Peligran los fondos europeos por el modelo de urbanismo depredador del estado español

Ayer se conoció el informe de la eurocámara acerca del urbanismo salvaje practicado en nuestro país redactado por la diputada verde danesa Magrete Auken y aprobado por una aplastante mayoría de los parlamentarios tras dos resoluciones previas en el mismo sentido desoídas por nuestras administraciones patrias. El movimiento ecologista, agrupado en la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio y en otras organizaciones y plataformas, lo está celebrando como una gran victoria. Días antes organizaron una campaña de presión para evitar que los correligionarios del PP y del PSOE en Bruselas cerraran filas con ellos y optaran por apoyar textos alternativos que los exculpaban de toda la barbarie que han provocado en el país, cuya gestión nos ha hecho entrar en un ciclo de crisis económica de mucha mayor profundidad que en el resto de los estados de nuestro entorno. La corrupción urbanística en todos los ámbitos es otra de las consecuencias del desarrollismo del ladrillo practicado en los últimos años en España bajo gobiernos de muy diferente signo, lógicamente junto a otros condicionantes de tipo ambiental, social, de consumo de recursos, etc.

No es probable que se cumpla la petición de retirada de fondos de cohesión, pero es un serio varapalo a nuestros gobiernos, que han vivido en y para la burbuja inmobiliaria hasta que todo el castillo de naipes se ha venido abajo de manera estrepitosa hasta el punto que nos conduce a una inevitable y temida deflación para situarnos en niveles de precios de bienes y servicios acordes con la cruda realidad y el valor de nuestro sistema productivo.

El informe Auken pide a nuestro país que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, que se modifique la Ley de Costas y se agilice el acceso a la Justicia y a la indemnización de las víctimas de abusos urbanísticos.

Os dejo íntegra la Exposición de Motivos del documento para que valoréis la gravedad del asunto:

El proyecto de Resolución que ahora se somete a la consideración del Parlamento Europeo es necesario de cara a garantizar el respeto de los derechos de muchos miles de ciudadanos europeos en virtud del Tratado.

La Comisión de Peticiones no se ha tomado su actuación a la ligera, sino que ha organizado tres misiones de investigación en España en el transcurso de la presente legislatura. El propio Parlamento ha aprobado dos resoluciones sobre el tema que respaldan los hallazgos de la comisión: la primera en 2005 y la segunda en junio de 2007. La posición del Parlamento que resultó entonces de la votación figura en el considerando «N» de este proyecto de Resolución. Si las autoridades competentes nacionales o locales hubieran llevado a cabo acciones tangibles para dar respuesta a las inquietudes anteriormente mencionadas por esta comisión, no está claro si esta Resolución habría sido necesaria, pero como no fue así, su necesidad es manifiesta.

No obstante, hoy en día, miles de ciudadanos europeos siguen siendo víctimas de un sistema de urbanización masiva que en muchas ocasiones, según la Comisión de Peticiones, ha ignorado sus derechos legítimos como propietarios, al tiempo que ha destruido el medio ambiente costero mediterráneo y los frágiles ecosistemas en muchas zonas del litoral y el interior de España. Varios peticionarios han presentado su caso para su control en diversas ocasiones durante las muy concurridas reuniones de la Comisión de Peticiones, y las autoridades, sobre todo las de la Comunidad Valenciana y, en menor medida, las de Andalucía, han aprovechado la oportunidad de defender sus actuaciones. Entretanto, la Comisión Europea ha abierto un caso de infracción contra España, directamente relacionado con la urbanización en la Comunidad Valenciana y la aplicación de las Directivas sobre contratos públicos, y se encuentra investigando otros supuestos incumplimientos de la legislación comunitaria en asuntos relacionados con el medio ambiente y el agua. Resulta clave considerar si el efecto acumulativo de tantos proyectos urbanísticos a gran escala que carecen de un informe positivo de la autoridad competente en materia de agua podría imposibilitar la aplicación de la Directiva marco en el sector del agua al negar el abastecimiento de agua para consumo humano y agrícola.

