un ápice sus posturas e incluso pueden mostrar sin tapujos su cara más brutal, radical y visceral. Ese es el caso del PP, al menos de la triada que lo dirige en estos momentos y de muchos miembros de la judicatura. No cejaron de colocar palos en las ruedas del proceso de paz hasta que, entre unos y otros, se cargaron las esperanzas históricas de toda nuestra sociedad de vivir sin la amenaza terrorista.
Con la irrupción en escena de la parte más violenta de ETA, el trágico atentado de la T4 y la ofensiva mediática de la derecha es impensable retomar en breve una nueva intentona negociadora, máxime si no hay un movimiento espectacular por parte de la banda o de la izquierda abertzale. Parece que el PNV apuesta decididamente por la declaración de abandono de la violencia de Batasuna y a eso juegan Imaz e Ibarretxe, quienes parecen ver algún atisbo de esperanza al final del túnel.
Para colmo, las actuaciones de los jueces dificultan aún más la acción de la política. El caso de la consideración de Jarrai, Haika y Segi como grupo terrorista apunta en este sentido. Si miembros de organizaciones realizan actos delictivos bastaría con detener a aquellos que los cometen y aplicarles penas proporcionales a los delitos cometidos. Si Jarrai y sus otras marcas promueven estos actos como norma de funcionamiento, podrían ilegalizarla y basta, tal y como sucedía hasta ahora. Pero considerar terrorista a toda una organización juvenil supone arrojar a cientos de personas directamente a los brazos de ETA. Si la banda sufría un vacío de vocaciones, ahora seguro que van a sufrir de overbooking. Si un chaval descarriado se considera terrorista sólo por quemar un contenedor a la vista de la ley, de ahí a escalar un peldaño en sus acciones de lucha callejera por la independencia de su país hay sólo un pequeño paso.
Es necesario derogar la legislación de excepción decretada para la lucha contra ETA y su entorno renunciando a principios fundamentales de la democracia como el derecho de asociación y la libertad de expresión. Los juegos de los jueces inventando causas para juzgar crímenes ya juzgados para etarras que han cumplido sus condenas o artificios como la «doctrina Parot» (que impone la cadena perpetua de facto) no se corresponden con un estado de derecho. Tampoco la «ley de partidos» o los deliberados autos dictados para hacer daño a la izquierda abertzale que después no resisten ni un sólo embate jurídico serio y son anulados en más altas instancias cuando ya han cumplido buena parte de su cometido. Así mismo, el pacto «contra las libertades y el terrorismo» no deja de ser un fracasado instrumento del pasado, pues no sólo criminaliza al independentismo radical, sino también a los nacionalismos más moderados y noviolentos como los practicados por el PNV, EA, ERC y otros partidos.
El PSOE parece no haber cejado en su intento de conseguir el definitivo cese de la violencia que todos ansiamos, pero carece de margen de maniobra suficiente para dar los pasos necesarios para firmar la paz de los valientes. Si Batasuna renegara de la violencia quizá el gobierno lograría de nuevo espacio suficiente como para llevar la iniciativa, esa es la única alternativa medio plausible en estos momentos, pues parece que ETA ha sido controlada por su ala más radical y violenta. Aunque si depende del miedo de Otegui a la cárcel o al tiro en la nuca, como a veces presentan de manera reduccionista el asunto, creo que la cosa va a estar clara. El desenlace de la huelga de hambre de Iñaki de Juana Chaos va a ser determinante en la radicalización del MLNV —como le llamó Aznar— y en el cumplimiento o no de las amenazas vertidas en el último comunicado de ETA tras el atentado de Barajas. Por lo que puede verse, el tema del terrorismo seguirá acaparando titulares durante mucho tiempo y relegando a un segundo o tercer plano otros aspectos más relevantes de la vida social de nuestro estado.
En nombre de la libertad y la justicia hay que disolver la Audiencia Nacional
Conclusiones del Grupo permanente de asesores internacionales, constituido por el Gobierno Vasco
«El atentado de ETA no implica la ruptura definitiva ni del diálogo ni del proceso»
Gara
El grupo permanente de asesores internacionales expertos en la resolución de conflictos, constituido por el Gobierno de Lakua, considera que el proceso no debe darse por finiquitado con el atentado de Barajas, por lo que hace un emplazamiento a la búsqueda de soluciones, a través del diálogo, con la participación de todas las partes implicadas en el conflicto. En su presentación ante la opinión pública tras la reunión mantenida con el Consejo Político, Roelf Meyer, en nombre de los cinco integrantes del grupo asesor, afirmó que la acción de ETA «supone una nueva oportunidad para fortalecer el proceso de paz y permitir nuevas negociaciones».
