Alterando el precio de las cosas

Muchas veces me pregunto para qué sirven los políticos y el estado que les da cobertura si realmente su capacidad de decisión está cada vez más limitada y mediatizada por decisiones ajenas al poder que emana del pueblo, que es la esencia misma de la democracia. Ante este hecho constatado, lo que pide el cuerpo como reacción lógica es la demanda de descentralización de los poderes nacionales y regionales para así acercar la administración a los administrados. La administración local sería así el mejor freno a políticas jacobinas centralizadoras como las que ha puesto en marcha el PP desde que obtuvo la mayoría absoluta. Pero lo que puede parecer correcto desde el punto de vista ideológico, a veces choca con la más dura realidad.

Los ayuntamientos están prácticamente en quiebra técnica. Sin embargo, son los que más fácilmente pueden rentabilizar los esfuerzos inversores y convertir euros en votos mediante políticas de contratación o de obras públicas; por citar un par de ejemplos que suelen agravar el paupérrimo estado de las arcas municipales. Las formas de salir del agujero o, cuando menos, de poder pagar la nómina a fin de mes, suelen pasar por la formalización de convenios urbanísticos con empresarios privados que proporcionan suculentos dineros en licencias de obras, impuestos e incluso suelo para equipamiento o venta. Hasta ahí todo normal.

El problema surge cuando los constructores pretenden saltarse el planeamiento vigente para dar cabida a proyectos especulativos no incluidos en las previsiones de desarrollo urbano. Es entonces cuando, a pesar de ser un mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico, depende casi exclusivamente de la discrecionalidad del responsable político de turno. En estos casos, todo puede pasar, sobre todo cuando se tienen pocos escrúpulos y muchos huecos que tapar, ya sean locales, del engrase de la maquinaria de los partidos o hasta personales.

El capital sabe que tiene en sus manos la posibilidad de convertirse en el planificador real del territorio y es ahí donde para salvaguardar el interés público habría que alejar los centros de decisión del lugar concreto donde se pretende intervenir, lo que que aseguraría cierta imparcialidad a la hora de aplicar las normas urbanísticas, aunque eso es algo que pueda parecer contrario a una deseable descentralización, más coherente con planteamientos éticos de corte progresista.

Nuestros munícipes se dejan deslumbrar por inversores que los únicos dineros reales que tienen para invertir son las plusvalías que les generan las recalificaciones de terrenos que ellos mismos auspician, a veces incluso ofrecen sus activos para que el proceso administrativo de redactar nuevas ordenaciones sea lo suficientemente rápido para no contravenir sus intereses, rayando así la legalidad o la inmoralidad más absoluta.

Ejemplos no faltan, este tipo de manejos se esconden casi tras todos los campos de Golf que se construyen en nuestra querida Andalucía que, a golpe de talonario, pronto la veremos más verde que la misma Irlanda. Pero a pesar de lo recurrente del caso, no parece que se ponga freno a tal dislate, por llamar de alguna manera al proceso mediante el que alcaldes de todo signo regalan decenas de millones de euros a simples intermediarios comisionistas que tienen poco más bajo el brazo que unos bonitos planos y una cartera… de proveedores.

Si ese tipo de proyectos son los únicos que pueden salvar las depauperadas economías de las municipalidades, algo bastante dudoso, la responsabilidad del buen gobernante sería la de participar de manera transparente en el reparto mismo de esas plusvalías, ya sea mediante su ejecución mediante la administración pública a cualquier escala, empresas mixtas, participadas o mediante cualquier otro mecanismo que asegure que los administrados sean beneficiarios de decisiones de tal índole. De lo contrario, nada puede impedir que los de abajo podamos sospechar que se trata de simples maquinaciones para alterar el precio de las cosas, un delito reconocido en nuestro Código Penal vigente.

Copyleft Juanlu González