La derecha contra todos los derechos: ahora el aborto

Todo el mundo habla de que las situaciones que están aconteciendo estos últimos días recuerdan demasiado a los coletazos de la dictadura cuando nuestros talibanes patrios movían todas las herramientas de las que disponían para impedir que la sociedad avanzara en el reconocimiento de derechos tan fundamentales como el derecho a decidir si una mujer deseaba continuar con un embarazo no deseado o problemático para su salud física o mental. Eso sí, mientras que trataban de negar por todos los medios ese derecho al pueblo femenino, sus féminas viajaban sin problemas a Londres o a Portugal a clínicas abortivas legales sin problemas éticos de ningún tipo en caso de que cometieran algún desliz de fecundas consecuencias. La Guardia Civil, nada menos que el SEPRONA, está sacando a mujeres de sus casas para averiguar en qué condiciones abortaron, con qué médicos y si obviaron los supuestos en los que la ley admite esta práctica. Violando el derecho a la intimidad, el juez presumiblemente prevaricador y aliado de los cristofrikis que dirige toda la operación, se ha hecho con los listados de usuarias de una clínica de Madrid, las está llamando a declarar una a una y, posiblemente, acusará a de prácticas ilegales a facultativos y a mujeres que acudieron a ella a recibir sus servicios. Todo muy edificante, en pleno siglo XXI.

El origen del problema radica en esos consensos tan alabados de la transición que no cerraron nada dejaron demasiadas puertas abiertas para cualquier tipo de involución. Mientras, un PSOE arrinconado por un PP resguardado bajo palio, no sólo no se atreve a cumplir aquello que prometió en la anterior campaña electoral –una ley de plazos– sino que además ni se ha atrevido a posponerla para la siguiente legislatura, refugiándose en vaguedades inconsistentes a pesar de las presiones de la inmensa mayoría de las dirigentes del partido.

En esta coyuntura, no podemos permitir que, mientras el fascismo hipócrita campea por las calles escoltado por sotanas y jaleado por ruidosos badajos, el resto mayoritario de la sociedad permanezca impasible. Es hora de darle a la iglesia donde más le duele: en el bolsillo. Hay que denunciar el concordato, echar a los curas católicos de los colegios del estado, revisar todos y cada uno de los conciertos educativos con la iglesia y, finalmente, exigirles unilateralmente que se financien exclusivamente de las aportaciones de sus fieles sin detraer ni un euro de las necesidades sociales y asistenciales del país. Vamos, como cualquier otra religión o secta.

Vivimos nominalmente en un estado laico y aconfesional, pero apenas si se nota. Los nostálgicos del franquismo, los fachas que se escudan en el liberalismo, ansían emular a sus colegas evangelistas norteamericanos que ponen y quitan presidentes y adoran el nivel de compromiso de los talibanes con su religión. Hoy, como nunca en los EEUU, las instituciones del estado y la iglesia se están fundiendo a marchas forzadas, algo que también persiguen nuestros cristocons, buena parte de la curia y la derecha política –hoy más facha que nunca–. No queda más remedio que presionar al PSOE desde el otro lado para que abandonen sus pusilánimes y cómodas posturas y den el paso definitivo que pueda hacer realidad cuanto antes el derecho al aborto mediante una ley de plazos y otras cuestiones sociales aparcadas en la legislatura, como el derecho a una muerte digna.

Y por si hay algún juez cristofriki del otro lado, el que suscribe en su día ayudó a abortar a algunas mujeres que lo deseaban y necesitaban fuera de los supuestos legales.