Eso es lo que se desprende del informe que ha presentado recientemente el Consejo de Europa, que culpa a la OTAN de la existencia de cárceles ilegales en Polonia y Rumanía (de cuya presencia no manifiesta ninguna duda a tenor de las pruebas disponibles), así como las que probablemente existieron en Reino Unido y Tailandia.
El informe acusa igualmente a Alemania, Italia y Macedonia de obstrucción a las investigaciones. Nuestro país no sale especialmente malparado de esta situación, pero es obvio que como miembro de la OTAN conocía los hechos y permitió los vuelos con presuntos terroristas en su territorio, muchos de los cuales han desaparecido sin dejar rastro, presumiblemente asesinados a manos de sus secuestradores y torturadores, entre ellos un español de origen sirio.
Hoy más que nunca:
¿acaso lo dudabas?