Muchos ciudadanos europeos han decidido vivir en España por todas las ventajas que ofrecen el país y sus habitantes, y al hacerlo, han ejercido los derechos que les han sido otorgados como ciudadanos europeos en virtud de los Tratados. Sin embargo, los problemas que aborda el presente informe afectan también a los propios españoles, que han presentado las mismas, si no más, peticiones a este respecto.

Por este motivo, algunas autoridades políticas y dirigentes de partidos consideran inadmisible la afirmación de que los extranjeros, que evidentemente no comprenden la legislación española, son los únicos que plantean estos problemas, o que las víctimas no tienen más que dirigirse al juzgado más cercano para que les aclaren y resuelvan su situación. De hecho, muchos peticionarios han intentado llevar a cabo esta medida sin obtener resultado alguno; otros no pueden permitírselo económicamente. La mayoría se encuentran desorientados por los consejos contradictorios que reciben de las autoridades locales y de los abogados a los que han recurrido en busca de asesoramiento sin que les hayan ayudado mucho (por no mencionar los numerosos casos en que las autoridades municipales y los propios abogados han resultado partes intrínsecas del problema). La mayoría de los peticionarios y muchos juristas están desconcertados por la falta de seguridad jurídica y la confusión resultante de una legislación imprecisa o excesivamente compleja en materia de desarrollo urbanístico y sus implicaciones, junto con unas disposiciones de aplicación cada vez más confusas. La recién recuperada Ley de Costas de 1988 es otro ejemplo de ello.

La Comisión de Peticiones reconoce que en España, la planificación urbanística es competencia de las Comunidades Autónomas y municipios; reconoce también que las autoridades nacionales tienen competencia en asuntos tales como el marco general de la ley del suelo y en cuestiones medioambientales como el abastecimiento de agua y la protección de las especies clasificadas. La comisión conoce bien el ámbito de aplicación y la aplicabilidad de la legislación nacional y no induce a error a ninguno de los peticionarios en estos puntos. De hecho, hemos consultado al Defensor del Pueblo regional, el Sindic de Greuges, en varias ocasiones.

Sin embargo, las leyes aplicables en estas zonas deben guardar conformidad con las disposiciones generales de los Tratados y actos legislativos de la UE y corresponde al gobierno nacional verificar que éste es el caso. La Comisión de Peticiones ha intervenido sobre la base de estos fundamentos jurídicos, en función de las peticiones recibidas de conformidad con el artículo 194 del Tratado CE.

Interviene porque los ciudadanos europeos tienen derechos en virtud de los Tratados y respeta el principio de subsidiariedad.

Interviene porque los ciudadanos europeos han recurrido a la Comisión de Peticiones para que les ayude a resolver sus dramas personales, ya sean particulares o colectivos, y los diputados al Parlamento Europeo, que han sido directamente elegidos, han respondido en defensa de los derechos de su electorado.

Interviene porque cree que todos los Estados miembros tienen la obligación política, jurídica y moral de actuar de conformidad con los principios fundamentales contenidos en los Tratados, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales, firmada por los presidentes de las tres principales instituciones de la UE. Los ciudadanos europeos esperan que sus políticos respeten lo que han firmado y no intenten eludir su responsabilidad.

La crisis financiera mundial, con lo que ella implica, ha tenido claras y duras consecuencias en el sector español de la construcción, lo que representa una tragedia para los trabajadores afectados. No obstante, ya antes de los acontecimientos acaecidos en otoño de 2008, este sector se encaminaba al desastre. Los años de urbanización masiva y destrucción del litoral que han conllevado considerables beneficios financieros para el sector y excesos de construcción masiva (puesto que en la actualidad existen un millón y medio de viviendas de nueva construcción esperando comprador y unos cuantos campos de golf), basados en las irracionales y codiciosas suposiciones de los promotores inmobiliarios y urbanizadores, dan ahora paso a una terrible recesión en el país.

