Hoy he estado en un escrache

Hoy he participado en un escrache, según dicen en uno de los buenos, de esos que sólo señalan a partidos y no a políticos concretos. Un nutrido grupo de ciudadanos y ciudadanas se ha posicionado en la puerta de una sede del PP para reprocharle el abandono a los desahuciados y la traición a los mínimos contemplados en la Iniciativa Legislativa Popular que se estudiará próximamente en el Parlamento. Y he asistido justamente animado por la criminalización que se está haciendo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) desde buena parte de la clase política mayoritaria y sus coristas de los principales medios de comunicación de masas.

En escritos anteriores defendí los escraches como método de inmersión en la realidad de unos políticos que viven en sus burbujas aislados de la sociedad a la que dicen representar. Tienen que saber que apretar un botón en el sistema de votación del Congreso de los Diputados, guiados por una suerte de regidor de programa televisivo, puede equivaler a arruinar la vida de centenares de miles de personas, incluso a la muerte de algunas de ellas. Tienen que saber que, a pesar de la aparente asepsia del acto, puede causar grandes males a personas concretas. En cierto modo puede asemejarse a la desnaturalización de la guerra que Marcuse denunciaba en uno de sus célebres ensayos. Si cada vez se pelea desde más lejos y ya no se ve ni la sangre del finado, es casi como un juego de guerra electrónico donde se combate contra bits de información: no provoca, ni rechazo, ni si quiera leves remordimientos de conciencia. El escrache tiene la virtud de enfrentar al verdugo con el ejecutado —hipotecario—, frente a frente, cara a cara. La esperanza de los organizadores de estas acciones es que, apelando a los sentimientos más nobles de los dirigentes partidarios, puedan llegar a sentir repulsa por lo que hacen y ponerse del lado de los que sufren, como mandan los cánones.

El planteamiento es absolutamente legítimo. Sin embargo, tiene un problema de raíz, un problema derivado de los déficit democráticos de nuestro régimen. Sus señorías no representan a la ciudadanía, sólo representan a aparatos políticos y todo lo que ello conlleva, sobre todo a intereses empresariales, financieros o mediáticos que los sustentan, basta echar hoy mismo un vistazo a los periódicos para comprobar lo que afirmo. Por eso, aunque los escraches ciudadanos se multiplicaran por mil, sería harto improbable que un solo diputado rompiera la disciplina de voto, todos tienen la certeza de que ello equivaldría ipso facto a acabar con su carrera política o acaso hasta con la militancia.

Bendita ingenuidad pues, la de la PAH aunque, no por ello, deben dejar de intentarlo cada día, están en su pleno derecho y es su razón de ser. Si los políticos no bajan, los de abajo deben ir hasta donde están los políticos, ya sea en sus sedes, en sus hoteles… o incluso en sus casas. Que ser un representante público no es un trabajo de ocho horas, que si un ciudadano queda investido de esa virtud, no lo es por una jornada laboral determinada, es por una legislatura completa. Y si su domicilio es inviolable, también debe serlo el de los que van a ser desahuciados. La universalidad es consustancial al derecho, sin ella, este no existe. En Grecia, en 2009, ya en plena crisis, un gobierno progresista dictaminó que la primera vivienda no podía ser sujeto de embargo por un lustro. Aquí llevamos esperando ya mucho tiempo algún gesto similar. Sólo Andalucía se ha atrevido a hacer algo en tal sentido y veremos si la derecha no encuentra finalmente la manera de desactivar el único paquete de medidas reales que puede parar esta sangría. Ya sabemos que los códigos de buenas prácticas no sirven para nada, que las acciones decretadas por el PP tienen menos repercusión sobre el terreno que lo que la PAH ha logrado con sus actos reivindicativos. Si frenan la iniciativa andaluza sin ofrecer nada tangible a cambio, el descrédito los arrollará de nuevo para sumirlos en el vertedero de la historia. El pueblo no está ya para palabrería huera ni para más promesas que incumplir. Deben andarse con mucho cuidado, pisan terreno minado por su propia incompetencia y su larga trayectoria de falsedades acumuladas.

Se nos dice que debemos esperar tres años más para expresar nuestro voto disconforme en las urnas y enviar a la derecha a la oposición por una temporada. Pero no, aunque sean esas las reglas del juego que nos dieron, no son las nuestras. No mientras no haya un verdadero sistema de democracia participativa permanente, mientras que los votos no valgan igual en todo el estado, mientras que no se erradiquen los sistemas de reparto mayoritario de escaños, mientras que no se arbitren referéndums obligatorios y vinculantes para temas cruciales, mientras que los programas electorales no equivalgan a un contrato en firme con la ciudadanía, mientras que no podamos elegir abiertamente a quienes nos dirigen. No podemos permanecer impasibles ante un gobierno que posee una mayoría absoluta conseguida con poco más del 30% de los votos posibles, que pretende dar la vuelta a un estado incumpliendo desde el minuto uno el programa electoral con el que se presentó, para ponerse al dictado de países extranjeros en contra incluso de la propia población del país y sus intereses y necesidades. Estamos justamente obligados a todo lo contrario, a evitar que se desmantele el contrato social que nos ha regido con mayor o menor acierto hasta años atrás, la capacidad de negociación colectiva, el exiguo estado del bienestar del que disfrutábamos, los derechos fundamentales inalienables, las conquistas sociales que tanto esfuerzo han costado en el pasado a tantos compañeros y compañeras. Si se cortan todos los cauces de entendimiento con la población, a falta por ejemplo de referéndums revocatorios como los existentes en algunas repúblicas bolivarianas, sólo nos queda la calle, la presión, la protesta.

La estrategia de la derechona es clara, criminalizar las formas para no tratar sobre el fondo de la cuestión. Por eso en exabruptos histriónicamente calculados se están dedicando en los medios a dibujar los escraches como actos cuasi terroristas, absolutamente violentos, destinados a asustar niños y, por supuesto, ilegales. Incluso han abierto un debate sobre la distancia a la que puede producirse una protesta para que no incomode a sus señorías, una especie de orden de alejamiento mas de los políticos con el pueblo, todo un símbolo del actual estado de las cosas y del agotamiento del modelo post franquista.

La lucha por el derecho a la vivienda es sólo una de tantas cuestiones que abordar en este aciago periodo de contrarreformas liberales emprendidas por el Partido Popular. Sin embargo, sus indiscutibles triunfos y la empatía con amplísimos sectores de la población ha puesto sumamente nerviosos a nuestros anodinos gobernantes que observan estupefactos cómo la población no va a ser más el rebaño de dóciles ovejas a la espera de ir al matadero que anhelan. O se establecen cauces de diálogo, concertación y participación permanentes, o la fractura con el sistema va a ser de una envergadura tal, que el abismo será ya insalvable. Ningún gobierno puede llegar a creer que la alta traición al pueblo soberano va a salirle gratis, por muchos medios de comunicación que controlen para tapar la realidad con engaños y subterfugios. No hay doctrina del shock que cien años dure.