La judicialización de la vida política

Los momentos que ahora vivimos con el excesivo protagonismo de los jueces en la vida política han sido comparados por la prensa con los últimos días del gobierno de Felipe González, cuando la derecha política, mediática y judicial orquestaron una auténtica conspiración para derribar al gobierno del PSOE con la inestimable ayuda de su propia formación y sobre todo de una cohorte de arribistas obnubilados por el brillo del vil metal. Podría pensarse a bote pronto que me voy a referir a los crecientes procesos de corruptelas urbanísticas que están afectando al PP y, en menor medida, a otros partidos en diferentes gobiernos locales o regionales. Pero no, eso podría considerarse como normal y hasta cierto punto previsible.

Hoy se vuelve a repetir la historia. La derecha conoce que la coyuntura económica nacional e internacional facilita unos sostenidos momentos de bonanza y unos niveles de crecimiento económico y empleo más que satisfactorios para lo que estamos acostumbrados en nuestro entorno. Así que la derecha tiene que emplearse a fondo para volver al poder. Tras el ataque a las reformas sociales impulsadas por el PSOE azuzando a la iglesia y a lo más profundo de la caverna, ridiculizando una política internacional que se ha demostrado más o menos correcta (manchada por los despliegues militares en Haití y Afganistán) y refrendada por la mayoría de Europa, ya demostradas como mentiras y exageraciones manifiestas lo dicho sobre las reformas estatutarias y las llamadas de atención sobre la ruptura de España, sólo les queda evitar la resolución satisfactoria del proceso de paz y que las esperanzas levantadas por el lenguaraz Zapatero acerca de la resolución del conflicto vasco se tornen en amarga decepción.

Para ello ha contado con la colaboración, de nuevo, de la judicatura. Pero en esta ocasión no se han quedado sólo en el PSOE, para enterrar definitivamente el proceso de paz es necesario tocar también a sus aliados y especialmente a aquellos que pueden hacer retomar el diálogo.

Y es que hay jueces que piensan que jugando a hacer interpretaciones «generosas» de la Ley de Partidos pueden procesar y desgastar al lehendakari o paralizar el ejercicio de sus legítimas funciones a golpe de auto. Lo que no entiendo es que el CGPJ, para colmo, tras la mani de Bilbo, se pone digno y denuncia que están recibiendo presiones inaceptables. ¿Qué hace el Poder Judicial entonces con sus mismas solemnes declaraciones de condena de la acción política de la ciudadanía vasca en las calles? ¿Qué ha hecho para evitar presionar a Ibarretxe por el simple hecho de putearlo momentáneamente? Simple y llanamente ha permitido que se extorsione al gobierno vasco, un pilar del estado tan legítimo como cualquier otro, más diría, de alguna manera depende del sentir popular. Tampoco se trata, como dicen algunos de exigir que se viole el principio de igualdad ante la ley. Si se tuviese que imputar a cualquier persona que se haya reunido con ex dirigentes de Batasuna, la lista podría ser interminable. ¿Por qué entonces al lehendakari? Por pura motivación política, evidentemente.

Seamos serios por favor, hay un puñado de jueces que no paran de hacer política al servicio del PP que en condiciones normales deberían estar apartados del ejercicio de su profesión. Por eso decía ayer que existe una grave indefensión ante la conducta de algunos jueces en nuestro estado. No se trata de la posibilidad de recurrir una u otra sentencia o auto injusto o infundado. Es mucho más que eso, hay intención de provocar daño político a sabiendas de que muchas acciones judiciales no van a llegar a ningún lado… pero años después. Eso tiene un nombre muy feo. La propia declaración institucional del gobierno vasco denunciaba este hecho de la siguiente manera:

>…una utilización en demasiadas ocasiones de medidas cautelares que acaban por generar el efecto de cosa juzgada antes de haber sentencia. Ejemplo dramático y visible es la clausura de medios de comunicación. Baste recordar que en esta democracia se ha cerrado un medio de comunicación por mandamiento judicial sin que la misma haya recibido el refrendo de la legalidad de tan grave decisión. O que más recientemente se haya actuado de igual forma contra otro medio de comunicación, determinándose ahora que no hay elementos para formularse una acusación. Cabría preguntarse dónde está la tutela judicial efectiva en tales actuaciones.
La larga trayectoria del presidente en funciones del CGPJ comportándose como un hooligan de la derecha más rancia es sólo un granado ejemplo de los muchos que podrían ponerse. Su negativa a presentarse ante el Parlamento no es que fuera muy edificante. Podríamos continuar con las declaraciones de Requero, nombrado por el PP y miembro del Opus Dei, que asimiló a IU con la «gran familia ideológica de ETA» o con muchos otros miembros de la mayoría conservadora que no cesan de practicar la más pura política partidaria. La separación de poderes es una pieza fundamental de nuestro estado de derecho pero no está resuelta satisfactoriamente en nuestra Constitución, muchos reconocen que su actual formulación es una auténtica chapuza inacabada que debe ser abordada de nuevo con criterios más imparciales y ecuánimes. Quizá sea esa la única solución, lo que acontece estos días no pude por menos que provocar vergüenza democrática a cualquier observador imparcial.