Las autoridades españolas, concretamente las autonómicas, siguen sin querer reconocerlo, mientras que las víctimas se cuentan por miles. En muchas ocasiones, su actitud ha sido como mucho condescendiente respecto a los derechos de propiedad individual; en los peores casos, ha resultado totalmente desdeñosa.

Se han producido daños paisajísticos, como ponen de manifiesto numerosos informes de referencia, mientras que los proyectos urbanísticos pendientes persisten como espadas de Damocles de hormigón sobre un gran número de comunidades costeras y rurales. Es por este motivo que la Resolución pide a las autoridades locales que suspendan y revisen los proyectos existentes y que no procedan hasta que se haya demostrado su sostenibilidad, con la participación de las comunidades locales en su elección, y se hayan garantizado salvaguardias medioambientales. Asimismo, deben respetarse los derechos legítimos de propiedad.

El informe de la primera misión de investigación en España en 2004 ya describía con detalles lo que estaba ocurriendo y sus repercusiones. Durante la segunda misión, algunos políticos y promotores, sentados codo con codo en la misma sala de reuniones como para enfatizar su apoyo umbilical, llegaron incluso a culpar de la situación a la Comisión de Peticiones, afirmando que era la responsable de la pérdida de inversiones en la Comunidad Valenciana, y les dijeron un tanto de lo mismo a los miembros de la delegación de la comisión. En el transcurso de la tercera misión en Valencia, que tuvo lugar en 2007, la arrogancia alcanzó su punto álgido cuando se dijo a los miembros de la delegación que las peticiones recibidas eran producto de la imaginación colectiva de la comisión. En enero tuve la oportunidad de debatir abiertamente la cuestión con el Consejero competente de la Comunidad Valenciana, pero resultó imposible hacer lo propio a nivel nacional.

Quizás no es una coincidencia que las autoridades españolas judiciales y del orden llevaran a cabo sus investigaciones al mismo tiempo que la comisión realizaba las suyas. Como todos sabemos, el resultado ha sido una lista casi interminable de políticos y funcionarios locales españoles, peninsulares e insulares, que han sido detenidos acusados de corrupción en relación con acuerdos de urbanización masiva celebrados en los últimos años. Ya es un hecho por todos conocido que en la última década se ha empleado más cemento y hormigón en la construcción de viviendas en España que en Francia, Alemania y Reino Unido juntos.

Obviamente, esta tragedia ha hecho sombra al válido argumento que sostienen muchas personas en su crítica a las investigaciones de la comisión; esto es, que, por supuesto, no todas las autoridades locales son corruptas, ni todas han caído en la tentación del dinero fácil. Muchas han actuado de forma responsable, puesto que la mayoría de los alcaldes locales sólo se preocupan por sus comunidades; lo triste es que también han sido víctimas de la urbanización masiva.

Muchos miembros del sector inmobiliario, con los que la ponente ha mantenido reuniones, también son víctimas de la carrera por la riqueza y el poder político de los principales agentes. Sin duda, las constructoras más pequeñas que operan de forma sostenible, de conformidad con los requisitos locales y con objetivos más modestos y respetuosos con el medio ambiente, serán las que, a la larga, contribuirán a la regeneración del sector cuando se establezcan y respeten una serie de mecanismos reglamentarios y de orden.

La Comisión de Peticiones cuenta con cientos de estudios de casos particulares contenidos en los documentos presentados por los peticionarios. Estos casos abarcan una amplia variedad de situaciones específicas, tal y como se desprende de la tabla adjunta al presente informe. La mayoría de las peticiones han sido presentadas por particulares en representación de los residentes de una comunidad concreta; otras cuentan con una mayor base de apoyo; algunas proceden de personas mayores muy vulnerables que temen que los ahorros de su vida, que han invertido en su casa de retiro, vayan a quedar en manos de agentes locales irresponsables y sin escrúpulos.