El Gobierno de Lakua (Vitoria) ha constituido un grupo permanente de asesores internacionales expertos en la resolución del conflicto. Está compuesto por Albert Reynolds, ex primer ministro de Irlanda; Roelf Meyer, jefe negociador de la minoría blanca en el fin del apartheid en Sudáfrica y luego ministro con Nelson Mandela; Joanna Weschler, directora de investigación del organismo que examina al Consejo de Seguridad de la ONU; Andrea Bartoli, asesor del secretario general de la ONU; y Harry Barnes, del Centro Carter de Resolución de Conflictos. Los cinco se reunieron ayer con Juan José Ibarretxe, Joseba Azkarraga y Javier Madrazo.
Roelf Meyer actuó como portavoz del equipo y llevó su intervención preparada por escrito. Tras señalar que habían analizado las consecuencias del atentado de ETA contra Barajas del 30 de diciembre y su relación con la situación actual, destacó que la primera conclusión del grupo era que «la bomba supone un desafío, un reto al proceso, pero no significa que sea el final del mismo».
Los expertos valoran que «las encuestas de opinión, tanto antes como después del atentado, muestran que la opinión pública vasca y la española están a favor de una solución pacífica y negociada del conflicto».
Por ello, y en base a su experiencia en distintos contenciosos, sostienen que «no podemos permitir que un solo incidente, como la bomba en Madrid en diciembre o el atentado en Canary Wharf, pueda hacer descarrilar todo un proceso de paz». A continuación, aseguró que «aquellos que defienden que el proceso debe detenerse están actuando de un modo tan contraproducente como el propio atentado».
Tomando unas palabras anteriores de Albert Reynolds, Meyer apuntó que «la violencia no puede resolver un conflicto. El conflicto únicamente se puede resolver a través del diálogo y la negociación».
Finalmente, el equipo de expertos expresó que «el atentado supone una nueva oportunidad para fortalecer el proceso de paz y para permitir nuevas negociaciones».
Con estas premisas, el grupo de asesores lanzó cuatro iniciativas. La primera es la de «dar un enfoque incluyente para la solución del conflicto». Y Meyer explicó que «inclusión significa tener la participación de todas las partes del conflicto».
La segunda iniciativa es la de «conseguir un lugar y un contexto en el que todas las partes puedan tener una representación política».
En tercer lugar, invitan a que «tanto los vascos como los españoles puedan desarrollar su propio proceso interno y que no lo hagan agentes externos».
Por último, los expertos concluyen que «ahora es el momento de concentrarse en construir el propio proceso y no los contenidos del mismo, reconstruir una confianza entre los distintos agentes».
Preguntados por las razones por las que consideran que el proceso sigue vivo, Meyer explicó que el atentado fue algo «contradictorio e inesperado» que generó una «reacción natural e inmediata». Pero a esto superpuso el apoyo de la opinión pública a un final negociado, que elGobierno no ha cerrado la puerta del todo y que ETA «ha dicho que no supone el final del alto el fuego».
Reynolds recuerda la experiencia de Canary Wharf
En febrero de 1996 el IRA puso fin su tregua con una explosión en el barrio financiero de Canary Wharf. Pese al aviso, murieron dos personas. El ex primer ministro de Irlanda, Albert Reynolds, afirmó ayer que supo que algo iba a ocurrir, pero que no pudo hacer cambiar la actitud del Gobierno británico, que se negaba a incluir a Sinn Féin en las negociaciones. Unas semanas después de la explosión comenzaron las conversaciones incluyendo al Sinn Féin. Reynolds se preguntó por qué no se hizo antes. Habló de falta de liderazgo de Major.
La apuesta del lehendakari
Iñaki Iriondo
Al cumplirse un mes del ataque de ETA contra la T-4, Lehendakaritza convocó la primera reunión del grupo permanente de asesores. Es preciso llamar la atención sobre la apuesta que desde el mismo 30 de diciembre ha hecho Ibarretxe por negarse a dar por roto el proceso. Cuando desde tantos ámbitos políticos, incluso desde su propio partido, se escuchan declaraciones abruptas que hablan del proceso en pasado, haciendo recaer la culpa de todo en una parte y desempolvando recetas tan caducas como demostradamente inservibles, el lehendakari pone en primer plano, a través de expertos en resolución de conflictos, un discurso más acorde a lo que dictan las experiencias internacionales. En su intervención de Nochevieja, tras responsabilizar a ETA del atentado, Ibarretxe se preguntó «¿qué hemos hecho los demás?». El primer paso público la manifestación no fue acertado, pero hay que reconocerle al lehendakari que en este mes se ha puesto las pilas se ha reunido con Zapatero, dos veces con Batasuna y más con otros para mantener viva la llama de la solución dialogada al conflicto.