La Comisión de Peticiones ha intentado clasificar las peticiones a fin de que los problemas afrontados por los ciudadanos europeos resulten más fáciles de identificar para aquellos a los que compete encontrar una solución, ya sea jurídica o política. En la Resolución, la comisión ha sugerido una serie de posibilidades que podrían estudiarse con el fin de garantizar que los ciudadanos europeos reciben la indemnización oportuna por las pérdidas que han sufrido como consecuencia de la apropiación del suelo que se ha llevado a cabo. Asimismo, ha pedido la adopción de medidas preventivas, ya que el principio de precaución debe regir la evaluación de impacto ambiental de todos los programas.

Ante todo, pide una mayor seguridad jurídica y un mayor respeto de los propietarios legítimos y sus derechos. Debe restaurarse la confianza en el sistema judicial español, especialmente en vista de las declaraciones presentadas por abogados insignes de la Comunidad Valenciana, en las que afirman claramente que no existía recurso jurídico alguno para las víctimas de la urbanización masiva. Esto redundará en beneficio de ciudadanos y municipios.

Pide que se ponga a disposición del público información más precisa y que mejore la transparencia de las promociones inmobiliarias, con total claridad en cuanto a lo que implican para los propietarios. Cuando vaya a incurrirse en gastos, deberán ser justificables y razonables, en lugar de arbitrarios, como ocurre a menudo en la actualidad. Nadie debería perder sus tierras o sus viviendas sin las debidas garantías procesales y una indemnización justa y apropiada, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que todos los Estados miembros están obligados a respetar en virtud del segundo apartado del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

La comisión pide a las autoridades españolas competentes que revisen y modifiquen, cuando proceda, la legislación, a fin de garantizar los derechos contenidos en el Tratado en relación con los propietarios, y que cancelen las promociones que no respeten o apliquen las leyes comunitarias. Los nuevos proyectos urbanísticos que no observen la sostenibilidad medioambiental, la responsabilidad social y los derechos de los propietarios legítimos deberían suspenderse y revisarse. La función de los agentes urbanísticos y las condiciones en que las autoridades locales les han adjudicado los contratos públicos han sido objeto de muchas peticiones y actualmente, son objeto de procedimientos de infracción ante el Tribunal Europeo de Justicia. Por este motivo, la ponente no realizará más observaciones al respecto, salvo que la comisión ha apoyado totalmente a la Comisión Europea en lo relativo a esta actuación, al igual que muchos peticionarios.

La comisión entiende y respalda a las autoridades españolas en sus intentos de conservación y de, en su caso, restauración del entorno costero. Lo que no entiende es por qué se ha recuperado la Ley de Costas de 1988 a estas alturas, después de estar treinta años prácticamente en desuso mientras se producía tanta devastación. ¿Por que su aplicación es tan caótica y arbitraria cuando se demuelen antiguas casas costeras, pero se tolera la construcción de nuevos apartamentos? ¿Por qué se permitió la adquisición de estas viviendas durante los últimos treinta años, de conformidad con todos los requisitos legales en cuestión, salvo una ley con efecto retroactivo a la que ahora tienen que enfrentarse los propietarios legítimos y que les priva de sus derechos como tales? Resulta razonable que los especuladores y promotores inmobiliarios que contaban con los recursos legales para estar bien al tanto de la situación deban ser sancionados, pero no que las personas que adquirieron su vivienda de buena fe y cumplieron los requisitos impuestos deban perder sus derechos, así como los de sus familias y descendientes, respecto a sus inmuebles.

La Comisión Europea puede usar el procedimiento de infracción para asegurarse que un Estado Miembro cumpla con sus obligaciones de los Tratados y Directivas Europeas. El Parlamento Europeo que no tiene esta arma a su alcance, pero puede usar su autoridad presupuestaria para conseguir fines similares si así lo decide. Baste decir a este punto que hay muchos casos en los que urbanización masiva ha incorporado elementos de la financiación europea, para permitir al Parlamento y su Comité de Control Presupuestario, investigar tales casos más de cerca si no se resuelven con prontitud las peticiones presentadas ante el Parlamento. Como redactora del informe espero que no sea necesario llegar a tal extremo.